En la democracia representativa liberal la institucionalidad canaliza el debate público, el Congreso –por caso-  es la tribuna donde las distintas posturas confrontan para llegar a su síntesis o donde se imponen los criterios mayoritarios.

Pero la sociedad argentina tiene un activo distintivo, relacionado con el contencioso público, con el protagonismo de las organizaciones sociales, políticas, culturales -de distinto tenor, origen social y cause ideológico- que protagonizan permanentemente la expresión callejera de los conflictos que envuelven a nuestra sociedad.

La última semana fue una pintura de ello.

Las movilizaciones del 24 de marzo convocadas en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, con anclaje en el pasado genocidio cívico-militar pero siempre tamizada por la coyuntura, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron el escenario donde mostraron las cartas los espacios que confrontan dentro del oficialista Frente de Todos.

Allí pudo verse, en la calle, que el peso del kirchnerismo militante es bastante mayor que el que detenta en términos institucionales y esto se transformó en el hecho político de la Plaza de Mayo, con protagonismo casi excluyente de Máximo Kirchner y de La Cámpora, organización política interna del peronismo que conduce.

El segundo hecho político de la marcha multitudinaria del 24 de marzo deriva de cómo quedó opacada la figura del presidente Alberto Fernández, extremo opuesto de la disputa interna que somete al oficialismo desde la renuncia de Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de Cámara de Diputados de la Nación. Alberto ya estaba un poco rengo desde la votación el acuerdo con la FMI hace 15 días en el Congreso, pero el flaco video filmado por la mañana del jueves, sumado a la escueta delegación de funcionarios que pisaron la plaza como casi única expresión albertista cuestiona la propia expresión del presidente, cuando en la semana dijo que “es el que manda”.

Está por verse si su volumen político actual le permite gestionar el Estado de forma eficiente al mismo tiempo que tiene la capacidad de generar agenda, tanto dentro del peronismo como afuera. Para eso hay que contar con la densidad política necesaria, más allá que institucionalmente detente el uso de la lapicera, como dijo –no sin ironía- Cristina Kirchner el año pasado. Hay experiencias frustradas difíciles de olvidar al respecto.

En este marco, no queda duda que Máximo Kirchner, La Cámpora, el kirchnerismo y Cristina Kirchner en última instancia, que había sido ninguneada en el debate político del último mes, retoma protagonismo a partir de la Semana de la Memoria.

El palacio y la calle

El título del libro con que Miguel Bonasso describió las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 será una carta de apoyo permanente para describir conductas sociales y movimientos tectónicos argentinos. Porque se confirmó una vez más que la calle, aún a escasos metros de El Palacio, es el escenario donde las y los argentinos dirimimos nuestras diferencias.

Córdoba tiene su propio debate alrededor de esta modalidad de expresión social y política. El conjunto de notas e informes que publicó el diario La Voz del Interior da cuenta de la preocupación que tiene la prensa conservadora sobre el contencioso provincial.

La despertó una multitudinaria marcha piquetera convocada por organizaciones sociales vinculadas a la izquierda troskista y basista, cuyo salto en la convocatoria es notable, producto del crecimiento que estas organizaciones experimentaron durante la pandemia y como posible resultado que el sector ‘Cayetano’, parte del dispositivo del FdT a nivel nacional y del gobierno provincial en el caso del Movimiento Evita, ya no contienen a todo el territorio en disputa, porque ser oficialismo en plena crisis no garpa, es sabido.

El lunes pasado el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, dijo en respuesta a una pregunta de radio Mitre -referida a si el gobierno iba a liberar el centro de piquetes y tenía en mente detener a los manifestantes que muestran palos o mangueras rellenas- que el Ministerio es “auxiliar de la Justicia” y que frente a movilizaciones masivas donde hay madres con chiquitos el gobierno “no va a usar gases lacrimógenos ni balas de gomas. Quédese usted tranquilo”, dijo el titular de la cartera bajo cuyas órdenes está la Policía de Córdoba. Mosquera, además, tiene que hacerse cargo del escándalo de la estafa piramidal en la fuerza de seguridad pública, que ya llegó a la Central de Policía.

Pero además el ministro muestra una lectura que también se puedo constatar en la Fiscalía General de la Provincia: saben que frente a una inflación de alimentos del siete por ciento, la calle se va a llenar de gente protestando, tirando la bronca en lenguaje local, y que es muy fácil promover represiones desde tribunas mediáticas pero en los despachos estatales no se ve tan sencilla su práctica. Un poco de sentido común del cordobesismo que se agradece.