En un cruce de posturas que sacó ampollas en la siempre almidonada y edulcorada Torre de los Tribunales Federales de Córdoba, una torva despedida preanunció la salida del siempre cuestionado juez Federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, cuando la Cámara Federal designó como su reemplazante -que en el Poder Judicial se designa con la figura de subrogante- al juez federal de Bell Ville Sergio Pinto.

A dos semanas del comienzo de la feria judicial, y apelando a su poder de intendencia para cubrir vacantes y garantizar la continuidad del funcionamiento del juzgado, la instancia más alta de la Justicia Federal impuso en votación dividida al magistrado de la zona núcleo agropecuaria, en detrimento de los otros dos jueces que tienen jurisdicción en Córdoba Capital y el norte provincial: Alejandro Sánchez Freytes, del juzgado N°2 y Hugo Vaca Narvaja, del Juzgado N°3.

La decisión se tomó en un “acuerdo” de la Cámara realizado el pasado 14 de diciembre, donde chocaron dos grupos de jueces enfrentados entre sí, en un juego de poder interno que suele ser ambiguo aunque la resolución resultante dejó en claro las trincheras enfrentadas: por un lado la presidenta del Tribunal, Graciela Montesi y el vicepresidente, Abel Sánchez Torres, y por el otro los camaristas Ignacio Vélez Funes, Liliana Navarro y Eduardo Avalos.

El juez Pinto se vio beneficiado -hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si el acuerdo es válido- para tomar las riendas del juzgado más grande y antiguo del interior del país, con mayor cantidad de cargos a disposición y con mayor número de competencias, destacándose en año impar el fuero electoral nacional, clave para las elecciones presidenciales de este año. Por eso todos los ojos estuvieron atentos a la deriva de los acontecimientos.

Pinto está enrolado en el ala macrista de la Asociación de Magistrados, la famosa lista bordó, que tiene su núcleo de señorías más firme en los tribunales de Comodoro Py, en la Capital Federal.

La inminente intervención cortesana, que el ultimo año viene dando pocas garantías de ecuanimidad en sus resoluciones, obedece a que los jueces Sánches Freytes y Vaca Narvaja resolvieron advocar (apelar) lo resuelto por la Cámara, mostrando su interés por ocupar el cargo que quedará vacante el 24 de enero, cuando finalmente, Bustos Fierro se jubile a sus 87 años.

El juez del agro

Cabe mencionar que el longevo magistrado hizo lo posible para mantenerse en el sillón del juzgado a pesar de que a su edad traspasó todos lo umbrales legales establecidos. Para ello presionó hasta lo imposible, manipulando causas judiciales que podrían haber generado un caos institucional y económico difícil de calcular, como en el caso del amparo por el cobro de retenciones agropecuarias que había presentado la Sociedad Rural Argentina.

El vínculo de Bustos Fierro con el sector agrario a través de una empresa que administraba su hijo, que Revista El Sur denunció en exclusiva, era claro motivo de apartamiento y así lo reclamó el fiscal Maximiliano Hairdabedian una vez conocida la especie. Pero el juez mantuvo el tema cajoneado hasta último momento con la esperanza que el Gobierno le extendiera el mandato cinco años más -como ya había hecho el ex presidente Macri en otro presente griego que nos dejó en su penoso paso por la Presidencia de la República- ante el temor de una resolución que desfinanciara de manera definitiva el Tesoro nacional.

Era de esperar que la renovación del juzgado N°1 trajera un poco de paz a La Torre, una vez retirado el juez del poder y las finanzas, que tiene prácticamente intervenidos a los gremios combativos de Luz y Fuerza y recolectores de residuos (Surrbac), en abierta ayuda al Gobierno de Schiaretti. Pero no fue así.

Encontronazo

Los reemplazos de jueces están determinados por la Ley 27.429 de Régimen de Subrogancias. Los criterios para designar un juez subrogante que fija la norma son, entre otros, que se produzca la vacante, la territorialidad y el sorteo entre los postulantes, precisamente para que no se generen manipulaciones, ardides y confabulaciones que pongan en duda la legalidad y legitimidad de la designación.

