Una vez más, como ya sucediera a lo largo de su carrera política, el Defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, enfrenta denuncias en los tribunales provinciales por su actuación pública.

Integrantes del partido Encuentro Vecinal se presentaron esta vez en barandilla para acusar al dirigente radical por “peculado y malversación” y subsidiariamente “abuso de autoridad”, a partir de la insistente publicidad sobre su persona que Decara hizo instalar a través de importante cartería que decora la capital provincial.

Su declarada intención de ser candidato a intendente de Córdoba, mientras ejerce la titularidad de la Defensoría del Pueblo, se choca con la ley que regula su actuación en el organismo creado casi como un guante para el referente del Valle de Punilla, con la reforma de la Constitución provincial que impulsó el fallecido José Manuel De la Sota. Hoy transcurre su tercer mandato como Defensor del Pueblo. Son 15 años ininterrumpidos donde supo construir y consolidar una red de relaciones y contactos de alto nivel político e institucional, contando siempre con el apoyo de radicales y peronistas para convalidar su cargo.

Ya a comienzos de febrero se supo que Decara había pedido “licencia” de su cargo para encarar la campaña, aduciendo “motivos personales”, pero en la Legislatura rechazaron ese anhelo por ser incompatible con el rol que desempeña. En todo caso debería haber renunciado, pero ahí habría perdido el control sobre la caja de un área del Estado que se maneja con presupuesto propio y de manera autárquica.

Según el portal de Transparencia, donde el Gobierno provincial publica datos sobre las finanzas provinciales, la Defensoría del Pueblo de Córdoba tiene destinado para el ejercicio 2023 un total de 1.215.333 millones de pesos para su funcionamiento. Una caja lo suficientemente suculenta como para no renunciar a su control, a la luz de la costosa campaña de difusión del titular del organismo, donde propone una mirada -desde los afiches y lunetas de los colectivos- para abordar, en teoría y elípticamente, los problemas urbanos de la ciudad. Así promueve su propia carrera política, pero con la difusa financiación oficial para encaramarse en la consideración pública.

La denuncia que lleva la firma de los legisladores vecinalistas Álvaro Zamora Consigli y María Amelia Moscoso Cardoso y del concejal Juan Pablo Quinteros indica que “la confirmación de la voluntad de Mario Decara de participar de las elecciones municipales de la Ciudad de Córdoba surge del pedido a la Legislatura Provincial de tratar su licencia “por razones de índole personal”, más allá de la posterior decisión de retirar el pedido tras el revuelo político causado en la coalición partidaria de la que forma parte”. Esto “permite entender y asegurar que el uso de la publicidad utilizada en el corriente año está directamente relacionada a un beneficio personal (promoción de imagen) del señor Mario Alberto Decara, utilizando para ello recursos públicos que tenía a su cargo por su función pública”.  La denuncia apunta que “toda esta actividad y publicidad sólo busca posicionar su nombre en la vida política, sin tener relación con su actividad funcional, buscando claramente su beneficio personal. Para ello se valdría de recursos y dineros públicos que están bajo su responsabilidad”.

Quinteros remarca ante Revista El Sur que “la parafernalia publicitaria tiene con un loguito chico, casi imperceptible, que indica que es originada en la Defensoría y por tanto constituye un peculado de acá a la China, más allá del incumplimiento de deberes de funcionario público, porque la ley le prohíbe hacer política”.

-¿Decara puede aducir que hace difusión de la actividad que realiza como Defensor?

- Que se justifique como quiera, pero la verdad es que los cordobeses no le conocemos una acción en defensa del pueblo en todos estos años.

Los limitantes a la actuación funcional de Decara como Defensor del Pueblo son reales y están impuestos por la ley N° 7741,  que regula la actividad. Por caso, sus resoluciones no son vinculantes y tiene vedado hacer denuncias judiciales.  El abogado especialista en derecho del consumidor y representante de la ONG ADCOIN (Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino), Exequiel Vergara, dijo a esta revista que “El Defensor del Pueblo no puede litigar. Sus funciones están limitadas a cuestiones informativas, de divulgación, y en concreto, sobre el derecho de usuarios y consumidores, la actividad es prácticamente nula”.   Y agrega: “Es muy distinto a otras provincias como Tucumán o Buenos Aires, donde la figura tiene otras atribuciones, independientemente que sea efectiva la actuación. A nivel nacional no hay Defensor del Pueblo hace varios años porque no se ponen de acuerdo en el Congreso para nombrar uno. En líneas generales, su rol está bastante desdibujado”.

