Estrella del radicalismo cordobés, Rodrigo De Loredo aspira a los más altos cargos de la gestión pública de la provincia y dice que es capaz de armar grandes equipos de gestión para dar nacimiento a “una opción de futuro y progreso a Córdoba", según anunció en su primer acto oficial como candidato, en octubre pasado.

Futuro y progreso son dos conceptos que bien pueden relacionarse con tecnologías, telecomunicaciones, sistemas satelitales, fibra óptica y vía de acceso a internet o televisión digital, algunos de las cuestiones en que se ocupa la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT, firma estatal que comandó De Loredo entre 2016 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Al comenzar el gobierno nacional del Pro, ARSAT formaba parte del organigrama del Ministerio de Planificación y por decreto de diciembre de 2015 mudó a la nueva cartera de Comunicaciones, que Mauricio Macri creó a medida de Oscar Aguad, conocido por todos con el mote de ‘el milico’, para que arrasara a sangre y fuego -como si de una guerra se tratara- la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Congreso había aprobado por abrumadora mayoría y la Corte Suprema había declarado constitucional al rechazar un cuestionamiento del Grupo Clarín.

En ese marco, Aguad, suegro de Rodrigo De Loredo, nombró a la joven promesa radical para que gestione ARSAT, una de las joyas de la industria aeroespacial y tecnológica argentina creada por Néstor Kirchner en 2004. Su gestión duró poco más de dos años y terminó cuando Macri firmó un decreto (93/2018) que puso límites a la contratación de familiares de los ministros de la Nación en cargos públicos.

Tras entrar en vigencia la norma, el radical admitió en una entrevista con el periodista Luis Novarecio que no tenía “ningún tipo de experiencia en materia de ingeniería de telecomunicaciones o vinculada a una empresa de telecomunicaciones”, especialidad de ARSAT, pero que “había armado un equipo de excelencia”. Seguidamente evaluó que el decreto -con el que estaba de acuerdo- hacía pagar a justos por pecadores y agregó que “algunos dicen que puede ser ese mi caso”, sin precisar la fuente.

Exprimir la fruta

El Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) es un organismo independiente que está integrado por profesionales e investigadores de diversas disciplinas con la vocación “aportar una mirada crítica y constructiva para un modelo de desarrollo”. Es una asociación civil que hizo diversos informes a través de su titular, el ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto Arístides Silvestris, sobre la gestión De Loredo en ARSAT.

Silvestris formó parte de un grupo de investigación de la Fuerza Aérea y estudió en el ‘École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA), la universidad aeroespacial de Francia. Actualmente trabaja en el Banco Central de la República Argentina, donde ingresó por concurso -aclara- en el área de comunicaciones del organismo financiero.

Desde su mirada científico-técnica, la gestión del candidato radical “se basó en exprimir, sin inversión alguna, toda la estructura de ARSAT”.

Para ejemplo cuenta que, conforme a lo establecido por la Ley N° 27.208 (Ley de desarrollo de la industria satelital), la rentabilidad obtenida de la venta de servicios de los satélites ARSAT-1 y 2, desarrollados por la empresa, debía ser utilizada para la construcción de nuevos proyectos satelitales. No obstante, y pese a obtener ganancias de aproximadamente 40 millones de dólares al año por la venta de servicios brindados por cada uno de los 2 satélites nacionales, lanzados en 2014 y 2015, el desarrollo de los satélites ARSAT-3 y ARSAT-4 previstos por la ley quedó trunco.

“Incluso una auditoría interna reveló que esta decisión le generó al Estado Argentino un perjuicio de 38 millones de dólares, tendiendo que enfrentar pagos de contratos pendientes en dólares y en euros”, explica Silvestris. Por ejemplo, a la empresa Airanespace se le pagaron facturas por un total de 20.300.000 dólares; a la europea Ariane Group (ex Airbus) el pago fue de 696.350 euros. También se registró una mora con la firma Thales Alenia Space, por 308.057,38 euros. A todo eso, se suman aproximadamente 14 millones de euros que el Estado debió cubrir para conservar la posición orbital (POG 81°O). “Todo por servicios que no se utilizaron por la paralización del proyecto ARSAT-3”, enumera ante una consulta de Revista El Sur el ingeniero en telecomunicaciones, que suele publicar columnas sobre temas científicos en el diario Ámbito Financiero.

El especialista agregó que, considerando que la construcción de los satélites de comunicación Arsat-1 y Arsat -2 costaron unos 270 millones y 250 millones de dólares respectivamente, sería factible cubrir los costos de desarrollo de los dos nuevos satélites con las prontas ganancias generadas por la venta de servicios, estimadas en 500 millones.

“La empresa es superavitaria, es decir, da ganancias. Para aprovechar esa condición hay que gestionarla y aprovechar sus potencialidades”, razona.

De Loredo no logró hacerlo. Al no poner en marcha el desarrollo de los proyectos pendientes, descapitalizó a ARSAT e interfirió la dinámica virtuosa de actualización tecnológica satelital. “Para la industria satelital, un año de parate es demasiado tiempo y cuesta mucho retomar el ritmo de producción”, agrega Silvestris.

Generalmente estos satélites –de tipo geoestacionario– se amortizan entre 5 y 10 años, en función de cómo sea la negociación en la venta de los servicios. “Si lo regalás el servicio se vende en 20 millones de dólares al año y si lo cobras muy caro en 60 millones.  Hay que tener en cuenta que la vida útil de los geoestacionarios es de 15 años”, añade.

