El reloj no para. El calendario tampoco. Con más de 45 años sentado sobre las butacas más cómodas de la Justicia Federal, la sola idea de ser pasado a retiro es una tortura. Quedarse sin el sitial de privilegio desde el cual dominó todo el escenario político es algo que, sencillamente, no parece estar entre el abanico de posibilidades que maneja en este momento el todavía juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro.

La historia de Bustos Fierro ya es bastante conocida. Es el hombre a cargo del estratégico Juzgado Federal N° 1 desde 1993. Llegó nombrado por Carlos Menem, aunque impulsado por el radicalismo cordobés. Uno de los tantos acuerdos del proto-cordobesismo, que ya desde mucho antes de ser enunciado por De la Sota venía funcionando de manera muy aceitada.

Pero Bustos Fierro no era precisamente un neófito, ya que desde 1960 comenzó a ocupar cargos altos en la justicia Federal. Primero como fiscal en Río Negro; luego como fiscal federal en Córdoba, nombrado por la dictadura en 1979.

Recorriendo el Boletín Oficial de la Nación aparece también un particular nombramiento de este magistrado: exactamente un día antes del golpe cívico militar del ´76, Bustos Fierro fue designado juez federal de Bell Ville, cargo del que no se tiene real registro de que lo haya ejercido. La fecha, 23 de marzo de 1976 (sí, un día antes), no deja de ser llamativa.

Pero más allá de su abultada currícula, hay un dato que no puede ser soslayado: a ninguno de sus cargos llegó por concurso. Quizás una cuestión cronológica, ya que se aferró a su actual poltrona antes de que viera la luz el Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que el octogenario que hoy nos convoca no sabe lo que es armar una hoja de vida. Mucho mejor le ha ido con el delicado arte de los contactos, los favores, las cortesías y, por qué no, también los aprietes. 

HILOS DEL PODER

Por más que se recorran los pisos del palacio de Tribunales Federales, frente al Parque Sarmiento, difícilmente se encontrará a alguien que quiera hablar en on del juez que mejor maneja los hilos del poder.

No es "temor" la palabra. Es conveniencia. Todos tienen bien claro que Bustos Fierro no es el tipo más adecuado para enfrentarse.

Pero además "el juez" es un artista de las relaciones interpersonales. Hace favores. Recibe favores. Otorga lealtades y también las exige. 

"Por eso es que se mantiene ahí. Porque no hay nadie en todo el edificio que no le deba algún favor", confía a EL SUR la primera de las fuentes consultadas, una persona con más de dos décadas recorriendo pasillos de Federales.

Y aquí surge un dato catalizador sobre el que coinciden varios. Bustos Fierro ejerce el privilegiado designio de ser juez electoral de Córdoba. Y como tal, no hay político de Córdoba que no le deba favores. 

"Todos los partidos han sido y siguen siendo infractores sistemáticos. Y él siempre termina perdonándoles la vida o poniéndoles sanciones ínfimas. Ya sea dándoles plazos mucho más extensos de los que corresponden o sancionándolos muy poco, de un modo que no les afecte en nada. Se manejó siempre de esa manera".

PRIMER DATO, entonces: para el establishment político de Córdoba, hay mil tipos antes que Bustos Fierros con los cuales pelearse. Y eso lo saben hasta los partidos de izquierda. 

EL SEGUNDO DATO, insoslayable, es la línea de conducta que a lo largo de los años ha tenido este juez: inevitablemente siempre falla a favor de los poderosos, “sus compañeros de clase”, como lo definía la misma fuente. Los ejemplos del rebalanceo de Telecom, la re-reelección de Carlos Menem, los tarifazos de Clarín, y el freno al decreto que declaraba servicios públicos a las telecomunicaciones. Infranqueable, Bustos Fierro siempre falló para el mismo lado.

Y el TERCER DATO, aunque suene paradójico, es la edad con la que ejerce la magistratura. Al estar más de una década pasado de la fecha y tener todos los trámites jubilatorios completados, Bustos Fierro sencillamente "puede hacer lo que se le dé la gana" desde su despacho, según explica la misma fuente, sabiendo que en el caso de que se le compliquen las cosas con una denuncia en el Consejo de la Magistratura "él presenta la renuncia, se acoge a los beneficios de la jubilación y sencillamente se va a su casa". Una suerte de impunidad garantizada o una licencia para hacer lo que le plazca. Se lo puede ver de las dos maneras.

