El juez federal Guido Otranto anunció que el juicio por la extradición de Facundo Morales Schoenfeld, el ex militante argentino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se realizará entre el 20 y el 29 de abril en el Juzgado Federal de la ciudad de Esquel, Chubut.

A pesar de que el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC desactivó las causas contra sus ex milicianos, lo acusan de participar en 2009 en el secuestro del concejal Armando Acuña, del municipio de Garzón, liberado luego de veinte meses. Los cargos son “secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniforme e insignias”.

A instancias de una orden de captura internacional, Molares fue detenido el siete de noviembre pasado en Trevelin, alojado en la Unidad Carcelaria N° 14 de Esquel, trasladado a la cárcel de Rawson y luego a la de Ezeiza. La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina informaba sobre “amplias tareas investigativas para dar con el paradero del buscado”, quien “se ocultaba en la localidad chubutense de Trevelin”.

Lo presentaban como fugitivo, a pesar de que su familia vive en Trevelin, a pocos kilómetros de Esquel, donde su padre ha sido juez de paz. Allí se radicó al regresar de Bolivia, donde estuvo detenido por el gobierno dictatorial que asaltó el poder en noviembre de 2019 hasta el retorno a la democracia. Liberado en diciembre de 2020, volvió a la Argentina y mantuvo una vida social y política pública.

“Facundo es un militante popular, secretario general del Movimiento Rebelión Popular en la Argentina, es un internacionalista y un combatiente revolucionario. Desde muy joven, se incorporó a la Juventud Comunista y en 2001 o 2002 se fue a Colombia a participar en la lucha revolucionaria. Cuando se firma la paz y se desmovilizan las FARC, él se reincorpora a la actividad política en la Argentina”, cuenta su compañero de militancia Guillermo Zarrelli.

Prisionero de una dictadura

Facundo Molares había llegado a Bolivia como fotoperiodista de la revista Centenario, después de las elecciones del 20 de octubre de 2019. El 11 de noviembre, en pleno golpe de Estado, fue internado por una insuficiencia renal aguda en el Hospital de Santa Cruz de la Sierra. Su padre viajó desde la Argentina y lo encontró en coma inducido. Al salir del centro de salud rumbo a una farmacia, Hugo Molares y su pareja fueron abordados por policías. Los llevaron a Montero, a 60 kilómetros, donde los amenazaron con “masacrarlos” si no abandonaban el país.

Convaleciente de problemas renales y con una infección pulmonar, Molares fue procesado en una audiencia en la misma clínica y recluido en la cárcel de Chonchocoro, a cuatro mil metros de altura y con temperaturas extremas. En tanto, el gobierno de Jeanine Áñez descubría que había militado en la guerrilla colombiana. Desde entonces, fue “el argentino de las FARC”, acusado de llegar a Bolivia como entrenador de activistas del Movimiento al Socialismo para resistir al golpe de Estado.

El 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de Sentencia de Montero ordenó su libertad al comprobar las irregularidades en la acusación.

En grave riesgo de salud

Tras su última detención, Molares quedó a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Esquel, donde se debatirá la extradición en un juicio con modalidad virtual, “a fin de evitar un traslado (del acusado) que pudiera afectar sus condiciones de salud”, fundamenta el juez Otranto en su resolución.

La conexión remota con el Tribunal permitirá contar con los testimonios, propuestos por la defensa, de personalidades que desempeñaron un rol importante en el acuerdo humanitario y el truncado proceso de paz en Colombia, como Diego Martínez Castillo, secretario ejecutivo del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la abogada y ex senadora del Movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI Piedad Córdoba Ruiz y el politólogo e integrante de la agrupación Voces de Paz y Reconciliación Francisco Tolosa Fuentes.

Quien presidirá el juicio oral es el mismo juez que en agosto de 2017 inició la instrucción por la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de la represión a la protesta de la comunidad mapuche en el Pu Lof de Cushamen, en los márgenes del río Chubut. Meses después, su hermano Sergio reclamó el apartamiento de Otranto porque “todo lo que hizo fue contra la investigación”.

