La seguidilla de muertes de bebés sanos, que la Fiscalía interviniente de Raúl Garzón adjudica hasta el momento la enfermera del Hospital Neonatal Brenda Agüero, conmovió los cimientos del sistema sanitario provincial y a sus responsables políticos como no lo hizo la pandemia de Covid-19. La crisis se llevó puesto al ministro de Salud Diego Cardozo, un cirujano con formación policial que hizo una rápida carrera política. Residente en el servicio de Cirugía General en el Hospital San Roque, pasado a servicio una vez finalizada la etapa formativa, a los dos años logró hacerse con el puesto de director del Centro de Salud. De ahí saltó al Ministerio bajo la conducción de Francisco Fortuna, a quien logró reemplazar en 2019, cuando el dirigente de Oncativo -y dueño de una clínica local- pasó a la Legislatura.

La marca de Cardozo deja señalizada una huella en el sistema sanitario que tardará en olvidarse porque llevó al paroxismo la gestión del Estado que es bandera de seña identitaria de las más de dos décadas del justicialismo cordobés. “En parte no sorprende lo que ocurrió porque el contexto se viene denunciando hace años. Esta catástrofe podría haber pasado en cualquier momento”, dice el médico intensivista del Hospital Misericordia Pablo Agüero, que es delegado de ATE, uno de los sindicatos con actuación dentro del ámbito de la salud provincial que el Gobierno se niega a reconocer debido a su actitud combativa y opositora a la gestión cordobesista.  

Al igual que la UTS, que denunció penalmente a Cardozo, ATE fue de las primeras voces que reclamó la renuncia del ministro. Agüero no duda en apuntar contra su figura: “Con Cardozo el manejo fue casi policial, todo se informaba para arriba en un régimen jerárquico muy estricto y hermético, sumado al maltrato, a los jefes destinados a dedo en los lugares de gestión, con cargos interinos porque no hay concursos de cargos de jefatura hace años”. 

La referencia inmediata es el memo interno de 2018, que se difundió apenas conocido el caso, donde un Cardozo que firmaba como secretario de Asuntos Asistenciales del Ministerio de Salud ordenaba, bajo apercibimiento de recibir sanciones, que cualquier contacto con la prensa de los directores, subdirectores y jefes de área hospitalaria y otras dependencias debía canalizarse al Ministerio y al Área de Prensa Central, en el Panal.

“Esa política de la mordaza afectó inmediatamente la comunicación con la comunidad derivándola al Ministerio, que tiene oídos en todas las paredes de los hospitales (sonríe con un dejo de ironía); no sólo por los carriles convencionales, sino también informales”, sostiene Aguirre. Sería al menos curioso que esa mecánica de circulación comunicativa centralizada se hubiera visto interrumpida en el caso del Neonatal. ¿Cómo es entonces que el Ministerio pudo ‘no saber’ que pasaba? ¿Cómo fue entonces que no hizo la denuncia?

Falta personal

Los trabajadores con más años de experiencia hablan de que la falta de personal hace que cada vez sea más difícil trabajar, con jornadas mucho más arduas para cubrir los espacios y sobrecarga de trabajo. Es común encontrar al personal de salud con dos trabajos o incluso más, para poder cubrir el ingreso mensual. Esto genera estrés laboral. “Con la pandemia se vio mucho. Por eso empezaron a contratar gente que quizás no estaba lo suficientemente formada, hubo una  cantidad de contratos basura que se labraron en ese momento. Y desde el Gobierno decían que no se conseguía personal, pero si pagás como corresponde se encuentra personal rápidamente”, sostiene el delegado.

En esa línea, el secretario general de la UTS, Gastón Vacchiani, señaló que los últimos hospitales inaugurados tuvieron mucho despliegue de propaganda oficial, pero después se vieron impedidos que prestar los servicios de manera acabada por la falta de profesionales. “En el Hospital Eva Perón les renunció la mayoría del equipo de profesionales porque los tenían como monotributistas y cobrando dos mangos”, reseñó el dirigente. El Eva Perón es un nuevo centro de salud inaugurado en enero pasado y está ubicado en el suroeste de la ciudad, en barrio Los Filtros.

Precarización

Con trabajadoras y trabajadores sobrecargados, con jefes sin autonomía, es posible que en algunos hospitales los servicios decaigan por el cansancio y el estrés permanente. A esto se suma el impacto de la pandemia en los equipos de salud, que resultó muy extenuante, con jornadas devastadoras, con poco personal, sometidos a tener que cubrir espacios imposibles.

“Nosotros reclamamos mucho la incorporación de personal y ellos lo daban a cuentagotas, cuando veían que el hartazgo llevaba a la falta de colaboración de los equipos”, explica Aguirre.

Las contrataciones a plazo y renovables son un constante que atenta contra la estabilidad del personal y su consecuente inseguridad laboral. En este marco, y atento a la presión a que fueron sometidos los equipos de salud, es llamativo que dese el Ministerio no se hayan dispuesto siquiera de licencias de descanso para recuperar al personal después de dos años de pandemia, que se cobró la vida de 60 trabajadores de la salud.  

