El 16 de noviembre de 2019 moría en una Bolivia bajo dictadura el periodista mendocino Sebastián Moro. Había ingresado a la clínica Rengel de La Paz el 10, día en que se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales, perpetrado por el ejército y la policía al mando de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, quien asumiría como presidenta de facto.

En la víspera, los golpistas habían asaltado la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), donde Moro trabajaba como editor del periódico Prensa Rural y en la radio Comunidad. Sebastián logró huir y desde su departamento en barrio Sopocachi se comunicó con su madre y sus hermanas en Mendoza. Les contó que habían apresado a su jefe José Aramayo, director de los medios de la Confederación, salvado de un linchamiento.

“Estaba trabajando para enviar la que fue su última nota para el diario Página 12, donde ya venía alertando sobre el golpe. Después no volvimos a tener comunicación”, dice su hermana Penélope, también periodista en Radio Nacional Mendoza. A pedido de la familia, un allegado –hoy testigo de identidad reservada– fue hasta el departamento de Sebastián y lo encontró tirado en la cama, semi-inconsciente y con marcas de golpes.

Internado en la clínica, le diagnosticaron un accidente cerebro vascular. Penélope llegó a La Paz el 11 de noviembre, cuando Morales ya había renunciado y los opositores saqueaban su residencia. Con su hermano en estado de coma, ella alcanzó a fotografiar las marcas en su cuerpo, que los mismos médicos atribuyeron a una agresión. El 14 arribaron a Bolivia su madre Raquel y su hermana Melody. Mientras el estado de salud de Sebastián empeoraba, en su departamento notaron que faltaban su chaleco de periodista, el grabador y la agenda.

El mismo 14, la entonces ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich publicaba en su cuenta de Twitter @PatoBullrich: “Rescatamos y pusimos a salvo a los periodistas argentinos amenazados en #Bolivia, Gracias @gendarmeria por el compromiso permanente”. Pero nada harían ni dirían por ese otro argentino periodista que agonizaba en La Paz, ella o cualquier otro funcionario del presidente Mauricio Macri, cuyo gobierno se negaba a definir la situación como golpe de Estado, al que –después se sabría– apoyó con el envío de pertrechos represivos.

Tras la muerte de Sebastián, su familia fue obligada a cremar sus restos como única forma de traerlos a la Argentina, desde donde él había emigrado en febrero de 2018 en busca de un trabajo periodístico digno, cuando bajo la gestión de Cambiemos Radio Nacional Mendoza dejó de cubrir lo que era su especialidad: terrorismo de Estado y violencia institucional. Desde que volvieron al país con sus cenizas, su madre y hermanas han denunciado su muerte como crimen de lesa humanidad en los tribunales federales de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba y ante numerosos organismos internacionales.

En abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su Informe Anual de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión 2019: “Entre las principales vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso a información pública registradas (en Bolivia), se encuentran el posible asesinato del periodista Sebastián Moro”, entre otras 70 agresiones a periodistas. A su vez, en el Informe Final de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano se define su muerte como “extremadamente dudosa”, por los numerosos indicios de que “sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento”.

La pelea por justicia

El cambio de gobierno en la Argentina y la recuperación de la democracia en Bolivia configuraron un contexto político esperanzador. El 17 de agosto de 2021 se presentó el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investigó en Bolivia “los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. El periodista argentino está incluido entre las “al menos 37 personas” muertas en las masacres de Sacaba y Senkata y otros episodios de violencia represiva, cuyos nombres fueron leídos por el presidente Luis Arce Catacora durante la presentación.

Días después, el procurador general del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Chávez, en una entrevista para la columna de política regional de la periodista argentina Gloria Beretervide, dijo que el de Sebastián Moro es “un caso crítico, que debe ser investigado. Todo apunta a que es un asesinato directo, una ejecución de un periodista (…) que primero fue torturado y como consecuencia de las torturas murió”.

Entre octubre y noviembre de 2021, su madre y hermanas viajaron a Bolivia para declarar en la causa judicial, iniciada recién en octubre de 2020 y paralizada hasta varios meses después de finalizado el Gobierno dictatorial. Durante su estadía, se lanzó la campaña #JusticiaPorSebaMoro #SebastiánMoroFueElGolpe, con una conferencia de prensa internacional transmitida por zoom desde el consulado argentino en La Paz y con la participación del embajador Ariel Basteiro. Allí Mary Carrasco, abogada de la familia Moro en Bolivia, aseguró que “el Estado boliviano es responsable por la muerte de Sebastián Moro”, ya que “hay muchos indicios de que fue una muerte por mano ajena”. “Consideramos con Raquel, Penélope y Melody que la muerte de Sebastián es un crimen de lesa humanidad cometido en el contexto de un ataque sistemático a la población civil”, dijo a su turno Viviana Beigel, su abogada en la Argentina. A su vez, Penélope exigió al Poder Judicial una tarea “rigurosa, transparente y fuera de todo acto de corrupción, que nos permita avanzar en las investigaciones y obtener justicia por la muerte de nuestros hermanos”.

El 7 de junio, por iniciativa de la diputada nacional Natalia Souto, legisladores y funcionarios nacionales, referentes de derechos humanos y periodistas –entre ellos, su hermana– rindieron homenaje a Sebastián Moro en el Salón Blanco del Congreso, como paradigma de El compromiso periodístico en escenario de violación sistemática de los derechos humanos. Ese mismo día, en otro acto en Mendoza, su madre decía: “Sebastián fue la primera víctima del golpe de Estado cívico militar racista, en un contexto de persecución ideológica, atentando contra la libertad de expresión, caído en pleno ejercicio de sus funciones, sin renunciar jamás al ‘violento oficio de escribir’, como decía Rodolfo Walsh, quien anticipó la llegada del golpe de 1976 y denunció en su famosa Carta Abierta los atropellos y crímenes, señalando a los responsables”.