Julio Rivero hizo honor a su trayectoria  en el Ministerio Público Fiscal y dilapidó la oportunidad de impartir justicia en uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal de Río Cuarto, Córdoba y el país: el cobarde homicidio de Nora Raquel Dalmasso, perpetrado por manos todavía anónimas la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, hace exactamente 15 años y ocho meses.

En un juicio oral y (no tan) público que se extendió durante casi cuatro meses,  el fiscal no hizo nada para apuntalar la acusación con que la causa llegó a juicio, pero  tampoco la cambió, como lo habilitaba el Código Penal de la Provincia. Por el contrario, actuó como auxiliar del abogado defensor Marcelo Brito y desechó testigos claves como la amante de Macarrón, Alicia Cid, el jefe de Policía de Río Cuarto al momento del crimen, Sergio Comugnaro- y el amante de la víctima, Guillermo Albarracín. También desaprovechó a otros importantes como Daniel Lacase y Silvia Magallanes, a quienes no interrogó con la excusa de que podrían autoinculparse. A Lacase y su ex pareja incluso los incluyó como potenciales imputados en una hipotética acusación de homicidio por encargo, pero no les preguntó nada importante cuando los tuvo al frente y tampoco pidió su procesamiento por falso testimonio en su alegato. 

Rivero, siempre en coordinación con Brito, consintió que declararan testigos absolutamente intrascendentes, que nada tenían para aportar a la causa: amigos, amigas, empleadas domésticas y hasta la pedicura de la familia Macarrón, que recitaron su libreto con loas al matrimonio para refutar la acusación que pesaba sobre el viudo: que su esposa le había pedido el divorcio y como él era “pijotero” y “avaro”, prefirió mandarla a matar antes que dividir los bienes. Hipótesis que tampoco fue retomada por el fiscal, que tuvo frente a sí a la hermana de Macarrón -que además es su contadora- y ni siquiera le preguntó cómo hace el viudo para costear su defensa con un ingreso declarado de 130.000 pesos mensuales más un par de alquileres.

Un juicio sin fiscal no es un juicio: si no hay contrapartes no hay debate. Y eso fue lo que ocurrió en el juicio oral que se llevó adelante en Río Cuarto desde la segunda semana de marzo: un desfile inconexo y desordenado de testigos que declaraban lo que querían, hacían todo tipo de especulaciones y no aportaban nada al esclarecimiento del crimen. Un ida y vuelta que no pareció tener otro objetivo que confundir al jurado popular con testimonios que iban del viaje a Uruguay a los chismes de los amantes de Nora, de la imputación del “perejil” a la autopsia psicológica, del vuelo clandestino a las desavenencias matrimoniales.

El juicio fue un proceso caótico consentido por un tribunal inexperto que hasta le concedió al fiscal declarar a Nora Dalmasso “víctima de violencia de género” sin tener la menor idea de quién la asesinó y por qué motivos. También aprobó -a pedido del fiscal- enviar el expediente a la única fiscalía que puede intervenir para que siga la investigación hasta dilucidar “la verdad” sobre el homicidio de Nora Dalmasio. Una tenebrosa ironía refrendada por el abogado de la familia  del viudo, que mostró gran predisposición para colaborar en esa búsqueda “porque en definitiva alguien mató a la señora Dalmasso” (Brito dixit).

En un proceso verdaderamente kafkiano no se quedó atrás el zigzagueante hermano de la víctima, Juan Dalmasso -que pasó sin escalas de la marcha feminista que pidió justicia por Nora a las butacas de la sala asignadas a la familia  del imputado. Siempre desorientado y a mitad de camino, el único varón de los Dalmasso le dijo a los periodistas que se va a constituir como querellante en esa nueva causa. Sí, leyó bien: es la misma persona que excluyó a su madre de la querella a semanas de que empezara el juicio, dejando en manos del fiscal la resolución del caso. Es decir,  la consagración de la impunidad.

Cinismo

Tanto Brito como Rivero se tomaron varios minutos en sus alegatos para embestir contra el periodismo, único contrapeso real a la parodia de juicio que se montó para consumar la impunidad. “¿Qué es un fiscal? ¿Un acusador a ultranza? ¿Estoy obligado a mantener la acusación de Pizarro? No me puedo dejar llevar por cuestiones subjetivas o emocionales ni puedo ceder a presiones mediáticas y sociales, que las he tenido”, se quejó el fiscal.

“Los medios tiran mierda cuando las cosas no se hacen como ellos quieren”, agregó su co equiper Marcelo Brito, que no ahorró epítetos para referirse a los periodistas del diario Puntal que cubrieron  con rigor y profesionalismo todas y cada una de las audiencias del insólito juicio.

El verborrágico abogado de Macarrón tampoco se privó de amenazar con una presentación en el tribunal de ética de la Asociación de Magistrados contra el camarista Emilio Andruet, que se quejó ante los periodistas de que el imputado de un crimen gravísimo estacionara su moderna camioneta junto a su auto, en la playa que se supone es de uso exclusivo de los  magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

“Resulta que en un juicio mediático nos quieren decir qué es lo que tenemos que hacer”, insistió Brito, que abrevió notoriamente el discurso que tenía preparado luego de escuchar el alegato del fiscal, que además de pedir la absolución de su cliente tuvo sentidas frases reivindicatorias de los hijos del imputado, Facundo y Valentina Macarrón.

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