¿Y PARA QUÉ?

Ahora bien, más allá de los plafones sobre los que se para el octogenario juez cordobés, la pregunta que le sigue es: ¿Para qué? ¿Para qué un tipo a su edad quiere seguir jugando al poder? ¿Qué busca un hombre que sencillamente lo tiene todo y que podría estar tranquilo en su casa, sin andar complicándose la vida con lobbys, con fallos, con denuncias, con tráfico de favores?

Para responderlo quizás habría que meterse en la psicología de este buen señor. Mejor sería preguntárselo personalmente. Pero como desde hace años no habla con la prensa, no quedará otra que consultar a quienes conocen cómo se viene manejando en "la torre" de Tribunales Federales. 

No hay nadie que no aluda a una relación de "toma y daca". Su máxima cristalización parece haber sido el nombramiento de su hijo, Pablo Bustos Fierro, como fiscal general adjunto de la Provincia, cargo que no tiene plazo de vencimiento, como sí lo tiene con el del fiscal general. 

"Él se encargó de asegurarse que su hijo esté donde está hoy", dice otra de las fuentes consultadas, que se esmera en aclarar que no tiene ninguna crítica contra el actual número dos del Ministerio Público de la Provincia. "Pero es complicada la situación de poder -añade-, en una situación en la que el juez puede tener casos en contra de funcionarios de la provincia, esos casos nunca avanzan, y el hijo termina siendo fiscal general adjunto".

La única garantía, desde luego, es seguir ocupando esa poltrona, lugar que también le sirve, por ejemplo, para contar con una gran cantidad de nombramientos, fundamentalmente a partir de su competencia electoral. "Acá en la última elección tuvo nombrado a todo el equipo de rugby del nieto", afirmó otra de las fuentes, por supuesto, temerosa de que se dieran detalles. Pero la misma información vino confirmada desde el otro lado de una estratégica barandilla. 

Los nombramientos, sin dudas, son una herramienta no sólo económica sino de favores y por tanto de poder. Pueden darse en el nivel de pinche o de escribiente, pero también en estamentos mucho más altos. Por ejemplo, la Cámara Federal. Casualmente en esa instancia, supuestamente superior en jerarquía, fueron nombrados Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, dos magistrados que anteriormente fueron secretarios de Bustos Fierro. Al mismo sitial aspira el actual secretario penal, el muy cuestionado Facundo Troncoso, sobre el cual muchos coinciden que es el que maneja los hilos en el juzgado al que Bustos Fierro sólo concurre algunas horas durante el día. "Esto de la firma electrónica obra milagros", bromea una fuente calificada. 

"Él tiene y va a seguir teniendo una cuota de poder gigante, y sin dudas es el más poderoso de la Justicia Federal, aún por encima de los camaristas", confiesa un hombre con llegada muy directa a la Cámara Federal. "Esto es así -explica- porque los camaristas están divididos en seis en su poder. En cambio Bustos Fierro es único. Nadie lo toca. Y tiene la función electoral", asegura.

FALLO BOMBA

Quizás haya sido un tanto largo aunque necesario ahondar en todo lo anterior, antes de poner a la luz la resolución del 22 de abril que firmó Ricardo Bustos Fierro y que provocó un sacudón en la política y sobre todo en la economía del país. En esa fecha, el Juez Federal N° 1 de Córdoba dio el visto bueno para abrir un proceso colectivo en el cual la Sociedad Rural Argentina junto con su filial de Jesús María piden que se declare inconstitucional el cobro de los derechos de exportación sobre los productos primarios del agro, y que se lo haga retroactivo al primero de enero de este año. Argumentan que la obligación del pago de retenciones dejó de tener legalidad como consecuencia de que la oposición no permitió aprobar el Presupuesto 2022 en el Congreso Nacional.