Al ordenarse el traslado de Molares a la cárcel de Rawson, la abogada María del Rosario Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, presentó un habeas corpus correctivo para que fuera devuelto a la Unidad Penitenciaria N° 14 de Esquel, para que pudiera ser atendido por su médico de cabecera y una especialista en cardiología, pero el recurso fue denegado. Facundo padece una insuficiencia cardíaca con pronóstico quirúrgico, hipertensión pulmonar, problemas de tiroides, una lesión en la vista y secuelas respiratorias del Covid.

Una decisión política

Al margen del resultado del juicio –cuya apelación deberá plantearse ante la Corte Suprema–, la última palabra es del Poder Ejecutivo Nacional, a quien reclama la libertad o en su defecto el rechazo a la extradición de Molares un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, entre las que figuran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los derechos humanos, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Desde que el militante fue encarcelado, hubo movilizaciones por su liberación en Buenos Aires, en Ezeiza y en varias capitales del interior. En Córdoba, la protesta se concentró frente a la sede de Tribunales Federales en el Parque Sarmiento.

Durante la gestión de Alberto Fernández, la actitud frente al caso ha sido contradictoria. A fines de 2020, el ex canciller Felipe Sola intercedió ante el presidente Luis Arce Catacora para que la Justicia boliviana revisara su causa y lo dejara en libertad, pero un año después el ministro de Seguridad Aníbal Fernández aprobó –y publicitó en Twitter– la detención del militante.

En Argentina existen dos antecedentes recientes: el chileno Galvarino Apablaza Guerra, uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue apresado en 2004 y Chile lo reclamó. En 2010, el gobierno de Cristina Fernández lo reconoció como refugiado. En 2017, el presidente Mauricio Macri le retiró la protección y el caso volvió al Poder Judicial. Al otorgarle la condición de refugiado, gravitaron su identidad de militante político y la falta de garantías del derecho a defensa en su país.

En diciembre de 2008, Mario Liñán Vázquez, peruano residente en Córdoba, albañil, casado y con tres hijos menores, fue detenido por un pedido de la Justicia de Perú, acusado de pertenecer a la guerrilla de Sendero Luminoso. En abril de 2009, tras comprobarse que en su país se lo detuvo con pruebas dudosas y fue torturado por el gobierno de Alberto Fujimori, la Justicia federal de Córdoba lo dejó en libertad y se inició el trámite para concederle refugio.

El abogado Carlos Orzaocoa, quien fue defensor de Liñán Vázquez, explicó a El Sur que a Molares “se le imputa un hecho ocurrido cuando él no estaba en Colombia, además de estar bajo la amnistía posterior al proceso de paz, amnistía que incluía a Facundo y que el Estado colombiano no ha cumplido. Eso desvirtúa el requisito fundamental de las garantías procesales y derecho a defensa que debe tener todo extraditado en el país donde se lo va a juzgar”. “Además, se trata de un ciudadano argentino, perseguido político y con un problema de salud muy grave. Todas esas circunstancias podrían hacer que el Poder Ejecutivo diga: ‘No, se queda acá’. Hay una responsabilidad política muy profunda”, concluyó.

En ese sentido, desde la Gremial de Abogados y Abogadas que asiste a Molares plantearon la incompetencia del Poder Judicial colombiano para solicitar su extradición: “El Gobierno nacional (argentino) sabe muy bien que hay un Proceso de Paz en Colombia y una Jurisdicción Especial para la Paz, pero, así y todo, la Cancillería argentina dejó pasar sin objeciones un pedido de extradición contra un ciudadano argentino librado por tribunales incompetentes”.

“En Colombia, los desmovilizados de las FARC están siendo exterminados –alerta la Gremial en un informe sobre el caso–. A Facundo se lo señala como miembro de las disidencias de las FARC (actualmente alzadas en armas) lo que es falso pero supone una pena de muerte encubierta de ser llevado a Colombia. Además, la cuestión de la salud de Facundo es un hecho a tener en primera consideración. La decisión de extraditar en última instancia es del Poder Ejecutivo Nacional”.