No podía ser distinto el final de una causa penal que expuso como ninguna el peor rostro del Poder Judicial de Córdoba. El viernes a la tarde, casi seis horas después de lo anunciado, la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto dio a conocer el mamotreto de 2.330 páginas que los abnegados empleados de tribunales tipearon para llegar a (des) tiempo al día establecido y notificar a las partes de los fundamentos del fallo que absolvió a Marcelo Macarrón por el crimen de su esposa Nora Dalmasso, a quien reivindicaron como víctima de violencia de género al tiempo que le adjudicaron un cuarto e inconfesado amante.

De las más de tres mil páginas que tiene el documento, apenas una treintena se refieren a las consideraciones que los camaristas Daniel Vaudagna, Natacha García y Gustavo Echenique hicieron para explicar el mayor bochorno judicial del que se tenga memoria en los tribunales de Río Cuarto. Como se esperaba, justificaron lo sucedido –un juicio sin controversias, ni careos, ni incidentes procesales- en el total acuerdo y coordinación que hubo entre el fiscal de Cámara Julio Rivero y el abogado defensor del imputado, Marcelo Brito. Explicaron, a modo de tardía justificación, que se impusieron garantizar el desarrollo del debate sin alterarlo en lo más mínimo ni hacer preguntas “indicativas” a los testigos que pudieran afectar su imparcialidad.

Los camaristas avalaron la controvertida actuación del fiscal Julio Rivero y deslizaron un tibio reproche a los prejuicios que llevaron a los fiscales de instrucción a estigmatizar a la víctima y condicionar las hipótesis de investigación del crimen. Paradójicamente, omitieron explicar por qué en un proceso en el que se jactan de haber aplicado  perspectiva de género le terminaron adjudicando un cuarto e insospechado amante a Nora Dalmasso. Al que además no identificaron y del que no existe siquiera un indicio en las casi diez mil fojas que tiene el voluminoso expediente, que decidieron remitir al fiscal Pablo Jávega. Será este nuevo fiscal –el sexto de la innominada lista oficiosa del caso, sin contar al fiscal de Cámara- quien deberá investigar al fantasmagórico nuevo amante de Nora que, según el sagaz Rivero, dejó su huella genética en el cinto de la bata con que la estranguló (el resto del abundante material genético hallado en la sábana de la cama, el cuerpo y las zonas íntimas de la víctima, fue donación del ahora absuelto Macarrón).

Causa muerta

“¿Saben dónde está el asesino de Nora Dalmasso?”, les preguntó un histriónico Rivero hace un mes a los miembros del jurado popular en su alegato. “En el cinto de la bata, con el ADN mayoritario de Nora y el minoritario de Marcelo Macarrón”, contestó.  Según el fiscal, “el asesino quizás –o no- debió haber estado muy preocupado hasta el 26 de noviembre del año pasado, del 2021, cuando se cumplieron 15 años desde la medianoche del día en que se cometió el delito y operó la extinción de la acción penal por prescripción”.

¿Realmente lo cree? ¿Un asesino preocupado a casi quince años de una investigación que jamás lo mencionó y del que nadie tiene la más remota idea de quién es, dónde vive y cómo conoció –e intimó- con la víctima?

Rivero fue aún más allá en su alegato: “Como fiscal le digo al asesino que no hay prescripción que esté por encima de la verdad y que, como fiscal, voy a solicitar que se pongan a disposición de esta fiscalía la totalidad de las actuaciones a los fines de que sea la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno,  en colaboración con Policía Judicial, la que dé con el asesino, lo identifique, le impute el asesinato de Nora Dalmasso, le fijen un hecho y lo indague, como hicimos -o como hizo el Poder Judicial de Río Cuarto- con Ale Flores”.

A esta altura es difícil establecer qué es más grave: si la liviandad de anunciar la (re)apertura  una investigación para buscar al anónimo portador de una huella genética aislada en el cinto de la bata con que estrangularon a Nora Dalmasso o la reivindicación pública de otro caso emblemático de impunidad en Río Cuarto: el de Alejandro Flores. 

