“Hay una continuidad del discurso de la dictadura que no ha sido encarada políticamente ni por el radicalismo ni por el peronismo. En pocas palabras, al cordobesismo le sirve este tipo de policía”, dice Claudio Orosz, el abogado que logró la primera condena de Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad y representó a las querellas que lograron otras tantas sentencias al genocida. Pero su mirada aporta además experiencia en casos de violencia policial: fue abogado del periodista Dante Leguizamón en la causa que determinó la condena por amenazas del ex jefe de policía Julio César Suárez. Además interviene en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como amicus curiae en el juicio contra los policías que asesinaron al joven Blas Correa y quienes pretendieron encubrir el crimen.

Revista El Sur convocó a Orosz para abordar a fondo el “problema policial” de una fuerza que acumula un historial de crímenes sin que el poder político haya logrado evitarlos en casi 40 años de democracia. Una fuerza policial que siempre parece estar al límite de la ley y que desde la restauración democrática cruzó demasiadas veces esa delgada línea roja.

El último hecho que conmocionó al Valle de Punilla es el asesinato por asfixia de Jonathan Romo en una comisaría de La Falda. El hombre de 35 años, con problemas psiquiátricos y de adicciones, fue sometido a vejámenes que terminaron con su vida. Seis policías están detenidos por el hecho.

Los casos de tortura, gatillo fácil y/o manipulación de procesos investigativos evidencian la  necesidad de imponer cambios drásticos en la fuerza. En ese marco, las críticas a la política oficial de seguridad ciudadana se replican y ponen en tela de juicio la capacidad de gestión que el cordobesismo lleva adelante desde hace más de dos décadas. Actualmente el área de seguridad está a cargo del ministro Alfonso Mosquera, hombre del peronismo de Río Cuarto que logró una llamativa continuidad en el gobierno de Juan Schiaretti. Para muchos, su continuidad al frente del Ministerio de Seguridad es un verdadero milagro, sobre todo después del ajusticiamiento que la policía hizo del joven hincha de Belgrano Blas Correa, fusilado a quemarropa por los uniformados de la provincia, que después plantaron un arma y pretendieron responsabilizar al joven de su propia muerte.

Pero ahora, tras el nuevo escándalo del caso Romo, las críticas le llovieron a Mosquera tras las declaraciones del ex jefe de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, Julio Faría. Apenas fue removido de su cargo,  denunció públicamente los graves déficits de formación profesional y técnica de los uniformados cordobeses. Mosquera dijo que no se iba del cargo porque tenía “una misión que cumplir”. No aclaró si esa misión era hacer cumplir la ley a la Policía de Córdoba, que está bajo su (des)control.

“Es llamativo”, admite Orosz cuando comenta el caso Romo. “En el interior, en pasajes de Córdoba a Rio Cuarto, a Cruz del Eje, a Deán Funes, no existe la Policía Judicial, que es una fuerza que tienen las grandes ciudades y funciona como un freno para aminorar la absoluta arbitrariedad de la policía”, advierte.  Y agrega: “Por eso en el interior quien lleva adelante las investigaciones penales quien tiene en sus manos la Justicia es la Policía. Así, cuando alguien de la fuerza comete un crimen, es la propia Policía la que debe investigarse. Esto es contrario a las instrucciones especiales de la Convención de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que instruye que jamás pueden ser miembros de una fuerza quienes investiguen delitos cometidos en ese mismo organismo de seguridad. Pero esto pasa incluso en zonas turísticas conocidas a nivel provincial y nacional”.

Vidal Lascano

Una de las iniciativas que llevó adelante el Gobierno provincial a raíz del asesinato de Blas Correa, ultimado por la espalda cuando el auto donde circulaba fue baleado en un control vehicular por uno de los policías destinado al lugar, fue la creación por ley del Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de Córdoba. Se trata de un ente establecido por fuera de la Policía, integrado por abogados y personal civil, que lleva adelante la investigación sumaria, y lo componen representantes de la Justicia, del Poder Legislativo y del Gobierno.

Para Orosz, el organismo “es un maquillaje para que todo siga siendo igual. Se hizo con las mismas “buenas intenciones” (recalca las comillas) que tuvo el antiguo Tribunal de Conducta Policial. En la causa de Dante Leguizamón teníamos serias sospechas que el Tribunal tenía cajoneadas denuncias de violencia de género, particularmente de violencia familiar, contra el jefe Suárez, que fue condenado por su agresión al periodista. Ahora en el organismo de control hay representantes de Derechos Humanos a quienes podés recurrir, pero el sistema de encubrimiento policial está bastante aceitado, se especializó desde la dictadura”.