La designación de Decara en 2008 generó polémica cuando un sector del radicalismo que encabeza el alfonsinista Dante Rossi impugnó su nombramiento y por ende el acuerdo político entre la UCR y el peronismo en la Legislatura, argumentando que fue votado por 2/3 de los legisladores presentes en el cuerpo, cuando la Constitución habla de dos tercios de la totalidad de los integrantes de la Cámara, número que fue alcanzado aquella oportunidad.

Rossi fue a la Justicia reclamando la nulidad de la designación. Un juez de primera instancia le dio la razón en noviembre de 2008, pero en 2009 la Cámara en lo Civil y Comercial revocó la sentencia y confirmó a Decara en el cargo. Desde entonces ha permanecido incólume en el edificio de calle Deán Funes casi esquina Tucumán.

Terruño

El kilómetro cero de la carrera política de Mario Decara está en la localidad de Huerta Grande, donde en 1983 fue elegido intendente y se quedó por dos periodos, finalizando en 1991.

“Vino de Cruz del Eje con una mano atrás y otra delante. Compró la llave de una farmacia y se hizo conocido en el pueblo a principios de los ’80 por ser un joven con mucho carisma y buen trato”, cuenta un dirigente de la UCR de la zona. Así logró integrarse al radicalismo local y acceder a la candidatura a intendente, con mucha picardía y muñeca, encuadrándose dentro de la Línea Córdoba que encabezaba el tres veces gobernador Eduardo César Angeloz.

Sus dos mandatos fueron la base a partir de donde construyó su liderazgo en el Departamento Punilla. En la década del ’90 fue senador y diputado provincial, etapa donde constituyó una sociedad política con el dirigente peronista de La Falda y referente punillense Carlos Caserio. Todas las voces del Departamento identifican a la exitosa dupla como una fórmula que logró la convivencia política de los dos partidos históricos, repartiéndose influencias en los distintos municipios, siempre acordando más que confrontando, pero guardando las formalidades de la competencia electoral.

Este concubinato  permitió luego que hubiese acuerdo en la Legislatura para instalar a Decara como Defensor del Pueblo con el aval de Caserio, que fue por largos años uno de los hombres del poder en la provincia gobernada por el cordobesismo. Los alcances de esa sociedad política se develaron, papeles en mano, en 2020, cuando una investigación difundida en Radio Panamericana por el periodista Lea Ross informó que la esposa de Decara, Gladys Norma Larrea, trabajó como asesora del entonces senador nacional por Córdoba desde el año 2015.

La resolución 178 de 2015 designó a Larrea como agente en el despacho de Caserio, sacando a la luz una sociedad política que cuidaba la formalidad de la distancia a la vista de la comunidad. Larrea había comenzado a trabajar en el Senado como empleada del bloque de la UCR, a pedido del entonces senador y luego gobernador de Jujuy Gerardo Morales.  El vínculo político con Caserio se habría debilitado cuando el entonces presidente del PJ cordobés decidió acercarse al candidato Alberto Fernández y romper con el schiarettismo. Decara, prudente, prefirió mantener la cercanía con el gobernador Juan Schiaretti, al margen de su pertenencia  ideológica (¿?) a Juntos por el Cambio.

El cuñado de Mario Decara, Edgar Larrea,  es actualmente el presidente del Comité Departamental Punilla de la UCR. Abogado con domicilio en Cosquín, gracias a su vínculo con el Defensor del Pueblo obtuvo la procuración de distintos municipios de Punilla -gobernados por peronistas o radicales- como Tanti, Parque Siquiman, Bialet Massé, Santa María o Cosquín, reforzando el cariz familiar de la construcción política de Decara en la zona.

La red de contactos políticos le permite al Defensor del Pueblo vincular también a la Universidad Nacional de Córdoba, donde gobiernan los radicales, con distintos municipios, llevando el Programa Universidad Popular a distintos puntos del interior provincial, donde designa referentes propios que amplían la figura de Decara más allá de los límites del valle de Punilla.

Decara participó en la autoría del proyecto “con el que algunos intendentes” pretendieron modificar la Carta Orgánica de sus municipios “para saltear la imposibilidad de re reelección. Aunque la intención fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, sirvió para reforzar lazos cruzados”, informó el periodista Luis Zegarra en la web Letrap.com.ar. “Sólo semanas después, algunos de esos mandatarios, con base territorial en los departamentos del oeste y el norte provinciales, se reunieron con Luis Juez, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio. El artífice de la reunión, convenientemente registrada, fue el propio Decara”, apuntó Zegarra.