En el primer caso, el fiscal Jávega, además de encontrarlo, el fiscal Jávega debería demostrar que el portador de la huella genética hallada en el cinto de la bata con que estrangularon a Nora es efectivamente el asesino y no el fabricante y/o vendedor de la prenda. ¿O es que la teoría de la “transferencia de ADN” de Nidia Modesti sólo rige para Macarrón? Pero incluso si eso fuera posible y el nuevo fiscal lograra la confesión del anónimo amante/homicida de Nora, no podría elevar la causa a juicio ni sancionarlo penalmente, porque el delito está prescripto. Irremediablemente prescripto. Por obra y gracia de un Poder Judicial al que no le alcanzaron los quince años que le otorga la ley para esclarecer el homicidio. Como tampoco le alcanzaron para resolver el crimen de Ale Flores, pese a que la única hipótesis que había en esa causa siempre apuntó a los policías que iban en el móvil que atropelló al niño Flores la misma tarde que desapareció.

El perverso círculo judicial del caso Dalmasso se cierra con la reivindicación del mismo funcionario judicial que el tribunal cuestiona en los fundamentos del fallo por sus prejuicios sexuales y la estigmatización que hizo de la víctima: el eterno fiscal de instrucción Javier Di Santo, autor de la imputación y posterior sobreseimiento por prescripción de los policías Gustavo Funes y Mario Gaumet, acusados del homicidio del pequeño Flores, cuyos huesos aparecieron sugestivamente en una alcantarilla cuando se cumplió el inexorable plazo de la prescripción del delito.  ¿Tendrá esperanza Rivero en que, garantizada su impunidad, aparezca el asesino de Nora?

Autoelogios

“La Policía Judicial de Córdoba es de excelencia, porque el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba es de excelencia, y porque el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba es de excelencia. A mí, en el ejercicio de la profesión, me ha tocado intervenir en diez jurisdicciones, doce jurisdicciones del país y yo sigo sosteniendo que el mejor Poder Judicial del país, no me cabe ninguna duda, es el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”, dijo Rivero al inicio de su alegato, momentos antes de consagrar la impunidad en el caso Dalmasso.

No es muy diferente la autopercepción del tribunal que juzgó a Macarrón y avaló la actuación de Rivero. A diferencia del presidente Vaudagna, que se preocupó en aclarar que los vaivenes del debate fueron producto del acuerdo entre el fiscal y el abogado defensor del imputado y que el tribunal no podía intervenir ni interrogar a los testigos para no incurrir en imparcialidad (¿?), la vocal Natacha García se explayó en los fundamentos del voto que declaró a Nora Dalmasso víctima de violencia de género. Lo hizo autoelogiando dos fallos recientes del tribunal que integra.  Pero además ponderó otro inesperado “rédito” del juicio: “Durante el transcurso de las audiencias, testigo tras testigo, vimos cómo las características que asociamos a ese nombre cayeron una a una”, dijo en alusión a los preconceptos que había sobre la única víctima de esta causa. “En el curso del debate –agregó- emergió otra Nora Raquel Dalmasso, distinta y real: conocimos a una mujer que le gustaba la soledad, la lectura y las plantas; generosa con su tiempo, atenta a las necesidades de los demás; una mujer que confiaba a San Antonio sus deseos auténticos: la salud de su padre y la relación con su marido (sic), los proyectos de sus hijos y algunas ventajas para la economía familiar. Supimos de su belleza y su cuidado personal (aunque eso – tal vez- era innegable), que cuidaba a sus hijos y su futuro, y que era celosa de su intimidad (tanto, que no la confió a nadie)”.  El marido por quien Nora, según la jueza, le rezaba a San Antonio no era otro que el imputado, absuelto por la carencia de pruebas, la inacción del fiscal y el beneficio de la duda.

