Es una de las que figura al tope del ranking de camionetas de alta gama y una de las más buscadas por los aficionados al lujo y la sofisticación. La BMW X3 se halla entre las todo terreno que se disputan el segmento más exclusivo del mercado, destinado a un público muy selecto y de gran poder adquisitivo. Tan exclusiva es esta SUV que su cotización, por mucho que se busque, siempre aparece en dólares. Ni lo intente… pesos no le van a recibir.

El valor de una BMW X3 cero kilómetro promedia los 145 mil dólares. Pero su modelo más alto supera los USD 200 mil. A las usadas no les va nada mal: hoy una BMW X3 de ocho años de antigüedad promedia un valor de 45 mil dólares.

Todos esos datos se desprenden del último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Después, el mercado “real” podrá corregir levemente esas cotizaciones –hacia arriba o abajo-, pero son números de referencia que dejan en claro que no se trata de un vehículo para cualquiera. Para la mayoría de los argentinos, poseer una camioneta de este tipo es una utopía inalcanzable, un sueño absurdo.  Salvo que fuera uno de los “bendecidos” por la Justicia de Córdoba, que las otorga en forma gratuita.

Pero claro, eso tampoco es para cualquiera.

Hecha la ley

Cuando todavía estaba compuesta por dos cámaras, el 25 de julio de 1996 la Legislatura de Córdoba sancionó la ley 8.550. La idea de los legisladores era evitar que se siguieran arrumbando autos confiscados por el Poder Judicial en los depósitos del Estado. “Los automotores secuestrados en causas penales serán entregados en el término de treinta días por el Juez o Fiscal de Instrucción, definitivamente o en depósito, a sus propietarios, poseedores o legítimos tenedores. Si éstos no pudiesen ser individualizados o hallados al vencimiento del término, deberán ser puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá entregarlos en depósito al organismo pertinente para su exclusiva afectación a una función o servicios públicos específicos”.

No parecía una mala idea. Con esta ley se daría uso a vehículos que de otro modo terminaban desvalorizados y/o convertidos en trastos inservibles y amontonados, generando además costos al erario público y contaminación ambiental. El problema es que la ley dejó en las exclusivas manos del TSJ la administración y decisión sobre el destino de esos vehículos, ya que lo facultaba a asignarlos con total discrecionalidad, con la única condición de que fueran afectados “a una función o servicios públicos específicos”.

Municipios, comunas, ministerios, organismos de seguridad y hasta integrantes del propio Poder Legislativo hicieron cola para recibir alguno de estos vehículos. Sus datos se repiten por centenas cuando se repasa la página de información pública que la propia Justicia pone a disposición a través de su (resucitada) página web. En esos mismos listados, aunque muy excepcionalmente, aparecen también algunas fundaciones.

Ginecóloga 4 x 4

Casualmente, el vehículo con el que comienza esta crónica, una formidable camioneta 4x4 marca BMW X3, aparece asignada a una fundación. ¿Qué clase de fundación podría necesitar un vehículo de estas prestaciones? Uno podría pensar que una 4x4 podría ser necesaria para voluntarios que trabajan con escuelas rurales, o en lugares de difícil acceso, o en tareas que exijan brindar servicios bajo situaciones extremas.

No fue el caso. La BMW X3 color azul que sólo tenía ocho años de antigüedad cuando cayó en manos de la Justicia, fue asignada al Instituto Modelo Privado de Ginecología y Obstetricia de la ciudad de Córdoba. Como lo dice su nombre, se trata de una institución de salud privada, famosa por ser una de las referencias en materia de fertilización y embarazo asistido, que ofrece costosos tratamientos médicos que muchas veces las obras sociales se resisten a cubrir. A ella suelen llegar parejas desesperadas con problemas para gestar, que suelen dejar verdaderas fortunas con la esperanza de ser bendecidas con el milagro de dar vida.

¿Cómo se explica que la Justicia de Córdoba le haya entregado una camioneta que al momento de su asignación estaba valuada en unos 45 mil dólares?

Las respuestas pueden ser variadas. Si se consulta a la propia Justicia, algo que revista El Sur hizo el tres de agosto último a través de la presentación de una solicitud de acceso a la información pública, la respuesta -que  demoró 27 días en llegar y lleva la firma de la vocal del TSJ Aída Tarditti-, señala que “en el marco de lo dispuesto por la ley 8.550, el vehículo fue entregado en depósito a la ONG Fundación IMGO el 17/11/2014, para ser utilizado en las funciones sociales de bien público (gratuitas) que realiza para el traslado del equipo (colposcopio, fotósforo), insumos (espéculos, muestras médicas, fichas de registro, etc.) y personal médico y administrativo, en el interior de la Provincia y en el país”.

Como lo hacen otras instituciones privadas de salud, también IMGO tiene su propia fundación. Pero en este caso no se ha logrado determinar ni de cerca una cantidad medianamente discreta de actividades de bien público desarrolladas por Fundación IMGO que justifiquen mínimamente la asignación de un vehículo de clase A, más allá de algunas conferencias sobre prevención de cáncer de mama y otras actividades similares (sin duda iniciativas valiosas, lo que no está en discusión).

