Mientras se libra la (por ahora) sutil disputa entre el agrojuez Ricardo Bustos Fierro, la Sociedad Rural, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián -que busca aportar un poco de sentido común-, y el lejanísimo juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, en la AFIP Córdoba se sacuden un poco el polvillo del traje, algo aliviados porque lograron tumbar una de las resoluciones adversas dictadas por Bustos Fierro.

Ese relativo “alivio” llegó luego de que la Cámara Federal de Córdoba fallara el 23 de mayo último a favor del planteo de la AFIP para que se suspendiera el plazo fatal de 30 días que el agrojuez le había impuesto al Gobierno nacional para presentar una serie de informes.

Aquel fallo de la alzada fue interpretado como una pequeña victoria para el staff de abogadas que integran Valeria Domínguez, Pía Lucini y Elena Gaviola. Las letradas habían elegido “recostarse” sobre la única estrategia de esperar ser “salvadas por la campana” y que la causa marchara rumbo a Comodoro Py.

Tal vez por eso se negaron sistemáticamente a brindar información ante las consultas de esta revista. Aunque es probable que ese silencio obedezca también a que se limiten a ejecutar la estricta bajada de línea que les llega desde Buenos Aires.

Ganar tiempo

Si bien el fallo firmado por Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres llevó cierta tranquilidad a las abogadas, fue en realidad una victoria compartida, porque Bustos Fierro sigue sentado arriba del expediente y lo seguirá estando mientras logre dar su batalla jurisdiccional.

Se sabe que el tiempo es un activo clave, sobre todo en este tipo de disputas político-judiciales. La dilación de los plazos que le concedió la Cámara a las abogadas de la AFIP en algún punto termina jugando a favor del magistrado, que sabe que tiene que diferir al menos un trimestre más la situación para poder poner sobre la mesa de negociaciones su dominio sobre esta causa bomba.

¿La razón? Como explicáramos en la edición de mayo de Revista El Sur, Bustos Fierro negocia con el Poder Ejecutivo una nueva prórroga a su designación (que se vence el último día hábil de este año), pese a estar ya bastante pasado de edad.

En la AFIP Córdoba son conscientes de este escenario. Saben del poder del juez que los tiene en vilo. Saben de sus ramificaciones políticas. Saben cuál es la real intención con la que se está moviendo. Saben que está dispuesto a jugar fuerte. Y hasta admiten, por lo bajo, algún temor de que sus propios teléfonos no estén del todo “limpios”. ¿Se entiende, no?

El agrojuez sonríe. El fin y al cabo, el fallo no le resultó tan adverso. Lo saben bien todas las partes sentadas a la mesa.