El estudio jurídico de Rosa Sabena tiene cámaras, dentro y fuera, para registrar absolutamente todo lo que sucede. Es que allí llegan, como si fuera una especie de Meca pagana, todo tipo de personas: confidentes, infidentes, espías, chantas, extorsionadores, abogados, policías, ex policías. Buscan, sugieren, aportan o intentan vender algún dato. Saben que esa mujer que cada tanto aparece en la televisión es como una esponja, dispuesta a absorber toda información que la acerque aunque sea un poquito a la verdad de lo que le ocurrió a su hijo Nicolás, desaparecido en septiembre de 2008 luego de haber permanecido varios días en la quinta de la familia Vargas Parra, vinculada al submundo de la droga y el delito.

Rosa Sabena conoce mejor que nadie las miserias del poder. Del Judicial, pero también del Legislativo y el Ejecutivo. Del primero nunca recibió más que indiferencia y destrato. Hubo un fiscal -Walter Guzmán- que incluso le mandó una carta documento exigiéndole que se retractara de sus acusaciones. ¿Qué había dicho Rosa? Que el fiscal no sólo no hacía su trabajo, sino que además le avisaba a los sospechosos antes de allanarles la vivienda.

Rosa se mantuvo en sus dichos y llevó a Guzmán a un jury de enjuiciamiento, donde probó todas y cada una de sus acusaciones contra el fiscal, que fue salvado por la oportuna intervención de la corporación judicial. Después del mal trago, lo premiaron con una Fiscalía de Cámara en Laboulaye.

Su sucesor, Julio Rivero, también fue cuestionado en severos términos por Rosa, que lo denunció sin éxito pese a que el funcionario echó a perder pruebas fundamentales en la pesquisa para determinar qué pasó con Nicolás, como un cuchillo con rastros de sangre. Rivero zafó del jury y fue ascendido a fiscal de Cámara en Río Cuarto, donde descolló este año por su paupérrimo papel en el juicio oral y público a Marcelo Macarrón. Al no mantener ni cambiar la acusación con que el viudo llegó a juicio, selló la impunidad del crimen de Nora Dalmasso, tal vez el caso más emblemático de impunidad en la capital alterna de la provincia.

Tesón de mujer

Desde que se recibió de abogada, en octubre de 2016, Rosa se dedicó a buscar  que la Justicia deslinde responsabilidades por la desaparición de su hijo. Dos años antes de obtener el título, de la mano del defensor oficial René Bosio, logró que la Cámara Segunda del Crimen condenara a los integrantes de la familia Vargas Parra -el jefe de familia y sus dos hijos- como responsables del secuestro y desaparición de  Nicolás Sabena, con penas que oscilaron entre los 18 y 16 años de prisión. Con el mismo tesón lograría años después la  condena de los encubridores del crimen: este año, el jefe de Inteligencia Gustavo Oyarzabal se declaró culpable de encubrimiento agravado en un juicio abreviado; dos años antes, en diciembre de 2020, la policía Nancy Salinas fue condenada idéntico delito en los tribunales locales.

Desde que se recibió de abogada, Rosa  intervino en distintas causas. Pero dentro del fuero penal sólo había actuado como querellante, acompañando el reclamo de justicia de las víctimas. Hasta que la familia Gambero tocó las puertas de su estudio jurídico y las lágrimas de esa familia la convencieron de que el joven Gonzalo era inocente de la brutal acusación que pesaba en su contra: haber asesinado a su propio hijo. “Si no estuviera convencida de su inocencia no hubiera agarrado la causa”, insiste Rosa en diálogo con El Sur.

La causa contra Gambero la instruyó en un primer momento el fiscal Javier Di Santo, que puso la lupa únicamente en el padre, lo que le fue reprochado por el juez de control cuando elevó la causa a juicio: debía investigar también el rol de la madre y la niñera, ya que las tres personas habían estado en contacto con el bebé, fallecido como consecuencia de un fuerte zamarreo (también conocido como el “síndrome del bebé sacudido”).

Convencida de la inocencia de su cliente, Rosa recusó a Di Santo y logró que la Justicia federal sobreseyera a su cliente en otra causa abierta por su ex esposa.  Seguía trabajando en la causa, convencida de que lograría probar la inocencia de Gonzalo Gambero, hasta que su colega Mabel Dagatti se presentó en su estudio jurídico  con una propuesta insólita: debía renunciar al patrocinio de Gambero porque de lo contrario su cliente sería condenado a prisión perpetua.

- Pero si vamos a demostrar su inocencia-, replicó Rosa.

- Esto que te digo es un mensaje del fiscal Miralles-, aclaró Dagatti.

La conversación, como todas las conversaciones suscitadas en el estudio de Rosa Sabena, quedó grabada. Con audio, imagen, hora y fecha. Una prueba irrefutable que muestra a una supuesta emisaria de un fiscal de instrucción haciendo una propuesta deshonesta a una abogada del foro local.

¿Un fiscal solicitando a una abogada que deje sin defensa a su cliente porque de lo contrario será condenado a prisión perpetua? Insólito. Pero había más...

Dagatti le dijo a Rosa que el fiscal le sugería a la familia Gambero que contratara los servicios del abogado Darío Vezzaro, cuyo estudio jurídico está en Córdoba capital. “Si lo contratan a Vezzaro y Gonzalo se declara culpable, van a un juicio abreviado  y se aplica un apena menor, que es excarcelable. De esta manera tu cliente no irá preso”, transmitió Dagatti la insólita “oferta” del fiscal Miralles.

