Marcelo Arnolfo Cossar, legislador radical por distrito único, tomó el 2022 como el año de su mayor exposición pública. El primer semestre lo ocupó en promover un proyecto de ley denominado “Ficha limpia”, que establece que las personas que tengan condenas, firmes o no, por delitos de corrupción, contra la vida, la libertad, la identidad y la integridad sexual, estén impedidas de ser candidato a algún cargo electivo o partidario. “La lucha contra la corrupción es impostergable. Creemos que este es un paso y un debate que hay que dar por el bien de nuestras instituciones, de nuestra ciudadanía y de nuestra democracia”, lanzó una y otra vez el ex viceintendente de la Municipalidad de Córdoba.

Cossar llegó al Concejo Deliberante como ladero de Ramón Mestre en su segundo mandato (2015-2019), tras haber sido funcionario del Ejecutivo. Su paso por el Concejo Deliberante no pasó desapercibido para nadie. En estos días, dirigentes peronistas le recordaron al radical que, tres años después de abandonar el cargo ejecutivo, todavía tiene diversas causas penales abiertas junto a Mestre y varios ex funcionarios de aquella gestión. Y no cualquier causa, sino investigaciones de denuncias por haber pedido coimas. 

El concejal de Hacemos por Córdoba Diego Casado dice que los convenios urbanísticos aprobados durante la segunda gestión de Mestre generan muchas dudas. “Como presidente del cuerpo y viceintendente, la figura de Cossar fue fundamental para hacer efectiva la decisión política que bajaba desde el ex intendente Ramón Mestre hacia los concejales”, apunta Casado. Para el concejal oficialista, es una broma de humor negro ver a Cossar promoviendo una legislación tan severa contra la corrupción. “Hace gracia que Cossar promueva la Ficha Limpia –que dicho sea de paso es absolutamente inconstitucional- cuando él es de los ex funcionarios más denunciados de la Municipalidad”. 

Las Torres del shopping

El concejal peronista apunta, como un caso emblemático, al convenio público-privado firmado por el municipio de Córdoba con la desarrollista IRSA para la construcción de edificios en el estacionamiento del Shopping de Villa Cabrera. “Los vecinos de Villa Cabrera, de Altos de Villa Cabrera, de Parque Chacabuco, tienen graves problemas porque le dieron la venia a un privado para que construya en altura en un lugar donde no se puede hacer, con un fuerte impacto ambiental, porque las cloacas pueden colapsar, urbanístico por las calles angostas, y con una ganancia superlativa de esta empresa a cambio de la construcción de sólo dos dispensarios. La relación costo/beneficio para el privado es exorbitante, una locura”, acusa Casado.

El convenio de referencia se aprobó en 2018 y está constituido por dos torres residenciales de 18.000 m2 (256 departamentos), más un bloque de oficinas, en la esquina de Virgen de la Merced, Obispo Lascano y Gato y Mancha, para 74 oficinas. A cambio del beneficio que recibió  Irsa –nada menos que una excepción a la prohibición de construir en altura en ese sector, como establece la normativa municipal-, la empresa se comprometió a construir dos dispensarios en los barrios Villa Cornú y Ampliación Vicor.

El convenio incluye también, como parte del proyecto, una ampliación del propio shopping en un formato a cielo abierto, achicando considerablemente la superficie de estacionamiento que actualmente tiene el centro comercial. Cierra por todos lados.

Denuncias

Pero el mayor escándalo estalló cuando un empresario desarrollista Marcelo Fleurquin, condenado por estafas por un loteo en barrio Ituzaingó Anexo, denunció que el ex intendente Ramón Mestre, su entonces vice Marcelo Cossar y varios concejales le pidieron una coima “equivalente a un millón de dólares de hoy”, según recordó el propio Fleurquin en diálogo con esta revista. El pedido de coima habría sido cursado para aprobar el cambio de uso del suelo.

El empresario formuló tres denuncias, que se radicaron en las fiscalías de Distrito 4 Turno 6, Distrito 2 Turno 4 y Distrito 3 Turno 4. Allí el empresario declaró que tuvo “innumerables reuniones” con funcionarios y concejales de la ciudad de Córdoba, entre los que mencionó al ex intendente Mestre, su vice Cossar y los entonces concejales radicales Guillermo Farías y Eduardo Conrad y el justicialista Luis Lencinas.

