— ¡Señor, se retira de esta sala! Por favor, lo retiran… –ordena el juez y ex subcomisario de la Policía de Córdoba Carlos Rolando Escudero, presidente de la Cámara Penal que juzga a Lucas Bustos por el femicidio de Cecilia Basaldúa, a poco de comenzar el alegato de la Fiscalía en la jornada en que los jurados populares emitirán su veredicto.

—A mí no me molesta, no tengo problema… –dice el fiscal Sergio Cuello.

—A mí sí me molesta –lo corta el juez–. Está gesticulando desde que comenzó el alegato.

El expulsado es Daniel Basaldúa, padre de la víctima, y la escena es un símbolo de la investigación judicial y policial del asesinato: a espaldas de la familia y en dirección contraria a sus reclamos.

Ya en el pasillo de los Tribunales de Cruz del Eje, Daniel dirá a El Sur: “Para estar escuchando mentiras, me voy. Estoy indignado porque escucho al fiscal que nos prometió justicia y está mintiendo. Ojalá lo larguen a este pibe Lucas, porque no tiene nada que ver y no tienen ni una prueba. Aquí hay algo oscuro y ellos lo saben. Por eso no me quieren ahí. Nosotros queremos otro juicio, un juicio justo para Cecilia, que no merecía lo que le pasó acá en Córdoba”.

De fondo se oyen la batucada y los cánticos de los colectivos feministas y de derechos humanos que desde el momento del crimen acompañan a la familia: “¡Ahora, ahora, resulta indispensable, Justicia por Cecilia! ¡El Estado es responsable!”.

El lado oscuro del Uritorco

Cecilia Gisela Basaldúa había viajado como mochilera durante cuatro años por doce países de Latinoamérica. En diciembre de 2019 pasó las fiestas en Buenos Aires con su familia y en marzo de 2020 reanudó su periplo, en el que quería incluir a Capilla del Monte y su famoso cerro Uritorco. Tenía 35 años, era música autodidacta, cinturón negro de taekwondo, practicaba hockey sobre patines y comenzaba a escribir un libro con sus crónicas de viajes.

Un pasaje de sus escritos, rescatado en el alegato de la querella, es alerta y premonición: “Cuando cuento que estoy viajando, las frases que más escucho son ‘¿¡vos sola!?’ ¿y no tenés miedo?’ ‘¡Estás loca!’ ‘¡Qué valiente!’ ‘¿y el novio?’. Es triste pero, en lugar de ‘disfrutá’, me dicen ‘¡Cuidate!’. Quisiera ser la aventurera y no la valiente. Y como un llamado a la reflexión, debemos pensar qué podemos cambiar desde nuestro lugar como mujeres para erradicar este problema, que es mundial, y profundo, desde su raíz. Comenzando por la manera en que educamos a nuestros hijos, hasta cómo nos hacemos respetar. Nada justifica las atrocidades, pero todo se crea poco a poco”.

Cecilia llegó a Capilla el 19 de marzo, en vísperas del decreto que impuso la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid. Obligada a retirarse del balneario municipal, Viviana “Rasta” Juárez le indicó una vivienda semiabandonada a la vera del río, conocida como “la casita de piedra” o “el rancho de Niga” (apodo de su propietario Wenceslao López). Allí pasó tres días, pero se sentía insegura y una noche se le apareció el cuidador Raymundo Rey Heredia portando un machete. Entonces, la misma Juárez puso en contacto telefónico a Cecilia con Mario Mainardi, quien le insistió para que se mudara a su casa.

Allí se alojó Cecilia entre el 29 de marzo y el 5 de abril, día de su desaparición, recién denunciada por Mainardi el 8, cuando afirmó que ella había tenido “un brote psicótico” y se había ido porque “decía que la iban a matar”. El 24 llegaron desde Buenos Aires sus padres y el 25 apareció su cuerpo sin vida, en un campo a la vera del río en la zona de Los Mogotes y a 1.500 metros del basural municipal. La autopsia revelaría que fue víctima de un intento de abuso sexual, de un golpe que le fracturó la mandíbula y de estrangulamiento como causa principal de su muerte.

El 28 de abril fue detenido Lucas Bustos, de 23 años, quien vivía cerca de donde apareció el cadáver y habría confesado el crimen durante un interrogatorio en la comisaría de Capilla del Monte, a donde lo llevaron sin orden de captura ni abogado y “en calidad de testigo”.

“Me encantaría tener pruebas”

“Me gustaría contar con pruebas objetivas que comprometan al acusado. (…) Me encantaría tener ADN, sangre, huellas…, pero el paso del tiempo borró huellas, llovió, pasaron los días”, manifestó el fiscal Cuello en un pasaje de su alegato. No obstante y luego de considerar agotadas las líneas de investigación reclamadas por la familia de la víctima, consideró que hay “mérito suficiente para condenar al acusado por los delitos que se le atribuyen”. Así ratificó la acusación por “homicidio calificado por violencia de género y tentativa de abuso sexual con acceso carnal”, formulada durante la cuestionada instrucción de la fiscal Paula Kelm, y pidió la pena de reclusión perpetua.

