"En caso de ser cierta la información publicada, solicito que S.S. se aparte de seguir entendiendo en la presente acción, toda vez que estaría comprendido en la causal del art. 17 del CPCCN inc. 2".

Era el pedido obvio. La jugada cantada. El movimiento a esperar.

Sin embargo no fue protagonizado por las tres abogadas de la AFIP que ejercen la defensa de los intereses del Estado nacional. Ese párrafo, dirigido al juez federal N°1 de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, lleva la firma del fiscal federal N°3 Maximiliano Hairabedián.

Como muchos otros en el palacio de Tribunales Federales, Hairabedián también se enteró de esta situación cuando llegó a sus manos el ejemplar de mayo de Revista El Sur. "Según esa nota del periodista Adolfo Ruiz, aparecida en el último número de la Revista El Sur, los familiares de S.S. serían dueños de “La Pelusa S.A.S.”, señala el fiscal, citando a esta publicación. Y se hace eco de la información que da cuenta de que la empresa del hijo del agrojuez "aparece inscripta en el Sistema de Información Simplificado Agrícola, catalogada en la categoría "Productor - ALTA" y llevaría sus actividades de cultivo de cereales (434 has. de maíz y 403 de soja) en Cañada de Machado y Comechingones, Dpto. Río Primero, de esta Provincia".

El dictamen no hizo más que expresar el sentido común, al plantear que "si el resultado de lo que se resuelva en esta acción puede llegar a beneficiar o perjudicar al familiar del juzgador, entiendo que la imparcialidad se encuentra comprometida y se configura la causal invocada".

SACRIFICADO

Obvio de toda obviedad. Un juez cuyo hijo es sojero, no puede ni siquiera evaluar abocarse a una causa en la que se dirimen cuestiones fiscales relacionadas con el universo de los productores agropecuarios.

Pero para Bustos Fierro no hubo problema. "Entiendo que no es de aplicación al sub lite la regla contenida en dicho inciso", razonó en la resolución que dio a conocer el 30 de mayo, por muy absurdo que pudiera parecer.

¿Qué argumentó el agrojuez? Evitaremos usar calificativos, para no afectar la propia evaluación del lector. "Al tener en cuenta que en la presente se involucra un importante sector de la sociedad, será muy probable que por la extensión de los sujetos que conforman la clase, alguna de las personas mencionadas en las causales... (de inhibición) resulte comprendida dentro de aquélla, por lo que podría conducirse a apartamientos sucesivos por parte de los tribunales, vulnerando los principios antes reseñados, es decir de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva".

Dicho en otras palabras, el agrojuez imagina que todos los jueces federales tienen un hijo y un sobrino sojeros, o algún pariente hasta el grado prohibido por la ley, y que por tanto, si todos se inhibieran, la Justicia Federal se quedaría sin jueces que pudieran tomar esta causa. Con lo cual, razona Bustos Fierro, no le queda otra que ser él quien se sacrifique por el resto de sus pares.

El juez va más allá con sus sofismas al afirmar que esta acción de amparo, en la que aparece firme la posibilidad de que todos los productores agropecuarios dejen de pagar la totalidad de los derechos de exportación de sus productos (y por lo tanto incrementen en un porcentaje enorme sus ganancias), es en realidad "una acción meramente declarativa, en virtud de la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de ciertos decretos dictados por el Poder Ejecutivo". Por eso, para Bustos Fierro, "las cuestiones patrimoniales individualizadas que de ello se deriven -en caso de acoger la acción- resultarían ajenas al presente tribunal".

Traducido: "No tengo nada que ver con las ganancias que esto le signifique a los productores del campo, incluyendo a mi hijo". O algo así.

ATRINCHERADO

En la misma resolución, y más que previsiblemente, Bustos Fierro rechazó el pedido de inhibitoria que le habían planteado del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Buenos Aires.  Allí, al menos ahora con un poco más de desarrollo en el fundamento, el agrojuez recordó que su juzgado "tiene competencia múltiple", incluyendo lo "atinente a las cuestiones de naturaleza contencioso-administrativa". Y remarcó, de paso, que su juzgado debería hacer de "fuero de atracción" del resto de los procesos semejantes en cualquier lugar del país (como podría ser el de Río Cuarto, que falló en contra de las pretensiones de la Sociedad Rural).

En ese punto, su argumentación fue similar a la que habían suscripto los abogados de la Sociedad Rural, cuya sede central queda a 52 cuadras del Obelisco, pero que argumentaron que la causa no puede ser remitida a un juzgado de la CABA por la sencilla razón de que "no hay producción agropecuaria en la Capital Federal" (sic).

"A los efectos de evitar un perjuicio a los productores agropecuarios, hasta la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur podría ser considerada mucho más que la Capital Federal como el lugar donde el acto tiene efectos", escribieron -pretendiendo algún tono de gracia-, los abogados Nicolás Pino y Carlos Laplacette, patrocinadores de la entidad que pugna por no pagar ni un dólar más de retenciones.

Pero las patronales del campo van más allá y también piden que sea la Cámara Federal de Córdoba la que resuelva la cuestión. Bustos Fierro se despega de ese planteo, y resuelve en cambio remitir las actuaciones a la Cámara Nacional en los Contencioso Administrativo Federal "a los efectos de que determine cuál es el tribunal competente para entender en la presente causa".

EL MÁS HÁBIL

Equilibrista como pocos, hábil negociador y mejor lobista, el juez que le quiso habilitar un tercer mandato a Menem, le autorizó los tarifazos a Telecom en los ´90 y a Grupo Clarín el año pasado, sabe que llegar al segundo semestre con esta causa en su poder le permitiría discutir en otros términos con los emisarios del Gobierno. De salir victorioso en esa negociación, lograría extender su potestad como el juez federal más poderoso del interior hasta 2027, al que llegaría con 93 años de edad.

Claro que a esta altura, uno podría hacerse algunas preguntas un tanto incómodas. ¿Cómo puede ser que continúe en su despacho un juez que cometió el dislate de abocarse a una causa en la que él era manifiestamente parte? ¿Cómo puede ser que ninguna de las letradas de la parte afectada por este juez haya llevado el caso al Consejo de la Magistratura, para que ese órgano evalúe si Bustos Fierro cometió alguna irregularidad (tal como ya lo hizo a inicios de siglo, cuando se salvó raspando de la destitución gracias al voto de Moliné O'Connor)?

Quizás las respuestas a esas preguntas haya que buscarlas en aquella definición sobre la que coincidieron varias fuentes consultadas para la elaboración del informe anterior sobre el titular del Juzgado Federal N° 1 de esta provincia: "En la Justicia y en la política de Córdoba, no hay nadie que se quiera pelear con Bustos Fierro, porque tarde o temprano, todos le han terminado debiendo favores".

Mientras tanto, el expediente parece destinado a convertirse en una comedia de enredos, donde ya hay tres juzgados y dos cámaras de alzada interviniendo, dos partes actoras, un fiscal, dos organismos nacionales entre las demandadas, y un veterano magistrado que sabe que su tarea no es otra que arrancarle al Poder Ejecutivo la firma para continuar sentado en la butaca más mullida de la Justicia Federal de esta provincia. Y parece decidido a jugar.