Titular de la empresa Ecotierra, la Justicia encontró responsable  en 2019 a Fleurquin de vender lotes a personas de escasos recursos sin la aprobación del loteo, la subdivisión ni la urbanización. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2014. Se habló de 60 casos, pero Fleurquin dice que fueron siete y que todo sucedió a causa de que no se cambió el uso de suelo “cuando el convenio incluía un proyecto conjunto con el Grupo Roggio y el Grupo Eurnekian”.

El empresario explica que Roggio logró el cambio de uso de suelo de un gran predio que tenía sobre Boulevard Las Heras a cambio de la construcción de viviendas populares en el loteo que Ecotierra vendía en Ituzaingó. “Pero Roggio logró su parte de la excepción urbanística y nunca construyó las viviendas. Yo tenía solo que poner la tierra, un loteo que compramos legítimamente”, asegura ahora el empresario, que en 2020 le había dicho a Canal 12: “Estuve un año en prisión porque no pagué la coima y tratando de demostrar que mis clientes han sido víctimas”.

Musculosos

El concejal Casado dice que Cossar formaba parte de un circuito de corrupción donde el presunto cobro de coimas se canalizaba a través del Guillermo Máscolo, cercano a Mestre, y el secretario del intendente Juan Pablo Ostanelli.  “Me remito a la investigación periodística que publica el sitio web stripteasedelpoder.com. Yo vertí los comentarios de esa fuente periodística en una sesión, hablé de Ostanelli y de Máscolo. Al terminar la sesión, varios concejales de la oposición vienen y me dicen: “¿Cómo le decían a Máscolo? Músculo, por los brazos que sacó de levantar valijas llenas de dinero”.  Supuestamente era el encargado de la cuestión dineraria la gestión pasada, todo esto lo estoy diciendo en base a la información del periodista Lázaro Llorens. Muchos concejales del mestrismo hacen fila traer información de Cossar, porque no lo quieren, porque lo aborrecen”, asegura Casado.

Quien advirtió públicamente sobre el supuesto rol de Máscolo radical fue Olga Riutort, en 2012. La entonces concejal declaró a Infonegocios: “Lo digo con conocimiento. No soy chicanera en estas cosas. El pibe este, Ostanelli, era el cajero único, pero ahora le salió otro, Máscolo. Y no hay empresario que no que te diga que están asfixiados porque por caminar les piden el 30%, por respirar otro 30%. Esto no lo vi en mi puta vida, te lo juro”, dijo la actual titular del Pami en Córdoba.

Llorens informó que Máscolo creó en 2017 una empresa offshore en el estado de Florida, que funciona como guarida fiscal para evasores fiscales y para mantener ocultos procesos de facturación opacos. Su nombre es CRESKA 731 LLC y su dirección fiscal es la avenida más importante de Miami: Sout Ocean Drive 4111, Hollywood, en el edificio Hyde Resort & Residence, de alquiler temporal de departamentos.  

Tiempo después Máscolo registró otras dos empresas offshore en Florida: BERFRANSAN 402 LLC y BERFRANSAN 724 LLC, en la misma dirección que la anterior. Ambas fueron inscriptas en junio de 2017. La segunda se dio de baja en septiembre de ese año.

Socios denunciadores

Las críticas de Casado contra Cossar indican que el legislador terminó confluyendo políticamente con quienes lo denunciaron por corrupto. “A todos ellos los amontona el espanto y el caradurismo. Y lo digo porque la falta de coherencia: Daniel Juez -el hermano de Luis Juez- lo denunció por la compra de una vivienda de 500 mil dólares”, explica el concejal. Y concluye: “Le pidió la fiscal el levantamiento del secreto bancario. No le hicieron lugar y la causa terminó en la nada. Pero luego Luis Juez denunció por peculado a Marcelo Cossar, a Ramón Mestre y a Ostanelli, por un viaje a Corrientes pagado por la empresa ERSA,  dotándolos de un jet privado para que pudieran viajar al mismo tiempo que tenían una concesión pública con esa misma empresa. Entonces la paradoja es que los denunciantes de hechos delictivos hoy son socios de los presuntos delincuentes”.