Las contrataciones y la falta de concursos, que cada cierta cantidad de años se subsanan con alguna ley especial enviada por el Gobierno a la Legislatura, son una política de Estado en Córdoba, de la que se suele jactar el gobernador Juan Schiaretti. En su último discurso en el almuerzo anual de la Fundación Mediterránea, que revista El Sur reseñó particularmente porque fue utilizado como plataforma de su proyección política nacional, hizo reiterada referencia a que el Estado provincial tiene la ratio más baja del país de empleados cada 100 mil habitantes. A comienzos del gobierno de Mauricio Macri, cuando los despidos arreciaban a nivel nacional, el gobernador dijo en una rueda de prensa, como al pasar, que Córdoba no despedía. Pero tampoco cubría altas por bajas, por lo que cada personal jubilado y fuera del cargo por alguna razón no se reemplaza por otro. De esa manera, el plantel del Estado cada vez tiene menos personal registrado. Según un informe de OTES (Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad) para 2019 el 47% del plantel de salud no integraba la planta permanente del Estado. Tras asumir su nuevo mandato, Schiaretti produjo un pase masivo de contratos transitorios a permanentes que dejaron un saldo en la planta de 8.034 cargos (un aumento de 28,8% con respecto al año anterior). Pero llegó la pandemia y volvieron a proliferar los contratos precarios -ahora llamados “contratos Covid”-, entre los que figuró la enfermera Brenda Agüero.

Déficit de formación

Otro punto de cuestionamiento es la disposición del Estado cordobés para incorporar como personal de enfermería a trabajadores y trabajadoras formadas en la Escuela de Enfermería del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Su curricula académica es de tres años de estudio, contra seis que tiene la carrera de Enfermera Profesional que se dicta en la Universidad Nacional de Córdoba.  Por un lado se cuestiona el manejo político de ese personal que se lleva a cabo desde el sindicato que comanda el legislador oficialista José “Pepe” Pihen. “En una época hasta recibían los curriculum en el sindicato”, denunció Vacchiani. Por otro, se apunta al déficit de formación por falta de estudio, por caso, de la administración de medicación a pacientes, que en el SEP directamente no existe, según pudo averiguar esta revista.

No se trata de un tema menor atento que una de las posibilidades que se barajó en un comienzo es que los bebés del Neonatal hubieran muerto por mala praxis. “En el Misericordia la dirección del hospital resolvió que en el Servicio de Terapia Intensiva las enfermeras con más antigüedad sean las que administren la medicación, mientras el personal más joven se dedique al confort e higiene del paciente. Esto se debió a los accidentes que pasaron en varias oportunidades”, cuenta el intensivista.

El conjunto de situaciones presenta un cuadro indicativo de lo que sucede en la salud pública provincial, donde nacen miles de bebés todos los años sanos, bien cuidados y con el cariño y responsabilidad de los equipos de salud, pero donde las presiones cotidianas pueden pasar factura y parecen exigir un replanteo de las políticas para el área.

Dudas razonables

La mayoría del equipo de salud del Neonatal no sale de su asombro por la detención de Brenda Agüero. Siempre en off de record, la semblanza de la enfermera que se obtiene allí la remarca como prolija y responsable con su trabajo. Se preguntan cómo podría haber actuado con tal impunidad sin que el resto del equipo se diera cuenta. “¿Sabés cuantas personas hay alrededor de la parturienta? Dos enfermeras del servicio de Obstetricia, dos de Neonatología, el médico obstetra, el padre que generalmente está filmando y conteniendo a la madre. Mucha gente para que nadie advierta algo raro y tantas veces”, dice una enfermera con más de una década en el hospital.

Posteriormente al nacimiento, el bebé se limpia y se controla en sus orificios para luego ubicarlo en una incubadora, que está cerca de la camilla. Cuando la madre está recuperada se le entrega el o la bebé. “Al nacer se le inyectan dos vacunas, la BCG y contra la hepatitis. Y también una dosis de un milímetro de vitamina k”, agrega la profesional consultada.

Esta vitamina cumple un rol importante para la prevención de una posible falta de tonicidad muscular en el recién nacido. Y causa un efecto en el nivel de potasio en sangre. Precisamente es el potasio la causa de la muerte de las dos criaturas que pudieron ser analizadas en autopsia. Por eso, en el Neonatal se apunta a que esa vitamina podría ser una alternativa de las posibles causas de las muertes: “Pero si o si debería obedecer a un problema en el laboratorio de donde provienen esas ampollas. Porque para matar a un bebé con un miligramo no alcanza, serían necesarios dos o tres miligramos al menos. Pero como las jeringas que usamos solo son de un miligramo, entonces tendrían que haberse aplicado a esos bebés varias dosis seguidas. ¿Todo sin que el bebé llore? ¿Todo sin que nadie se dé cuenta? ¿Sin sangrado? ¿Con una enfermera que no tenía que ocuparse del control del bebé? ¿Con la familia delante?”

Cabe recordar que en mayo se habría remplazado toda una tanda de esas vitaminas ante las dudas que generaban por pedido expreso de las médicas del área de Obstetricia. “Además -concluye la persona consultada- desde la privatización de la farmacia, cada dosis de lo que haya que aplicar está sumamente controlada y monitoreada. De forma que al aplicar más dosis a un bebé, eso debe quedar asentado. Pero no te las dan. Es así porque ya las tienen absolutamente seguidas en su trazabilidad. Es imposible por lo tanto que les hayan aplicado más de una dosis sin justificación y sin que esté determinado quién la solicitó y a dónde fue con esa dosis. Hasta las jeringas tienen contadas”.