También fue grabado el audio de un llamado telefónico del propio Vezzaro a  Claudio Gambero, padre del imputado. Ese audio y la correspondiente captura de pantalla, además de la grabación de la propuesta indecente de Dagatti -en nombre del fiscal Miralles- y otras pruebas que por ahora se mantienen en reserva, al cierre de esta edición iban a ser presentadas ante el fiscal de Río Tercero,  Alejandro Carballo, porque ninguno de los fiscales de la circunscripción de Río Cuarto -incluido el de La Carlota- quiso investigar la acusación por extorsión contra Miralles y Vezzaro. Es que la denuncia es, literalmente, una brasa ardiente en los tribunales de Río Cuarto.

¿Penas tarifadas?

Desde que Rosa hizo pública la denuncia contra Miralles la peregrinación a su estudio jurídico ha sido incesante. Y aunque todavía falta separar la paja del trigo, hay muchos elementos que serán aportados al fiscal de Río Tercero que acreditarían un modus operandi característico del polémico fiscal que sucedió a Guzmán.

En los tribunales de Río Cuarto es voz populi que el controvertido funcionario judicial ya hubiera sido suspendido de sus funciones preventivamente -como le pidió Rosa al fiscal General Juan Manuel Delgado y a la ministra de Derechos Humanos Laura Echenique- si no contara con una fuerte banca política en el oficialismo. La pregunta es hasta cuándo lo sostendrán, habida cuenta de que el frente interno no está exento de tormentas: el trágico accidente protagonizado por el vicepresidente de la Legislatura, Oscar González, implosionó la denuncia que había hecho esta revista en septiembre sobre la asignación discrecional de vehículos secuestrados por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ). Precisamente fue ante el TSJ que Sabena y Gambero hicieron la denuncia contra Miralles, pero desde el máximo tribunal aclararon que, a más de un mes de la denuncia, todavía no habían pasado de la investigación preliminar al sumario propiamente dicho.

El escándalo del legislador González generó tanto ruido como el sugestivo y pertinaz silencio en que se sumergieron tanto Miralles como Vezzaro. Silencio que no hace más que alimentar las crecientes sospechas sobre la presunta compra y venta de sentencias en los tribunales de Río Cuarto.

Miralles fue el fiscal que reactivó el caso Dalmasso luego del apartamiento de Di Santo -acusado de inacción por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC- al acusar al viudo de ser el autor material del homicidio de su esposa en base a la prueba genética que obra en el expediente. Pero cuando estaba por elevar la causa a juicio, sugestivamente se apartó de la causa por sentirse agraviado por dichos del abogado Marcelo Brito al periodismo.

Después quiso volver, pero el propio Brito lo recusó y la Cámara Primera del Crimen lo apartó de la causa. Su sospechosa salida del caso -que fue objeto de fuertes rumores en Tribunales- permitiría que el nuevo fiscal, Luis Pizarro, renunciara sugestivamente a la prueba genética y acusara al viudo de ser el autor intelectual -y ya no material- del crimen de su esposa, allanando así el camino hacia el juicio que se realizó este año y terminó con la absolución de Macarrón a pedido de otro fiscal señalado por Sabena: el inefable Julio Rivero. ¿Casualidad o causalidad?

Hecha la ley

La posible compra y venta de sentencias en los tribunales de Rio Cuarto no sería la excepción en el resto de la provincia. Y las causas deben buscarse en la excesiva aplicación de prisiones preventivas y la pasmosa inacción del Fiscalía General de la Provincia, hoy en manos de un abogado especializado en Derecho bancario.

Sucede que, según publicó el periodista Adolfo Ruiz en Marca Informativa Córdoba, en la provincia se ha naturalizado tanto el dictado de prisiones preventivas que tres de cada diez presos no tienen condena. Y ante la demora de la burocracia judicial en resolver su situación, muchos presos que llevan años detenidos optan por declararse culpables en juicios abreviados para recuperar la libertad.

Los datos son escalofriantes: de los casi doce mil detenidos que pueblan las cárceles de la provincia, apenas el 37 por ciento tiene condena. El resto cumple prisión preventiva, medida que debería ser excepcional pero que se ha naturalizado de tal forma que se la utiliza como prenda de negociación entre letrados, jueces y fiscales. Esta situación, que fue advertida por los legisladores provinciales, se mantiene incólume ante el freno impuesto por el TSJ a la reforma del Código Procesal Penal, que pone en manos de los jueces de control la decisión de imponer la prisión preventiva.

Paradojas

Cuando se recibió de abogada, uno de los miembros del tribunal que le tomó su último examen era nada menos que Darío Vezzaro, a quien Rosa Sabena conocía porque la recibió como fiscal General en una de las tantas gestiones en la búsqueda de justicia por Nicolás. La gestión de Vezzaro dio sus frutos: apartó de la investigación a Guzmán y puso al frente al fiscal de Cámara Jorge Medina. Por aquella vieja relación, Rosa esperaba al menos un llamado de Vezzaro. Imaginaba que desmentiría a  Miralles y a Gambero y que juraría que jamás sugeriría apartar a un colega para asumir su causa. Pero ese llamado nunca llegó y ahora Vezzaro tendrá que explicar su situación  en la Justicia.