El director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, apuntó en diálogo con Revista El Sur que en los últimos tres años la mayoría de las provincias adoptaron instrumentos que previenen situaciones de violencia institucional, pero Córdoba no lo hizo. “En todos los Consejos Federales pedimos a las provincias crear los mecanismos locales de prevención de la tortura, incluso en 2020 se firmó un compromiso de todas las jurisdicciones para que los instrumenten. Por suerte algunas empezaron a cumplir, pero Córdoba todavía no y necesitamos que lo creen lo antes posible”, insistió el funcionario. 

En diálogo telefónico desde su despacho en CABA, Przybylski evaluó la reacción del Estado provincial frente a los casos de dominio público donde policías quedaron involucrados en asesinatos y/o encubrimientos. También opinó sobre la reacción del poder político local. “En el caso de Jonathan Romo hubo una declaración del gobernador casi inmediata que me pareció acertada, sumada a algún repudio de la política de gobierno y una rápida investigación sobre los policías implicados, cosas que antes no vi. Después del caso de Blas Correas se hizo un cambio en la forma de sancionar en el proceso disciplinario de la Policía de Córdoba, a través de una ley que sacó el proceso sancionatorio del ámbito de la misma Policía, eso es positivo. Sé que todavía no está funcionando del todo bien y habrá que ajustar ahí, pero como iniciativa me pareció que va en el sentido correcto. Lógicamente, hasta este último caso (se refiere al caso Romo), no veníamos viendo un repudio fuerte en Córdoba con los casos de violencia institucional”, agregó.

La dependencia a su cargo sigue de cerca también el caso de Joaquín Paredes, el adolescente asesinado por la Policía en la localidad de Paso Viejo en el marco de controles realizados durante la pandemia, en un tiroteo que aún conmociona a los vecinos. “Para nosotros, y lo dice el secretario (Horacio) Pietragalla, nadie está exento de sufrir casos de violencia institucional, que un policía mate un pibe, una persona, cuando sos gobierno. Lo importante es la señal política y la reacción que tenés ante el hecho. Si un policía comete un asesinato con su arma reglamentaria es algo atroz, que no puede pasar, y la reacción política inmediata debe ser el sumario administrativo, el pase a disponibilidad, la condena y el repudio público porque eso no puede pasar en la fuerza. Y el acercamiento a la familia de la víctima para poner a disposición las herramientas que tiene el Estado”, consideró.

“En el caso de Blas Correas, la mamá hace muy poquito pudo ser recibida por el Poder Ejecutivo de la Provincia, aunque sea para darle las condolencias. Ni eso habían hecho. Por supuesto que hay reacciones y reacciones, no son todas iguales y nosotros valoramos a los gobiernos que tienen una postura firme contra la violencia institucional. También valoramos la investigación judicial en el caso de Blas Correas, muy diferente a lo que sucedió con el caso de Cecilia Basaldúa”, concluyó.