Cincuenta años de vientos empedernidos, más de la mitad en la vida de una ballena azul, han pasado desde aquella atroz madrugada en que ocurrió la masacre en Trelew. Una ciudad de casas bajas, preparadas para el frío patagónico, que no hace mucho ha comenzado a recordar. No parece ser algo que sus habitantes hablen todo el tiempo ni que mencionen como hecho constitutivo de su identidad. Pero está ahí, en su biografía. Y las casi mil personas que llegan desde distintas partes del país para participar de los homenajes por los 50 años copan la ciudad. Sus habitantes los miran entre indiferentes y distantes.

Cinco décadas atrás, el 15 de agosto de 1972 se produce en Rawson, a 20 km de Trelew, la fuga más espectacular de que se tenga memoria en la Argentina. Seis líderes guerrilleros de las organizaciones más importantes (ERP, FAR y Montoneros) se fugan del penal de máxima seguridad y logran huir a Chile en un avión secuestrado que los espera en el aeropuerto de Trelew. Una afrenta intolerable para el gobierno de facto de Agustín Lanusse. Sin embargo, el éxito de la fuga es parcial ya que 19 de sus compañeros, presas y presos políticos, no pueden escapar y en la madrugada del 22 de agosto son acribillados en la base aeronaval Almirante Zar por integrantes de la Armada. Dieciséis mueren ahí mismo y tres sobreviven para dar su testimonio antes de pasar a formar parte de la lista de desaparecidos de la siguiente dictadura: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar.

Una fuga que fue masacre y una masacre que fue preludio. El país se descuajeringó aún más después de aquél hecho y las masacres pasaron a la masividad en los años siguientes. 

Los homenajes, que incluyen visitas al penal de Rawson, al aeropuerto de Trelew -donde se realiza el acto central- y a la base almirante Zar, están cargados de una pesada emotividad que, por una vez, el viento no puede disuadir. Hay tantas actividades que casi no caben en el mes de agosto.

Entre ellas hay una que ocupa el interés de muchos asistentes. Ocurre en la sala del Centro Cultural “José Hernández” de Rawson, que rebalsa de público. Allí los familiares que llevaron al oficial Roberto Guillermo Bravo, autor de la masacre, al banquillo de los acusados, cuentan la experiencia. Una experiencia muy fresca y todavía a flor de piel. El juicio oral, con jurados populares, se realizó entre el 25 de junio y el primero de julio de este año en Miami, Estados Unidos. La historia del cómo, cuándo y dónde lo hicieron es de lo más impactante, dentro de todo lo impactante que ya tiene la masacre.

En el panel están dos de los querellantes: Raquel Camps y Eduardo Copello; Eduardo Gualpa y Sol Hurcade, parte del equipo jurídico argentino que dio soporte a los abogados norteamericanos que llevaron adelante el juicio; Rodolfo “Willy” Pegliaso, físico del Conicet que fue perito fundamental en el caso; e Hilda de Toschi, familiar que acompañó el proceso. El relato en primera persona de cómo se llegó a esa instancia es casi increíble.

Fantasmas en la noche

A la masacre le siguió la consabida mentira oficial. Un embuste preparado para justificar lo sucedido. El encargado de difundirla por cadena nacional fue el jefe de Estado Mayor de la Armada, contralmirante Hermes Quijada, quien dijo: “Se abrió fuego a raíz de la tentativa de evasión de un grupo subversivo alojado en la base Almirante Zar. En el enfrentamiento armado no hubo bajas entre el personal naval”. Poco menos de un año después, el 30 de abril de 1973, el “gallego” Fernández Palmeiro (del ERP) lo encontró en una esquina de Buenos Aires y lo mató. El gallego también murió, alcanzado por una bala del custodio del contralmirante.