Para resumir, la mayoría de la Cámara (Avalos, Navarro y Vélez Funes) consideró que Bell Ville no está tan lejos de Córdoba Capital, que Pinto es un juez joven y proactivo y que no tendría que enfrentar recusaciones en casos de lesa humanidad que se tramitan en el juzgado N°1. Para ello fundamentaron sus posturas en la necesidad de cubrir rápido el cargo por el año electoral que ese viene, que Pinto tiene un bajo nivel de causas sin resolver y que la jurisprudencia de la Cámara Electoral Nacional habilita el traslado de jueces ante situaciones de fuerza mayor.

En contraposición, los restantes jueces por la minoría (Montesi y Sánchez Torres) sostuvieron que la designación rompe los criterios de la ley 27.439 y que, por lo tanto, es ilegal. Para ello afirman que no se ha producido la vacante (que se dará recién el 24 de enero) y que la ley establece que debe designar el juez subrogante a los “tres días de producida la vacancia”, que debe respetarse el principio de juez natural (territorialidad) para lo que la Cámara primero debería convocar a los jueces que trabajan en el mismo edificio que Bustos Fierro, y que debe realizarse un sorteo como fija la ley y no una designación personalizada, o “a dedo”.

La mayoría de la Cámara le achaca a Sánchez Freytes que tiene demasiadas causas sin resolver (113.998), aunque las cifras son de 2019; a Vaca Narvaja, que debió apartarse en juicios de lesa humanidad por haber sido querellante cuando litigaba como abogado, entre otros casos, en la causa del fusilamiento de su padre, el preso político de la dictadura y militante peronista Hugo Vaca Narvaja (h).

En esa línea, casi inmediatamente de producido el acuerdo, el abogado litigante de la Secretaría de Derechos Humanos Claudio Orosz presentó la certificación de 52 causas de lesa humanidad en las que Vaca Narvaja está apartado. Pero no quedó claro cuáles están en el Juzgado N°1, que es el motivo de la controversia. Sánchez Torres dijo que son sólo tres las causas en cuestión y que no fueron impedimento para que Vaca Narvaja subrogara en otras oportunidades en el mismo juzgado porque en definitiva se resuelven con la supervisión y firma de otro juez.

Tanto Sánchez Freytes como Vaca Narvaja resolvieron avocar la resolución de marras y esperan que la Corte ordene a la Cámara rever el caso y adecuarse a lo que fija la ley vigente. Según pudo saber esta revista, la apelación reclamará la anulación de la acordada a fin de garantizar el Estado de Derecho, que se ha visto vulnerado en la Justicia Federal de Córdoba.

Cargos y salas en disputa

Por tratarse del principal juzgado Federal de Córdoba, el N°1 cuenta con una importante cantidad de empleados, que supera ampliamente a los otros dos juzgados de La Torre. Bajo la mirada del próximo juez subrogante hay cien empleados para las distintas competencias y otros cien sólo para la competencia electoral, que se suman a 40 empleados temporarios que se contratan los años impares, es decir cuando hay elecciones.

Esta disponibilidad de cargos es un manjar para los jueces que tengan la capacidad de disponer nuevas contrataciones, como ha sido tradicionalmente en la Justicia Federal, y ha sido motivo de variados y nutridos planteos desde los que realizó el ex juez Miguel Rodríguez Villafañe en la década del ’80. Además, el subrogante que deba favores también podría utilizar estos cargos para saldar sus deudas. Esta revista ya denunció hace años cómo los tentáculos de la sagrada familia nutre de descendientes directos todos y cada uno de los puestos disponibles, más allá de la idoneidad de los postulantes.

La controversia en la Cámara Federal oculta a su vez una disputa por la integración de la Sala B del Tribunal, hoy compuesta con la jueza Navarro y el juez Sánchez Torres. Dado que Montesi es la presidenta del cuerpo, la intención de Sánchez Torres es incorporarla para, juntos, conformar un tándem mayoritario en la sala.