A simple vista, nos reciben en medio de la nada. Atrás del camino de tierra, las últimas casas del pueblo de Pilar. A la izquierda, un matorral de yuyos; unas dos hectáreas que hasta hace poco Sonia Rodríguez alquilaba para cultivar verduras y que ahora esperan para llenarse de cimientos en un loteo inminente. Un poco más adelante, el horizonte que nos acompañó todo el camino desde la ciudad de Córdoba: campos de soja y maíz entre los cuales se esconden las seis hectáreas que Roxana también alquila para su quinta hortícola, con un contrato que varía mes a mes en base al precio del quintal de soja.

Sonia es bajita, pequeña. Lleva un gorro que la protege del sol de mediodía que acecha tras el árbol en el que comenzamos a charlar, el único en esta llanura donde se encuentra lo que queda de su quinta. Mientras dos niños revolotean en el barro, su hermana Roxana sonríe debajo de su visera roja y cuenta que hoy cumple años. De a poco van llegando otros parientes que también tienen quintas en la zona. Más tarde, se suma la presencia de una buena parte de los alrededor de 50 productores hortícolas de los municipios de Pilar y Rio Segundo organizados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Y las historias comienzan a confluir en un mismo punto: la tierra de todos está en riesgo por el aumento de los alquileres anclados al precio de la soja o por el avance de loteos y urbanizaciones.

Estos productores son, a su vez, sobrevivientes de una historia de desaparición de su actividad. En las últimas tres décadas se perdió en la provincia de Córdoba un 74% de la superficie hortícola, mientras que desde 2004 la pérdida fue de, al menos, el 47 %. Es decir, en los últimos 15 años el área cultivada con hortalizas se redujo a la mitad. Así lo indica una reciente investigación realizada por el Observatorio de la Agricultura Urbana, Periurbana y de la Agroecología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que muestra “la acelerada pérdida del área de abastecimiento de alimentos de proximidad del mayor conglomerado urbano de la provincia de Córdoba”. Menos tierra, menos verduras para satisfacer la demanda local, que tarde o temprano se traduce también en alimentos más caros.

Las causas que señala la investigación para esta situación coinciden en gran parte con lo que relatan los productores. Sus posibilidades de cosechar verduras para la población penden de un hilo tejido por el valor de la tierra, sujeto al mercado inmobiliario local y a un commodity en el mercado internacional. A ello se suma la deriva de las fumigaciones de los campos de soja que los rodean y que muchas veces los obliga a tirar su cosecha arruinada por la contaminación o, directamente, a dejar de sembrar en ciertas épocas del año.

— Los padres no queremos que los hijos sigan lo que hacemos nosotros, no le vemos futuro. Es mucho sacrificio para muy poco reconocimiento económico, social. Si seguimos así, estas son las últimas generaciones de quinteros, no sé quién va a producir… –dice Sonia con la mirada clavada en la tierra.

Según los últimos datos de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba (APRODUCO), la cantidad de productorxs del sector disminuyó de 700 a unas 250 personas, gran parte de los cuales son migrantes de Bolivia o descendientes de los primeros quinteros que llegaron del país vecino.

La primera generación

El padre de las hermanas Rodríguez llegó de Bolivia hace muchos años y desde entonces se dedica a la producción hortícola en los alrededores de la ciudad de Córdoba. Primero se instaló en Chacras de la Merced, en ese entonces el lugar por excelencia de la producción de frutas y verduras. Pero en busca de agua suficiente para regar, durante las últimas décadas tuvo que trasladarse a cuatro regiones distintas. Un peregrinar que vivieron cientos de productores, ya que quienes no abandonaron la actividad vivieron “la tendencia de deslocalización de explotaciones desde el periurbano cercano a la capital hacia nuevos territorios cercanos en busca de suelo fértil y agua”, tal como señala la investigación del INTA dirigida por la arquitecta Beatriz Giobellina.

Así, la zona de Pilar y Río Segundo se volvió un destino para muchos productores. Entre ellos, el padre de Sonia y Roxana, que finalmente aterrizó en esta región porque las napas, menos profundas, le permitieron obtener agua de una perforación. Hoy sus dos hijas ya tienen aquí sus propias quintas y perforaciones.  Pero ahora es la tierra la que se está agotando.

“Un tema crítico es el acceso a la tierra”, plantea el informe publicado en febrero pasado que analiza la Región Agro-alimentaria de Córdoba (RAC), la cual “se propone como concepto superador al de Cinturón Verde” y abarca el área metropolitana de Córdoba donde hoy se encuentran la mayor parte de las quintas de frutas y verduras de producción local, incluyendo los municipios de Capital, Colonia Caroya, Río Primero, Río Segundo y Pilar. Según esta investigación, más de la mitad de las quintas hortícolas diversificadas son alquiladas y un 40% tienen menos de 5 hectáreas.