Tampoco ayudan demasiado los perfiles de la propia fundación IMGO en las redes sociales. En Twitter, el usuario @fundacionIMGO se presenta como un espacio que “promociona la actividad de la Fundación IMGO, para ayudar a las mujeres en cuidar su salud”. Creada en abril de 2017, la cuenta tiene un seguidor y un seguido y muestra sólo siete publicaciones. En todos los casos, se trata de mensajes de concientización sobre el cáncer de mama e invitaciones a contactarse con la institución privada para realizarse controles. En ningún lado se consigna la posibilidad de que esos controles sean gratuitos.

Algo muy similar ocurre en Instagram, donde la cuenta fundacionimgo sólo muestra siete publicaciones, en un perfil que cuenta con 36 seguidores y que carece de actividad desde mayo de 2018.

Gran hermana

En marzo de 2014, la abogada María Marta Cáceres de Bollati cambió su butaca mayor en la Fiscalía General de la Provincia por una más mullida en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ocho meses después de su nombramiento, el TSJ firmó la resolución 221/14, que asignaba el lujoso vehículo secuestrado por la propia Justicia –la exclusiva camioneta BMW X3 azul- a la Fundación IMGO. Probablemente algo haya tenido que ver el hecho de que en esa institución trabaja -incluso hasta el día de hoy- una de las hermanas de la suprema: la ginecóloga María Mercedes Cáceres. Su nombre aparece entre el listado de profesionales más destacados, según lo consigna la propia web de la institución, que muestra a la doctora Cáceres de inmaculado guardapolvo blanco con su nombre bordado en el bolsillo.

El vehículo de alta gama cedido por el TSJ a la hermana de una de sus integrantes fue usufructuado al menos durante cuatro años por la fundación IMGO, que sólo tuvo que afrontar el pago del seguro, ya que tanto los impuestos provinciales como los municipales corrieron totalmente a cuenta del Estado.

La costosa BMW, según detalla la escueta respuesta firmada por Tarditti ante el pedido formal de revista El Sur, estuvo en poder de la clínica donde trabaja la hermana de la jueza Cáceres de Bollati hasta el 22 de febrero de 2018, cuando “el depósito fue dejado sin efecto”.

Fueron casi cuatro años de uso y disfrute de un vehículo a puro lujo.

Sin explicaciones

Desde el TSJ no respondieron al pedido de este medio para dialogar con la vocal Cáceres de Bollati. Este medio le ofreció una entrevista  para que pudiera hacer su descargo y/o brindar alguna explicación sobre un acto de cesión discrecional de un vehículo de alta gama a la fundación de una clínica privada (es decir, con fines de lucro) en la que su propia hermana figura como profesional destacada. ¿Le pedirán explicaciones los legisladores ahora que la controvertida cesión se hizo pública? ¿Investigará algún fiscal de oficio si existe una figura delictiva en la que encuadre la conducta de la suprema Cáceres de Bollati? ¿O todo quedará, una vez más, blindado en el hermético silencio de la corporación judicial cordobesa?

Quien sí se expresó sobre el particular “comodato” del TSJ a la hermana de la vocal Cáceres de Bolatti fue el abogado Jorge Cardozo, quien advierte que la asignación de ese vehículo de lujo al IMGO “es una decisión totalmente discriminatoria”. Junto a otros abogados del foro local, Cardozo estuvo entre los organizadores de la marcha del 27 de julio último en el centro de Córdoba y frente a Tribunales II, donde le reclamaron al TSJ por el exceso de prisiones preventivas y el consecuente hacinamiento carcelario que genera esta situación.

En diálogo con revista El Sur, el abogado advierte que la potestad otorgada por los legisladores al TSJ ha sido “totalmente desvirtuada”. Y no duda en conectar esa potestad discrecional con la propia actuación del Poder Judicial: “Estamos en una provincia donde se dictan preventivas a mansalva. Y encima, aunque todavía seas un procesado y no tengas condena, te secuestran el vehículo y se lo dan a una intendencia o a una ONG. Después te lo devuelven destruido. ¿A quién le vas a reclamar?”.

El abogado señala que el secuestro y reasignación de la posesión de un vehículo “no hace otra cosa que sumar más elementos para que a un acusado nunca lo declaren inocente”. “Te metieron en la cárcel tres años con preventiva, te dejaron sin trabajo, te fundieron el negocio, te sacaron el auto… ¿qué juez después de todo eso va a querer firmarte un sobreseimiento? ¿Qué juez se va a animar a decirte que todo eso fue un error?”, se pregunta.

“Todo es parte del mismo mecanismo, de la misma trampa mediante la cual la Justicia se termina haciendo dueña de todo. Es la misma inmoralidad. Diría que todo es parte del mismo negocio”, concluye.