A pesar de que la víctima era “una experimentada viajera y formada en defensa personal, estaba en situación de vulnerabilidad en el momento del hecho”, conjeturó Cuello. Aunque dijo no compartir “la idea del brote psicótico, que cayó tan mal”, aludió a un “proceso de disociación” mental, fundamentado en el análisis de los escritos de Cecilia en los días previos a su desaparición, donde “se advierte ambivalencia” y “pensamiento mágico”, lo que se habría agravado al “recurrir a sustancias psicoactivas como la marihuana, que no era habitual en ella”.

Como elemento principal de la acusación, el representante del Ministerio Público avaló el interrogatorio que derivó en la confesión y desestimó que haya sido obtenida bajo apremios ilegales. Tras describir cómo Bustos fue abordado por distintos oficiales, en distintas salas de la comisaría y sin que quedara un registro claro de esa indagatoria en la que “el acusado comenzó a quebrarse”, justificó: “La investigación es informal. No se puede andar formalizando todo”. “Aquí Bustos negó los hechos, pero en la instrucción los asumió”, concluyó.

Escena montada

A esa altura del juicio iniciado el dos de mayo pasado, cuyas 13 jornadas y 68 testigos mostraron numerosas y graves fallas en la investigación, a nadie le llamó la atención lo que en cualquier otro proceso penal resultaría insólito: que las querellas compartieran la posición de la defensa a favor de la absolución del acusado.

En primer término, Daniela Pavón, en representación de la familia Basaldúa, cuestionó: “El señor fiscal rompió el compromiso asumido con la familia de Cecilia de llegar a la verdad”. “Creemos que no se ha agotado la investigación respecto a Mario Mainardi”, quien para la querella es el principal sospechoso. “Las once muestras halladas en su casa con Luminol nunca fueron analizadas” y “a nadie le llamaron la atención los mensajes borrados en su celular”, reprochó.

Además, Pavón trajo a colación la situación penal del entonces director de Protección Civil de la Provincia, Diego Concha, y de varios policías que participaron en la investigación dirigida por el comisario Diego Alejandro Bracamonte, actual director de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte: “Quien debía buscar a Cecilia, Diego Concha, hoy se encuentra privado de su libertad, acusado de abuso sexual y violencia familiar. El comisario Hernán Luque, quien cuando Cecilia desaparece estaba a cargo del procedimiento en primera instancia, fue privado de su libertad por amenazar a su pareja con un arma. Ramón Ubaldini López, el cabo de la policía de Capilla, tiene numerosas denuncias por violencia de género. Y para coronar a este tipo de personas, que no tienen idea lo que es la perspectiva de género, el subcomisario (Ariel) Zárate (responsable operativo de la investigación). Ustedes han visto que declaró desde (la cárcel de) Bouwer (procesado por la privación ilegítima de la libertad de una joven de 21 años, robo y lesiones leves calificadas). Estas personas no pueden llevar a cabo una investigación teniendo en cuenta las normativas de protección a las mujeres, si lo único que saben hacer es violentarlas”.

La letrada querellante también planteó que durante la instrucción “no se respetó la perspectiva de género y se vulneró el derecho a la intimidad de la víctima. Se habló de la sociabilidad de Cecilia para explicar por qué le pasó lo que le pasó. Como si de nuestra personalidad dependiera lo qué nos va a pasar y si nos van a matar o lo que sea”.

Respecto al acusado, la abogada preguntó: “Lucas habría confesado, ¿en qué contexto?”. Y citó la frase de los policías que una testigo escuchó en la comisaría y consta en la denuncia por apremios: “Decí la verdad, porque tu hermano ya está preso y así podés terminar vos”. “Lucas llegó como testigo y nadie pudo explicar por qué a la mañana se había ordenado un allanamiento en su casa. La policía intentó montar esta escena. Tenían que ir por alguien y fueron por alguien. Lo peor de todo es que les han dado dos años de ventaja a los verdaderos asesinos”, concluyó.

Sin pruebas

En representación de la co querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gerardo Battistón se dirigió a los jurados populares para manifestarles que en este juicio “tienen la oportunidad de condenar o absolver, pero no tienen la oportunidad de dar una respuesta a la familia de la víctima”, ya que “no se ha investigado correctamente y no se ha analizado la prueba”.

“¿Cuál es la prueba contra Lucas Bustos? La única es la supuesta confesión en sede policial. ¿A alguien le quedó claro cuánto tiempo estuvo en la comisaría y por cuántas y cuáles personas fue interrogado? ¿Lo llevaron en una camioneta como testigo o como sospechoso? Después lo encerraron varias horas en una sala de tres por tres con varias personas. Es cierto que sufrió apremios ilegales”, corroboró.

A continuación, Battistón expresó: “Asusta la declaración del fiscal de que le encantaría tener un ADN… ¡Es el Ministerio Público Fiscal! El fiscal tiene que pedir condenas si tiene pruebas y si no pedir la absolución”. En caso de que el acusado fuera condenado, hizo reserva de apelación y de recurrir a la Justicia federal, porque “se están vulnerando derechos constitucionales”.

