Tener un hijo productor agropecuario no parece ser obstáculo para que un juez permanezca abocado a una causa en la cual la Sociedad Rural intenta tumbar la legalidad del cobro de las retenciones a las exportaciones. Al menos así lo entendió el juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, quien esta mañana firmó una resolución en la cual rechaza el planteo recusatorio presentado hace quince días por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián.

El representante del Ministerio Público Fiscal había emitido un dictamen el 16 de mayo, en el cual le pedía al juez que "se aparte de seguir entendiendo en la presente acción, toda vez que estaría comprendido en la causal del art. 17 inciso 2 del Código Procesal Civil de la Nación". Aludía a la previsión que hace el Código para casos en los que "el juez o sus consanguíneos hasta el cuarto grado o segundo de afinidad, tengan interés en el pleito u otro semejante".

"Según esa nota del periodista Adolfo Ruiz, aparecida en el último número de la Revista El Sur -escribió Hariabedian-, los familiares de su señoría serían dueños de “La Pelusa S.A.S.”, empresa que "aparece inscripta en el Sistema de Información Simplificado Agrícola, catalogada en la categoría "Productor - ALTA" y llevaría sus actividades de cultivo de cereales (434 has. de maíz y 403 de soja) en Cañada de Machado y Comechingones, Dpto. Río Primero, de esta Provincia".

"Si el resultado de lo que se resuelva en esta acción puede llegar a beneficiar o perjudicar al familiar del juzgador, entiendo que la imparcialidad se encuentra comprometida y se configura la causal invocada", advirtió el fiscal.

¿LLUVIA DE APARTAMIENTOS?

Bustos Fierro se tomó dos semanas para emitir una resolución en la que rechaza el pedido de apartamiento. El magistrado no niega la vinculación de su hijo y su sobrino con esa empresa agropecuaria, sino que echa mano a un argumento insólito: que por ser una acción de clase "se involucra un importante sector de la sociedad", por lo cual "será muy probable que por la extensión de los sujetos que conforman la clase, alguna de las personas mencionadas en las causales (de apartamiento) resulte comprendida dentro de aquélla, por lo que podría conducirse a apartamientos sucesivos por parte de los tribunales, vulnerando los principios (...) de acceso a la justicia". En otras palabras, Bustos Fierro aventura que no debe haber en toda la Justicia Federal de Córdoba -ni de otras provincias- ningún juez que no tenga algún pariente productor agropecuario. Y que por eso permanecerá al frente de la causa.

El fiscal Hairabedian se enteró de la negativa de Bustos Fierro cuando fue consultado por este medio. Si bien se excusó de profundizar en el tema por estar de licencia, señaló que la cuestión  deberá ser resuelta por la Cámara Federal de Córdoba, con lo cual se da por sentado que el Ministerio Público Fiscal apelará en los próximos días el insólito atrincheramiento del agrojuez.

NO LA MANDA A BUENOS AIRES

En otra parte de su resolución, Bustos Fierro también rechazó el pedido de inhibitoria cursado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 de CABA, Enrique Alonso Regueira, quien le exigía la remisión del expediente a su juzgado en Capital Federal. Para ello argumentó criterios de territorialidad y advirtió que remitir la causa a un juzgado de Buenos Aires atentaría contra “el federalismo de la Justicia”.

Similar pedido le habían presentado en su despacho los abogados patrocinantes de la Sociedad Rural, que no quieren por nada del mundo que el agrojuez se quede fuera de esta "patriada" por no pagar más los derechos de exportación.

La palabra final sobre la competencia en esta causa que pone en vilo la principal fuente de ingresos de divisas del Estado Nacional quedaría en manos de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, según lo dispuso el propio Bustos Fierro en su resolutorio. Sin embargo, ese criterio es resistido por Sociedad Rural, que prefiere que sea la Cámara Federal de Córdoba la que resuelva la cuestión de competencia.

El expediente protagoniza una verdadera comedia de enredos en la que ya intervinieron tres juzgados, dos Cámaras de alzada, dos partes actoras, un fiscal y dos organismos nacionales. Y un veterano magistrado que necesita arrancarle al Poder Ejecutivo una nueva prórroga de cinco años para permanecer sentado, a los 86 años, en la butaca más cómoda de la Justicia Federal de esta provincia. Y que parece decidido a jugar a fondo.