Las identidades de los autores materiales de la masacre estuvieron ocultas hasta que, el 25 de mayo de 1973, los tres sobrevivientes le contaron en una larga entrevista al escritor Francisco “Paco” Urondo quiénes eran. Allí se supo, por primera vez, que el suboficial Carlos Morandino, los capitanes Emilio Del Real y Emilio Sosa y el teniente Roberto Guillermo Bravo eran quienes habían comandado la masacre, rematado a los heridos y craneado la mentira del intento de fuga. Al hacerse públicos sus nombres la Armada, presurosa, los ocultó. Del Real y Morandino se disolvieron en la base de Puerto Belgrano. Sosa y Bravo la pasaron mejor: fueron premiados en las embajadas de Santiago de Chile y Washington, respectivamente, donde llegaron como agregados navales. Nunca más volvió a saberse de ellos. Hasta 2005.Ese año se reactivó en Rawson la causa penal por los fusilamientos gracias a la anulación de las leyes de impunidad.

Tres años después encontraron a Sosa en una inmobiliaria de Recoleta. El marino le había vendido una propiedad a un hijo de desaparecidos, quien aportó datos para su localización. También detuvieron a Del Real y a Morandino. Los tres fueron condenados a cadena perpetua por el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia el 15 de octubre de 2012.

El paradero de Bravo siguió siendo un misterio, hasta que un cable de interpol y una investigación periodística ubicaron al fantasma en Estados Unidos, convertido en empresario, realizando millonarios negocios con el Ejército norteamericano.

El fantasma Bravo

Juzgar a Bravo se convirtió en una obsesión para los familiares de las víctimas de Trelew. El complicado y casi imposible camino de la extradición de Estados Unidos y la prescripción de la causa por hechos cometidos en 1972 eran el Goliat a vencer. Eduardo Adolfo Capello es sobrino de Eduardo “El Fauno” Capello, unos de los muertos en la masacre y querellante en la causa contra Bravo. A un costado del tumulto en al CC de Rawson, brinda detalles a revista El Sur. Sostiene que el juicio a Bravo fue una verdadera construcción colectiva: “Llegamos hasta acá porque antes hubo muchos intentos individuales de llevar a Bravo ante la Justicia. En 1972 y en 1974 hubo dos demandas civiles. Quienes las presentaron fueron perseguidos y junto con mis viejos están desaparecidos. En 2005, con la llegada de Néstor y la anulación de las leyes de impunidad, los familiares cambiamos la estrategia. En una nota dirigida al presidente, demandamos que la masacre de Trelew fuera reconocida y que sus responsables fueran llevados a juicio”. Capello menciona en su relato una lista de frases hechas, convertidas en realidad por los hechos que relata: “la Justicia tarda, pero llega”, “la única lucha que se pierde es la que se abandona” y “nadie se salva sólo”.

La prescripción

El escollo técnico era grande: la causa estaba prescripta por dónde se la mire. La solución llegó gracias a la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA, en inglés) que rige en Estados Unidos y permite juzgar a los residentes norteameticanos que hubieren cometidos esos actos en todo el mundo. La demanda fue presentada en la Corte de Florida, en octubre de 2020, ante la imposibilidad de juzgarlo en Argentina. Lo hicieron con el apoyo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (Center for Justice and Accountability) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los querellantes, en representación de los familiares, fueron Raquel Camps (hija de Alberto Camps, sobreviviente de la masacre y víctima de la última dictadura), Eduardo Capello (sobrino de Eduardo Capello, asesinado en Trelew), Alicia Krueger (compañera de Rubén Bonet, asesinado en Trelew) y Marcela Santucho (hija de Ana Villarreal de Santucho, asesinada en Trelew).

En un fallo histórico, el pasado primero de julio de 2022, un tribunal de Miami declaró a Bravo responsable de los fusilamientos. La sentencia en el juicio civil también determinó que Bravo deberá pagar 24 millones de dólares como resarcimiento. En el proceso, el imputado mantuvo la versión del “intento de fuga”, aunque reconoció haber “vaciado el cargador” de su pistola sobre las víctimas. El director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, anunció desde Trelew la apertura de los archivos de la Armada -que los familiares habían pedido en 2005- y adelantó que se buscará la extradición de Bravo para que pueda ser juzgado en Argentina.