Un proceso similar ya había sido rechazado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. En esa ocasión, el juez básicamente dijo que era un disparate conceder una acción colectiva, o sea un amparo, que beneficiara de un solo saque a "todos los productores agrícolas". Su principal objeción fue que no había homogeneidad en el colectivo accionante. En su resolución, Ochoa explicó que existen distintas realidades entre los productores y la aceptación de una acción colectiva de esa naturaleza hubiera generado severas inequidades.

Pero en la mirada de Bustos Fierros no fue así. Con lo cual incluso la apelación de la resolución de Ochoa, en el caso de que la Cámara Federal la revirtiera, aterrizaría en el JF 1 de Córdoba, que actuaría como fuero de atracción. O sea, más tarde o más temprano, todo el poder al despacho de Bustos Fierro. Bien jugado, hay que admitirlo.

BALAS EN LA RECÁMARA

Lo que hizo este juez, si se permite la metáfora, es desempolvar la pistola, ponerle todas las balas en el cargador y el cartucho en recámara, lista para disparar. Tiene en sus manos una peligrosísima acción colectiva, que  él mismo se encargó de hacer más peligrosa al abrir por completo el universo de sus interesados. 

Para que los destinatarios de su mensaje vayan tomando nota: intimó al Ejecutivo Nacional y a la AFIP a que en 30 días "elaboren un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante". Y se guardó la carta más demoledora, que es la posibilidad de conceder un amparo para que, lisa y llanamente, las retenciones se dejen de pagar. Es decir que Bustos Fierro tiene, a sola firma, la posibilidad de bloquear la principal fuente de ingresos de divisas de la Argentina en un contexto en que los números de la economía, así como están, exhiben la fragilidad de un castillo de naipes.

Si es cierto que -como afirman en el círculo de Tribunales Federales- Bustos Fierro necesita de un guiño político para que en octubre le vuelvan a extender la prórroga, no hay dudas de que eligió la más poderosa herramienta de negociación que podría tener disponible.

El problema es que se le pasó un detalle...

BANCATE LA PELUSA

El primero de enero de 2019 fue inscripta la sociedad anónima simplificada "La Pelusa s.a.s".

En su acta de constitución se detallan 15 diferentes actividades (lo que se dice una sociedad poli-rubro). En el número cinco de ese listado contempla entre las actividades la de "realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales".

A su vez, "La Pelusa s.a.s.", cuyos ingresos están estimados por NOSIS entre 37 y 184 millones de pesos, aparece inscripta en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), catalogada en la categoría "Productor - ALTA" con una calificación de "bajo riesgo", registro al que se accede por la web de AFIP y de modo totalmente abierto.

“Gente seria”, uno diría, los dueños de este establecimiento que se dedica al cultivo de cereales: 434 hectáreas de maíz y 403 de soja. La explotación de La Pelusa es en Cañada de Machado y en Comechingones, ambas en el departamento Río Primero, según detallaron (bajo estricto off) allegados a los empresarios agrícolas.

El problema surge cuando se repasa su composición accionaria: sus dueños son Manuel Bustos Fierro y Fernando Enrique Pedroni. Hijo y sobrino del juez Ricardo Bustos Fierro.

El Código Procesal Civil de la Nación es taxativo al detallar en el artículo 17 las causales de recusación, por las cuales Bustos Fierro debería haberse inhibido. En su segundo inciso señala como causas "tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante".

Está claro que en la causa "Sociedad Rural Argentina y otro contra el Estado Nacional", donde se solicita una acción de amparo que beneficie a todos los productores agropecuarios del país, el hijo del juez Bustos Fierro posee un interés directo en el pleito por el simple hecho de ser él mismo productor agropecuario.

También está claro que, per se, no se percibe irregularidad alguna en la situación del hijo y el sobrino, tanto en lo fiscal como en lo crediticio. Son gente prolija. Y nada se le podría objetar por su actividad relacionada con el agro. El problema pareciera estar en el jurista de 86 años, al que se le pasó el "detalle" casi de principiante: debió haberse inhibido en una causa en la que su hijo, con el que comparte domicilio en barrio Fortín del Pozo, tiene fundadas expectativas y sobrados beneficios.