Y añade que “Miguel Robles (NdR: ex integrante de la Policía de Córdoba y jerárquico de la Policía Judicial, que fue titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación) me confirmó que no hay policía que esté en la calle que no tengo a mano lo que en la jerga se llama “un perrito”, que es un arma vieja sin numeración, para plantarle a alguno que haya matado”.

“Eso intentaron hacer en el caso de Blas Correa. Como no tenían “perrito” salieron desesperados a buscar uno en la zona. También en el caso del Güere Pellico, donde quedaron en evidencia porque entraron a una obra a preguntar por un arma. ¿Para qué la querían? Para ponérsela en la mano al Güere una vez muerto y aducir que el homicidio fue en defensa propia”, explica Orosz.

El crimen de Güere fue el disparador para que, ante las protestas de familiares y vecinos, la Policía irrumpiera de noche en un operativo muy violenta al barrio Los Cortaderos. Esto motivó al periodista de Radio Universidad Dante Leguizamón a cubrir el hecho y dar alerta de lo que estaba pasando en esa barriada humilde del norte de la ciudad. Posteriormente sufrió las amenazas del jefe de policía en persona, que a la postre fue condenado por ese hecho. También fueron condenados los policías que mataron por la espalda a Pellico.

En una entrevista reciente publicada por el semanario MI Córdoba, Robles advirtió que la Policía de Córdoba “debería saber tirar, pero antes debería aprender a respetar la vida".

Orosz critica que el organismo de control disciplinario tenga como representante del Poder Ejecutivo al ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, quien fuera Fiscal General de la Provincia al momento del crimen de Nora Dalmasso. En aquél momento debió renunciar a raíz del “perejilazo”, la movilización popular que dejó en evidencia la intención de la Policía de Córdoba –con el inefable Rafael Sosa a la cabeza- de cerrar el caso inculpando al “perejil” Gastón Zárate. Tras el papelón, Vidal Lascano hizo volver a sus fiscalías de origen a los dos funcionarios que le había adosado a Javier Di Santo (Rubén Moine y Marcelo Hidalgo).

“¿Sirve de algo haber nombrado a un funcionario que siendo Fiscal General le mataron a Nora Dalmasso prácticamente en la cara y dejó que la escena del crimen se contaminara casi hasta por el perro del vecino?”, se pregunta Orosz. Y agrega: “¿Qué garantía nos da que eso no siga sucediendo si en realidad la formación policial es una farsa donde se enseñan derechos humanos y promoción de la vida comunitaria pero por lo bajo, con bien dice Miguel Robles, te enseñan que tengas un “perrito” para que no te metan preso, para que si matas a alguien sea en defensa propia? O, como en el caso de Blas Correa, tiren un “perrito” en la plaza y digan que fue la pistola con la que balearon a Blas.”

Herramientas

El pesimismo de la razón pareciera matizar el análisis del paisaje policial. El feminicidio de Cecilia Basaldúa sigue impune a más de dos años de cometido, debido a que quedó claramente establecido en el juicio oral realizado en Cruz del Eje que el joven acusado Lucas Bustos no era el autor del crimen. Así lo pretendió establecer el auto de elevación a juicio, donde la fiscal de instrucción Paula Kelm “compró” la versión policial que sindicó a Bustos como el feminicida. La querella de la familia Basaldúa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidieron la absolución por falta de pruebas y el jurado popular resolvió declarar inocente al albañil.

Se trató de otro caso donde “había una decisión política de resolver rápido el tema. Bustos era un perejil”, explica Orosz.  En el caso intervino como abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el abogado Gerardo Batistón.

“No le veo solución con estas herramientas a la violencia institucional”, reflexiona Orosz. “Córdoba no firmó el protocolo adicional de la Convención contra la Tortura, tampoco creó la Comisión Provincial contra la Tortura que pueda vigilar a la Policía de manera permanente. La terrible policía mendocina está bastante mejor desde que la Comisión Interamericana le revisó las cárceles y desde que la Comisión contra la Tortura empezó a caerles encima sin que supieran previamente que los iban a fiscalizar, a controlar las comisarías y penitenciarías”, señala el letrado.

Y concluye apuntando contra el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera: “Nunca debió haber llegado al Ministerio. Ser hijo de un juez no garantiza saber de seguridad. ¿La gestión? La califico por debajo de cero. Como ministro sólo fue peor Oscar Aguad, que tenía como subjefe a Carlos “Tucán” Yanicelli -torturador y genocida, integrante de la tenebrosa Dirección de Inteligencia Policial (D2) durante la dictadura-, que organizó un robo al Banco Nación de la sucursal Laguna Larga”.