¿En qué audiencias estuvo la jueza García? ¿Acaso se distrajo cuando los testigos se refirieron a los amantes del matrimonio Macarrón/Dalmasso? ¿O no escuchó la incorporación por lectura de sus declaraciones, ya que fiscal y defensor optaron coordinadamente por excluirlos del debate?  Pero aún: ¿No comprende la jueza García que en los propios fundamentos de su  fallo absolutorio convalidaron la hipótesis de que a Nora la mató un cuarto amante?

“Intuyo que detrás de los déficits de la investigación aparecen los estereotipos de género, sesgando algunas líneas investigativas y privilegiando otras, sucumbiendo al morbo y al escándalo. Intuimos, también, que detrás de los rumores acerca de sus decisiones privadísimas, emerge aquel estereotipo que asigna destinos funestos a las mujeres deseables y deseantes”, escribió la jueza con cuidada prosa feminista en la única crítica del tribunal a la investigación del crimen de Nora. Ni una palabra, en cambio, para la desafortunada Alicia Cid, ausente del debate pese a ser la testigo clave de la acusación del fiscal Luis Pizarro. ¿Será porque la amante de Macarrón era una testigo incómoda para todos? Afectada en su salud mental por lo que sabía del homicidio de Nora, dejó su trabajo en Tribunales y se recluyó en un convento de monjas en San Luis, hasta que logró salir para exiliarse en un pueblito del interior cuyo nombre parece otra ironía del destino: Salsipuedes.

Condena moral

En un curioso ejercicio de la magistratura, la agraciada magistrada García aclara en la fundamentación de su voto –al que adhirieron disciplinadamente Vaudagna y Echenique- que lo del tribunal hacia Nora es un reconocimiento, no una declaración: “Es importante destacar que la reconocemos y no la declaramos: es un acto de justicia que podría independizarse de la solución que se dio a la imputación del Sr. Marcelo Macarrón”. ¿Qué quiso decir realmente? El razonamiento es al menos curioso porque la conclusión del fiscal –compartida por el tribunal- es que a Nora la mató un amante con el que mantuvo relaciones sexuales consentidas.

“Es imperioso que la investigación criminal y su reflejo en la sociedad proteja los derechos póstumos de las víctimas, así como los de  los miembros de su entorno”, insistió la jueza. Y ordenó que esa perspectiva de género se plasme “en la tarea de prosecución de la investigación penal preparatoria con prioridad de juzgamiento y como efectivización del derecho a la verdad de las víctimas”. Otra tarea (im)posible para el fiscal Jávega.

El crimen que conmovió a Río Cuarto y al país todo quedó impune. Macarrón fue absuelto y Nora “reconocida” como víctima de violencia de género. Al margen del malhumor social y haciendo oídos sordos a la indignación popular que provocaron los vaivenes del juicio, los ostentosos privilegios  y la previsible absolución del imputado, el paupérrimo saldo que dejan los quince años de investigación judicial y los cuatro meses de debate oral no parecen haber afectado el buen ánimo y la sólida autoestima de la corporación judicial cordobesa. El fiscal Rivero se dio el gusto de reivindicar la tarea del prejuicioso fiscal Di Santo y el tribunal reconfiguró la imagen de Nora para mostrarla como una abnegada ama de casa y madre de familia, borrando de la faz del expediente  tanto a su(s) amante(s) como a la amante de su marido.

Todo políticamente correcto, con la única salvedad de que el crimen quedó impune.

¿Es esta la Justicia que se pretende para Córdoba? ¿Una Justicia que no resuelve los crímenes pero filosofa sobre valores morales?  ¿Qué no pide ni una imputación por falso testimonio a testigos falaces pero ordena investigar un delito prescripto? ¿Qué reivindica casos de evidente mala praxis –como el de Ale Flores- mientras cuestiona a los medios de comunicación por difundir críticamente sus propios desaguisados?

Ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, ni el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, han querido dar una respuesta al respecto. Su estruendoso silencio avala el mayor bochorno judicial de la historia reciente del Poder Judicial cordobés.