— Antes no era así —dice Paco, tío de las hermanas Rodríguez que se instaló hace unos 10 años en otra quinta de esta región.

— Sí, había más campos para alquilar, no había impuestos, precio soja, no había tantos problemas con las fumigaciones, era otra cosa… —suma Daniel desde otro sector de la ronda.  

De ladrillos y lechugas

El sol de mediodía proyecta nuestras sombras sobre las lechugas que están empezando a crecer en las tierras de Sonia, ubicadas dentro del ejido municipal de Pilar.

— Cuando teníamos toda la quinta teníamos contrato, pero cuando empezó todo esto del loteo la dueña nos dejó esta parte y nos alquiló sin contrato, y al quedarnos sin nada, no nos queda otra. Estamos en una incertidumbre —dice Sonia—. Los dueños se han puestos pretensiosos porque están pagando un impuesto inmobiliario cuando no tenés nada construido,  es una quinta.

Recorremos un kilómetro más de ruta para que Paco y Daniel nos muestren como brotan remolachas, acelgas, berenjenas, zapallitos, cebolla de verdeo en las cuatro hectáreas que les prestaron. Ahora, estas son las únicas tierras donde producen y de las que viven tres familias, después de verse obligados a abandonar la quinta donde Paco trabajaba desde hace una década.

— Acá ya está todo loteado y esto también dicen que lo van a lotear —dice Paco con su voz envuelta entre el viento y el canto de los teros—. Yo alquilo 5 hectáreas, que es donde tengo la vivienda, pero ahora el dueño quiere que si produzco pague el impuesto municipal. Por eso ahora trabajo este campo que es prestado, así que en cualquier momento nos pueden echar.   

El avance de la ciudad, de la mano de nuevos loteos, countries y planes habitacionales, lleva tiempo expulsando a los productores. Desde el Observatorio de la Agricultura Urbana, Periurbana y de la Agroecología señalan que la zona sur de la capital cordobesa fue la más afectada por esta situación, mientras que en la zona este de Chacras de la Merced se ve “la absoluta desaparición de las producciones”.

Desde el MTE observan lo mismo en la zona de Río Primero, donde también hay productores de esa organización. “La mayoría de esos productores migraron desde el Cinturón Verde Norte pero la mancha urbana se extendió a Río Primero, Río Segundo, Pilar, Montecristo”, dice Federico Occhionero, integrante del movimiento.

De quintas y quintales

— Nosotros estamos ya al límite de Pilar, nos rodea la siembra de soja, maíz, los grandes productores —cuenta Roxana—. Nos vinimos a donde conseguimos pero tampoco es una buena tierra, no es muy fértil. Y estoy pagando un quintal de soja por hectárea por mes, que varía según el precio que esté la soja ese día que voy a pagar.

Mientras miramos los espantapájaros que se alzan entre los primeros brotes que sembró su tío, Roxana dice que trabajar la quinta es un sacrificio, que se trabaja de sol a sol, los 365 días, sea feriado, llueva, haga frío o calor.

— Y a veces salís hecho, lo que producimos va para el alquiler y la luz. Si no fuera que algunos cobramos las asignaciones de los chicos para la comida, para el súper...  

La situación de muchos productores al competir con cultivos para exportación no es nueva. Una publicación de 2018 del mismo observatorio del INTA, indicaba que los cultivos extensivos, principalmente soja y maíz, ocupan más del 50% de la superficie del Cinturón Verde, mientras que las hortalizas livianas ocupan alrededor de un uno por ciento.

“El problema es que no haya una política adecuada para los distintos sectores y que sea una competencia por la tierra, en teoría al mismo nivel, entre un productor que hace horticultura y alimento para la cercanía, y otro productor que hace un commodity. No tiene lógica porque producimos a otro precio, otro tipo de alimento con un recurso que es el mismo”, concluye Federico del MTE.

Prioridades

La investigación realizada desde el observatorio del INTA remarca la necesidad de coordinar políticas municipales y provinciales de planeamiento territorial y control del cambio de usos de suelo en el área metropolitana de Córdoba, poniendo énfasis en no perder los beneficios de tener un área productiva de alimentos frescos. En este sentido, destacan la necesidad de valorar el territorio y las personas que sostienen la producción hortícola local ante “la importancia estratégica del abastecimiento alimentario de proximidad en tiempos normales, pero más aún en tiempos de COVID-19”.

Por su parte, desde el MTE plantean que existen tierras disponibles del Estado en zonas cercanas a la capital y proponen que parte de las mismas se destinen a la horticultura. “Los productores no quieren que les regalen la tierra, quieren acceder a créditos, acuerdos, pero que no sea a precio inmobiliario o en dólares. Hoy los alimentos para el consumo interno no están priorizados, es una vara de comercio, no de un derecho y acceso a nuestra seguridad y soberanía alimentaria”, plantea Federico.