Sólo dichos

Al cierre de los alegatos, la abogada María Claudia Brandt expresó que el derecho a defensa de Bustos estuvo vulnerado desde el comienzo de la investigación, ya que “debió haber sido entrevistado por la policía judicial, no por el personal común”, por eso durante el juicio planteó la nulidad de la causa.

Además, la defensora resaltó que a los hermanos Lucas y Santiago Bustos “los trajo a la investigación Víctor Jaime”, dueño del camping “El Ranchito”, al pie del Uritorco y del campo donde apareció el cadáver de la joven. “Los policías le creyeron que pasaban por ahí con los animales. Don Jaime es el único que no ha sido entrevistado y está en todas las fotos de este caso”, reclamó.

“¿Se puede creer que los Bustos (Lucas y su hermano Santiago) fueron voluntariamente a la Policía?”, preguntó la abogada y recordó la escena supuestamente ocurrida en la comisaría: “Dicen que cuando entró (el oficial principal Luis) Arrieta y le mostró el carnet de Homicidios, entonces Lucas le dijo: ‘Ah, a vos te voy a contar la verdad’ ¿Puede creerse esto?”. “Aquí no hay pruebas. Lucas está en el banquillo de los acusados sólo porque cuatro policías dijeron qué dijo”, planteó la abogada.

Al igual que las querellas, Brandt responsabilizó a la fiscal de instrucción: “En base a la personalidad de una persona muerta y de una persona presa armaron toda esta película. Es costumbre de la doctora Kelm armar estas cosas. La conozco de otros casos. Aquí ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos”.

Juicio político

Al ofrecer la última palabra a la familia de la víctima, Susana Reyes y Daniel Basaldúa cuestionaron la actuación policial y ambos ratificaron que pedirán juicio político a la fiscal de instrucción. “Me ha desilusionado este señor fiscal, porque todas las palabras que escuché fue como escucharla a la fiscal Paula Kelm, que fue un desastre todo lo que hizo y quiero que se le haga un juicio político. Quiero que se limpie un poco la policía que hay acá, que es un desastre. Después de que mataron a mi hija, siguieron matando, secuestrando, amenazando gente”, dijo Susana.

“Quiero que se termine esto y haya justicia de verdad –agregó–, que no haya este mamarracho de expediente que hicieron, todo mal, todo armado. Acá atrás hay algo grande y feo, hay trata, hay droga… hay todo lo feo que se pueden imaginar. (…) A mí ya me mataron a una hija y no quiero que maten a nadie más”.

Susana volvió a sentarse mientras su esposo se incorporaba, miraba a los jurados populares y decía: “Sólo les pido que le den una oportunidad más a mi hija. Cecilia era una buena persona, una chica que sólo quería conocer el mundo y que otras personas puedan hacer lo mismo sin miedo”.

“Yo a Lucas no lo miraba y siempre le puse distancia, porque la fiscal Kelm me dijo que tenía muchas pruebas y a Cecilia la habían atacado entre dos o tres personas –explicó Daniel–. No sé dónde están las otras dos personas y no presentó ninguna prueba. Ahora lo defiendo, porque si lo condenan este crimen va a quedar impune y los asesinos van a seguir sueltos. Por eso les pido que absuelvan a Lucas y que se pueda ir a su casa, y pido una nueva investigación”.

“Nosotros a Cecilia no la tenemos más. Creo que en este momento estamos luchando más para que no le pase eso a otra gente”, reflexionó entre lágrimas.

El compromiso

Los ocho jurados populares y dos jueces técnicos se retiraron a deliberar. Tres horas después, resolvieron por unanimidad “absolver a Lucas Bustos de los hechos atribuidos por el señor fiscal de Cámara” y “recomendar al señor Fiscal General de la Provincia de Córdoba la designación de una nueva Fiscalía de Instrucción a los efectos de la prosecución de la investigación de los hechos”.

Desde la explanada de los Tribunales cruzdelejeños, la ovación tapó la lectura de los últimos ítems del fallo que puso en libertad a quien siendo inocente pasó más de dos años de su vida con los rótulos de violador y femicida en la cercana prisión de máxima seguridad. Un motivo más que contundente para que el Estado lo indemnice por daños y perjuicios. A las 19.10 de una larga y tensa jornada, las familias Basaldúa y Bustos salieron del edificio y recibieron el abrazo de la militancia que sostuvo el reclamo de justicia.

Integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte –organización que fue vanguardia en el aguante– y responsable de la cobertura de prensa de la Mesa de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos, Eugenia Marengo destacó que el juicio “permitió mostrar el rompecabezas de la impunidad y poner en evidencia las fallas del sistema judicial. Hay un entramado de corrupción que compete a los poderes políticos, policiales y judiciales. Hoy estamos contentas con esta pequeña pulseada ganada a la injusticia y empezamos de cero con una nueva investigación. Hay que seguir luchando desde afuera para que realmente se pueda llegar a la verdad, para que no haya más Cecilias y los femicidios y la violencia no queden impunes”.

Por eso se celebró como un triunfo. Por eso al soltarse del abrazo colectivo, se prometieron y le prometieron a la familia Basaldúa: “Nos vemos pronto”.