Un Joe Lewis criollo

Si bien todo comenzó en Huerta Grande, actualmente la base de los movimientos de Mario Decara está en Villa Giardino, donde se convirtió en uno de los empresarios hoteleros de peso desde que en el 2.000 accedió a la propiedad del Hotel Altos de San Pedro. Se trata de un viejo casco de estancia ubicado en un predio de 1.100 hectáreas,  faldeo arriba de la localidad, donde comenzó la urbanización de la zona en el siglo XIX. La familia Giardino dio el puntapié inicial y por eso la Villa lleva su nombre.

El empresario gastronómico Franco Runca, que detentaba la propiedad hasta el 2.000, denunció que fue estafado por un testaferro de Decara que integraba la sociedad y a través de una maniobra lo despojó del Hotel.

Vecinos convocados por la asamblea ambiental de Villa Giardino tienen a Decara entre ceja y ceja porque el Defensor del Pueblo hizo cerrar un camino que estuvo abierto durante cien años y que conduce al ingreso del hotel, en el que el personal reconoció a esta revista que suele ser centro de reuniones políticas. El camino tiene una arboleda de alcornoques centenarios que Decara se apropió aduciendo que son parte del predio del hotel.

En junio del 2.020, alrededor de 300 vecinos realizaron una protesta frente al ingreso al hotel, cuyo camino se encontraba cerrado al paso. Según cronicó la radio Cadena 3, la manifestación solicitó el libre tránsito en dicho sector, muy utilizado por turistas, que además es considerado patrimonio histórico, turístico, natural, urbanístico y del paisaje cordobés. Apuntaron contra Mario Decara. “Todos los habitantes de Giardino se hicieron eco, este camino es público y ha sido transitado por más de cien años. Es un abuso de poder", clamaron los vecinos ante los micrófonos de la popular emisora cordobesa. La protesta se hizo extensiva a otras localidades como La Falda, Huerta Grande y La Cumbre, donde los vecinos reclamaron que el Concejo Deliberante de Villa Giardino aclare la situación sobre los cerramientos realizados por Decara.

También se acusó al Defensor del Pueblo de quedarse con un arroyo y vaciarlo durante el trayecto que trascurre en su propiedad. Vecinos de Villa Giardino lograron que la Justicia hiciera a un amparo ambiental que dispuso “el cese de la lesión al derecho a un ambiente sano y limpio, al derecho a la salud, a la salubridad e higiene del municipio, recomposición del bien colectivo dañado o la indemnización sustitutiva”, a causa del vaciamiento del curso de agua.

Revista El Sur estuvo en el lugar y pudo constatar que el arroyo está totalmente seco . Si bien se trata de una temporada donde la sequía hizo estragos en las fuentes de agua serranas, los vecinos de la zona dijeron que habría agua en el arroyo si Decara no lo hubiera desviado para su beneficio. En el amparo, que se cursa en Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, los vecinos solicitaron que el Defensor del Pueblo “cese en toda actividad que impida al agua continuar su cauce natural, que ponga fin al desmonte, al movimiento de suelos, a la extracción de material terroso y a la apertura de calles en su propiedad; y que realice las tareas de recomposición del bien colectivo dañado”. La abogada Paula Mondino explicó que el trámite judicial, una vez admitido, fue cajoneado por la propia Justicia.

La apropiación del arroyo y el camino de alcornoques no es la única acusación que pesa sobre Decara: en 2015 fue denunciado por abrir ilegalmente un camino serrano. La Policía Ambiental debió intervenir en la zona clausurando la senda, que había sido abierta con maquinaria pesada, desmontando bosque nativo a lo largo de su traza.

En declaraciones a la radio local La Minga, vecinos preocupados por la situación denunciaron que “se trata de empresarios están acelerando su ritmo de negocio, en donde el sector inmobiliario tiene su mayor implicancia y estos negocios se llevan a cabo de forma violenta. En la provincia de Córdoba, el cierre de caminos de forma ilegal no ocurrió sólo en Villa Giardino, ocurrió en otros puntos de la provincia en el marco de la pandemia. Estamos sufriendo en estos días incendios intencionales, que es otra forma de violencia para acelerar negocios inmobiliarios”.

Revista El Sur contactó a Decara para que diera su versión de los hechos, pero el funcionario de la profusa campaña publicitaria prefirió resguardarse en el silencio.