El pasado 30 de agosto, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, ha sostenido la necesidad de replantear el funcionamiento jurisdiccional entre las facultades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las propias del gobierno federal que tiene su sede en esa ciudad.

Como diría Joaquín V. González, en su “Manual de la Constitución Argentina”, con motivo de la discusión por la transformación de la Ciudad de Buenos Aires en capital federal, “todo gobierno supone la posesión de un territorio donde residan sus autoridades (...) Su importancia está en la naturaleza de las cosas, en la necesidad de dar unidad a todas las funciones, procedimientos y actividades que constituyen la vida civil y política.La capital es en el orden físico la realización del poder supremo en el orden constitucional”.

Así, luego de una dura y sangrienta lucha, el 6 de diciembre de 1880 se promulgó la Ley 1029 y con ella se declaró oficialmente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Ello significó el momento en que el nuevo poder surgido en 1853 encontraba, definitivamente un espacio calificado y propio para ejercer exclusivamente su influencia y voluntad. El gobierno nacional tenía su sede y dejaba de ser huésped de una provincia. Distrito Federal que luego tomaría dimensiones definitivas al incorporársele los municipios de Flores y Belgrano.

Se daba lo que el presidente Nicolás Avellaneda sostuvo, que “Nada había dentro de la Nación superior a la Nación misma”, porque la nación, sin su asiento político en Buenos Aires, no era nada, y necesitaba, para bien o para mal, ese entorno físico que daba la potencia y el poderío requeridos para tomar el timón del país y manejarlo.

Luego de la reforma constitucional de 1994, se otorgó a la ciudad de Buenos Aires una nueva situación jurídica, sin transformarla en una provincia. En el art. 129 se dispuso, que "La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad".

Antes de 1994, la ciudad de Buenos Aires operaba como un simple municipio que tenía la facultad extraordinaria de tener representación propia en las cámaras de senadores y diputados del Congreso de la Nación, pero no elegía su Intendente Municipal, cuya elección era facultad del presidente de la Nación. Resultaba pertinente permitir que los habitantes de la ciudad eligieran su propio Intendente y sus autoridades locales.

Después la Ley 24.588, de noviembre de 1995, determinó en general la distinción entre los intereses del estado nacional en la ciudad de Buenos Aires, y estableció que se aseguraba “el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación”, (art. 1) y se agregaba, que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones” (art. 1).

En este último aspecto, resulta que la vicepresidenta en ejercicio Cristina Fernández, en su vivienda del barrio de la Recoleta, ha sido víctima en todo momento de hostigamientos fomentados por determinados medios de difusión hegemónicos. Prácticamente y por diversas razones, a cada momento frente a su casa se organizaban cacerolazos y distintos encuentros ruidosos hasta altas horas de la noche, con consignas e insultos en contra de la ex presidenta. Por su parte, los opositores en una política de odio, colocaban su cara en bolsas mortuorias, le deseaban la horca y a ella y a sus seguidores les prometían muerte en la guillotina, cárcel o exilio. También le apedrearon su despacho en el Senado de la Nación.  

En ningún momento, la policía de la Capital Federal aplicó multas o sanciones, ni dispersaron a dichos grupos agresivos, tampoco les exigieron horarios para manifestarse o trataron de evitar los ruidos molestos que ello traía a los vecinos, con sus altavoces y gritos. En todo momento, a dichas manifestaciones se las rotulaba como propias del ejercicio de la libertad de expresión de quienes no querían a Cristina, y varios medios de difusión las trasmitían en directo. Las autoridades municipales entendieron queello no afectaba al vecindario.

En agosto de este año, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en la causa denominada de “Vialidad”, incorporando hechos nuevos en el juicio, sin haber podido la defensa expedirse sobre ellos, solicitaron para Cristina una condenada a 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y un resarcimiento de $ 5.321.490.271. Contra eso, pidió la defensa la posibilidad de referirse y ofrecer prueba respecto de los nuevos hechos incorporados. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 donde tramita el caso, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, no lo permitió.

De allí es que, sumado a otras graves irregularidades y parcialidades de la causa en contra de la Vicepresidenta, muchos hombres y mujeres se desplazaron hasta su casa para manifestar su descontento con la manera arbitraria como la estaban tratando la justicia.

Pero resulta que el sábado 27 de agosto, la esquina de la casa de la Vicepresidente apareció vallada por la policía municipal de la CABA, mediante lo cual, se pretendía impedir que la sociedad demostrara su afecto a Cristina y la acompañara. Aparecieron vallas, la infantería de la policía de la ciudad de manera agresiva aplicópalos, gas lacrimógeno y gas pimienta contra los seguidores de la vicepresidenta que se manifestaban pacíficamente. Todo ello, en un contexto, de una verdadera prisión domiciliaria, sin garantizarle derechos esenciales a ella y a su familiar, ya que con violencia no le permitieron a su hijo Máximo ir a verla.

Resulta inaceptable que una autoridad de la nación, como es la vicepresidenta dependa de los caprichos policiales de un intente de la CABA como Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno Federal es el verdadero dueño de casa y en todo caso las autoridades municipales tendrán que coordinarse con las autoridades nacionales para tomar decisiones,como las adoptadas,que afectan a autoridades federales. Es urgente volver a poner las cosas en su lugar, de lo contrario retrocedemos a 1880.