Además, es un servicio que se cobra en dólares y por lo tanto significa un ingreso en divisas. Mientras el Arsat-1 tiene una ‘pisada’ (área de cobertura) en toda Argentina, Arsat-2 cubre desde las Malvinas hasta Canadá, razón por la cual tiene capacidad de vender servicios en toda América, de allí su versatilidad, que lo hace atractivo comercialmente. En esa línea, es muy oportuno para ingresar dólares o para no tener que sacarlos, ya que las empresas nacionales no deben comprar el servicio afuera y por lo tanto no deberán enviar dólares de reservas del Banco Central al exterior, mientras que vender servicios a agentes extranjeros colabora al ingreso de divisas.

Carta de malas intenciones

El 30 de junio de 2017 el entonces presidente de ARSAT anunció, durante el Simposio Internacional Satelital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una serie de avances para concretar en el año 20 el lanzamiento del satélite ARSAT-3.

El anuncio llenó de dudas al sector tecnológico ya que estaba claro que la gestión macrista estaba imponiendo un fuerte ajuste a la actividad tecnológica y más específicamente a la aeroespacial. Semanas después se conoció una carta de intención firmada el 29 de junio de 2017, un día antes del mencionado simposio, donde Rodrigo de Loredo y la compañía estadounidense Hughes Communications, integrante de EchoStar Corporation, se comprometían a crear una empresa que pusiera en marcha y administrara el proyecto Arsat-3.

Esta ‘alianza’ significaba que a cambio de la inversión de 50 millones de dólares se creaba una empresa donde Hughes tendría el control del 51% de las acciones de un satélite cuyo costo de inversión a cargo del Estado alcazaba los 250 millones. “Era un negocio leonino que sometía al arbitrio de esta empresa extranjera la política satelital argentina”, acusa Silvestris. 

EchoStar Corporation tiene el respaldo de varios fondos financieros de origen angloamericano. Según OECYT, más del 32% de la participación accionaria de esta compañía está en manos de capitales pertenecientes a Putnam Investments Bank y a Vanguard Group, considerado como uno de los ‘big player’, o gran jugador de los fondos buitres de las finanzas globales “con capacidad de imponer fuertes condiciones ante otros, incluso países”.

El acuerdo firmado por el funcionario argentino y la empresa estadounidense eludía el tratamiento parlamentario de este tipo de compromisos u obligaciones, según obliga la Ley 27.208. La difusión de la carta de intención generó revuelo en el Congreso y motivó diversos pedidos de informes de la entonces oposición kirchnerista, así como denuncias penales. “No vamos a permitir que se ponga en riesgo la soberanía tecnológica nacional ni que se viole la Ley 27.208”, aseguraron varios diputados nacionales. En la comunidad científica la indignación fue en paralelo: “darle el 51% a una empresa extranjera es una locura”, sostuvo el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis.

Ya en el ministerio de Defensa, pero en su calidad de defensor del yerno, Oscar Aguad salió a desmentir la privatización. “El ARSAT-3 es más público que nunca, es una empresa pública que ha dado utilidades”, dijo el “milico”.

Vale recordar que, antes de ser presidente, Macri afirmaba que era “un despilfarro” de dinero poner un satélite argentino en órbita y, en consecuencia, al asumir suspendió la construcción del ARSAT-3 con excusas similares. De Loredo parece haber interpretado cabalmente esa política desde su cargo.

LOS DATOS DEL VACIAMIENTO

Centro Nacional de Datos

En el combo de las desinversiones que impuso Rodrigo De Loredo a ARSAT otra víctima fue el Centro Nacional de Datos (CND), ente que conjuga los data centers, bases de datos y servicios de internet de los organismos públicos en su propia nube de almacenamiento. De igual manera, presta servicios a clientes privados.

“La gestión macrista que encabezó De Loredo no invirtió en nuevo hardware, ni en microprocesadores o servidores. Si no invertís, queda desactualizado. Para hacer un paralelismo, terminás teniendo una computadora lenta. Además, la gestión de ARSAR se sacó de encima el CND y lo pasó al Ministerio de Modernización, teniendo una gestión compartida. Hoy, recuperado, el CND brinda servicios a terceros, el Banco Central tiene allí una parte de sus servidores del data center”, explica Silvestris.

Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)

Al cuadro de desinversiones de la gestión De Loredo en Arsat se suma la ralentización de la REFEFO, ya que durante el gobierno de Macri se incorporaron apenas 2.849 kilómetros de tendido de fibra óptica, en contraposición de los 31.600 Km construidos en los gobiernos de Cristina Kirchner y los 5.000 km de la gestión actual, según apunta OECYT.

“Aducían que lo realizado anteriormente no servía porque la obra civil no llevaba internet si no está iluminada, proceso que se realiza cuando a través de contenedores se transfiere el servicio conectando los nodos de la red. Pero son etapas que deben cumplimentarse. Fue la excusa para desinvertir”, cuenta el ingeniero en telecomunicaciones Arístides Silvestris.

Las publicidades de la gestión De Loredo lo mostraban agarrando una pala y cavando en la tierra, propaganda de trabajo, pero fue otra muestra más de cómo se exprimió la fruta de ARSAT.

Televisión Digital Abierta (TDA)

El abandono del sistema de la Televisión Digital Abierta fue otra de la política del macrismo que De Loredo llevó adelante con eficacia. “Se pausaron los despliegues de la TDA, dejaron de entregar decodificadores, impusieron la falta de mantenimiento y degradación del servicio, todo en favor de los grandes grupos concentrados de cable”, describe Arístides Silvestris. Esta política fue de la mano con la marcha atrás de la gestión peronista en el Gobierno nacional, que confrontó con el Grupo Clarín e impulsó vías de telecomunicación alternativas al monopolio del sistema del clave para domina la corporación mediática.