El juicio terminó. De ahora en más, el permisivo tribunal que preside el inexperto Daniel Vaudagna dejará que desfilen todos los testigos intrascendentes que propongan las partes a la espera del momento oportuno para decretar el cierre de un proceso absurdo, que difícilmente tenga otro final que la absolución de Marcelo Macarrón.

Zigzagueante, disparatado, por momentos surrealista, el juicio ha sido un fiel reflejo de la paupérrima instrucción por la que pasaron cinco fiscales y cuatro imputados; el corolario de la investigación azarosa de un homicidio cometido hace quince años y medio contra una mujer indefensa, sola y vulnerable; un homicidio que prescribió para todos menos para el viudo, que vive su propio vía crucis de la mano de su abogado Marcelo Brito, amo y señor de cuanto pasa en la moderna sala de audiencias del imponente Palacio de Justicia de Río Cuarto.

Nada se avanzó en estos tres meses de audiencias. Y no porque faltaran testigos -de hecho, salvo los muertos, casi todos asistieron en tiempo y forma-, sino porque el proceso careció de conducción. Nada más premonitorio que aquella frase inicial del fiscal Julio Rivero en referencia a la renuncia forzada de la madre de la víctima a la querella: “Me dejaron solo”. Evidentemente no estaba preparado para semejante desafío: sin estrategia, sin convicción, sin un conocimiento acabado del expediente,  dejó pasar a los testigos claves para apuntalar la acusación contra el viudo o reformular la hipótesis acusatoria.

A medida que el juicio avanzaba, Rivero  se fue plegando a los ataques de Brito contra la prueba genética, denostando al bioquímico Daniel Zabala -el mismo que tomó las muestras que en cualquier lugar del mundo ubicarían a Marcelo Macarrón en la escena del crimen- y exaltó la figura de Nidia Modesto, la controvertida bióloga molecular que dice que el ADN del imputado se explica por la mezcla de prendas en el lavarropas familiar.  Ni un careo, ni una consulta a especialistas, ni un interrogatorio decoroso para despejar las contradicciones de la funcionaria de un organismo -el Ceprocor- que dependía del Poder Ejecutivo. Es decir, de un gobernador (José Manuel De la Sota) que debió desprenderse de su ministro de Gobierno, su secretario de Seguridad, su Fiscal General y la plana mayor de la Policía para sobrevivir a los coletazos políticos del caso Dalmasso.

Fiasco

Los testigos más esperados en este proceso terminaron siendo un verdadero fiasco. Al vocero Daniel Lacase y su ex novia Silvia Magallanes no les preguntaron nada que los incomodara. Tampoco al “francés” Miguel Rohrer, que hasta se dio el lujo de caracterizar a su otrora íntimo amigo como un “figureti” tan “avaro y pijotero”  que “nunca le conocimos el color de la billetera” (sic).

El tribunal le permitió al imputado ausentarse para un chequeo médico justo el día en que declaraba su ex amigo Rohrer, ahorrándole el previsible disgusto e escucharlo atacar a sus hijos -”los señores Facundo y Valentina, que ya son grandes porque votaron varias veces y son unos mentirosos”, los caracterizó- y reprocharle los agravios de su abogado defensor, al que enrostró haber dicho en televisión que ofrecía “un millón de dólares” de recompensa al que dijera dónde estuvo la noche del crimen.

Recuperado de su oportuna dolencia, Macarrón decidió -con la venia del siempre predispuesto tribunal- que de ahora en más asistirá a las audiencias hasta que “se sienta mal” y decida irse a su casa a descansar para evitar situaciones de estrés, como le aconsejó el cardiólogo.

¿Y el móvil?

La reaparición del imputado en la sala de audiencias coincidió con la comparecencia de su hermana, la contadora Gabriela Macarrón. Ni el fiscal, ni el abogado defensor y mucho menos el tribunal pueden desconocer a esta altura que la menor de las hermanas del viudo es quien le llevaba -y le lleva- sus asuntos contables. Todo hacía suponer que al ser la única testigo convocada ese día, su testimonio seria extenso y versaría sobre el patrimonio y los ingresos de Macarrón. Pero grande fue la sorpresa cuando el fiscal Rivero, lejos de interiorizarse sobre las finanzas del matrimonio, le preguntó a la testigo quién era Nora y si la creía capaz de haber mantenido “relaciones sexuales consentidas en la cama de su hija y con su marido a miles de kilómetros de distancia” (sic). ¿A qué hipótesis responde esa pregunta? ¿Qué busca el fiscal de los testigos? ¿Sabe realmente Rivero de qué está acusado Macarrón?

En su auto de elevación a juicio, el fiscal Luis Pizarro fue claro en la hipótesis acusatoria: “El matrimonio Macarrón/Dalmasso era disfuncional desde tiempo atrás y vivía una crisis en donde la posibilidad del divorcio estaba presente. Cada uno de los miembros del matrimonio tenía al momento del hecho relaciones extramatrimoniales -20 años de parte de Macarrón y un año de parte de la víctima-, asignaban a lo económico un interés importante, que llevaba a elegir y seleccionar sus amigos en aras de logros económicos y de escalada social, y esconder la realidad de su vida matrimonial a sus vecinos y amigos del barrio”. 

Para Pizarro, “tanto la personalidad del imputado -avaro y pijotero- como de la víctima, aguerrida frente a sus pretensiones, permiten inferir que el conflicto personal y económico fue el motivo del hecho que investigamos”. Es decir, el homicidio de Nora Dalmasso.

Rivero tuvo la oportunidad de indagar a la contadora del imputado para saber qué hay de cierto en las versiones que siempre lo sindicaron como testaferro, si tenía o no negocios con Lacase y Rohrer, saber cuál es su patrimonio y qué le hubiera correspondido a Nora en caso de que se divorciaran. 

El único informe económico de la situación patrimonial de Macarrón que hay en el expediente concluye que el viudo no podía llevar el nivel de vida que tenía en 2006 con los ingresos que había declarado. Y que esa diferencia era tan evidente que el propio perito contador que hizo el informe le sugirió al fiscal Javier Di Santo que lo remitiera a la AFIP para que investigaran al viudo.

Pero Rivero no le preguntó nada de eso a la contadora de Macarrón; ni una sola pregunta sobre su situación patrimonial y la economía familiar.

¿Descarta el fiscal la hipótesis del sicario y el móvil económico? De ser así hubiera profundizado en la prueba genética, pero ante los forenses se comportó más como auxiliar de Brito que como acusador. O está muy desorientado o prepara el camino para una acusación tan insustancial que al jurado popular le sea imposible votar la culpabilidad del imputado. Aunque tampoco se descarta que ni siquiera acuse, como hizo en el juicio a Sergio Medina por el crimen de la comerciante Claudia Muñoz. Si el fiscal no acusa, el jurado popular ni siquiera tendrá la posibilidad de votar.

A quince años y medio del cobarde homicidio de Nora Dalmasso, todos los caminos parecen conducir a la absolución. Es decir, a la impunidad.