Admitida. El 4 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio el visto bueno al pedido de medida cautelar en contra del Estado Argentino, que tiene por víctimas a todas las "personas que se encuentran alojadas en los establecimientos penitenciarios de la Provincia de Córdoba".

Tenía que suceder y sucedió luego de que un grupo de abogados terminara resignándose a que las soluciones que reclaman nunca llegarán de manos del propio Estado provincial, que es el que provoca la situación denunciada. Suena lógico, aunque sea un tanto frustrante.

El expediente que avergüenza a la provincia de Córdoba ya está sobre el escritorio de la mejicana Tania Reneaum Panszi, la secretaria ejecutiva de la CIDH. Y en estos días también estará aterrizando en la mesa de trabajo del canciller Santiago Cafiero. Porque aunque sea Córdoba la causante, es el Estado Nacional el que recibe la demanda del organismo interamericano.

Vergüenza carcelaria                                   

La provincia gobernada por uno de los "presidenciables" es una de las peores en materia carcelaria y la que exhibe las cifras más vergonzosas en relación al encarcelamiento de personas que todavía no han sido condenadas: más del 60% de los presos no tienen condena firme, una cifra que supera ampliamente la media nacional (45%), a la que obviamente Córdoba contribuye (sin Córdoba la tasa nacional bajaría al 42%).

La consecuencia directa de este "diferenciador" que tiene Córdoba es que sus cárceles estén abarrotadas, con 11.804 internos al 31 de enero de este año.

Hay una palabra que sirve para sintetizar esa situación: hacinamiento. Y hacia ese concepto apuntaron los dos abogados cordobeses que el 9 de enero presentaron un pedido de medida cautelar en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, intentando que sea el mecanismo interamericano el que acerque la solución que las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia se niegan a implementar.

Una vez admitida la demanda se da inicio a un proceso que no se puede frenar hasta que no se llegue a una solución, tal como pasó en Mendoza. Aunque esa solución lleve varios años.

Festival de preventivas

Jorge Cardozo es uno de los firmantes del amparo presentado ante la CIDH,  puerta de entrada al sistema interamericano de resguardo de los derechos humanos, del cual Argentina es parte. Además de suscribir una denuncia desplegada en 15 páginas de crudo relato sobre la realidad carcelaria cordobesa, Cardozo viajó en enero a la sede del organismo buscando garantizar el impulso de la actuación. Algo sabe del tema. Se trata del mismo letrado que tuvo trascendental participación en el proceso que debió atravesar la provincia de Mendoza ante una situación carcelaria semejante, y que le valió cautelares de la CIDH y también medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana, en tiempos en que la gobernaba Julio Cobos.

En aquella ocasión Cardozo era director de Derechos Humanos de la Cancillería, es decir, el representante del Estado Argentino ante el organismo. "Digamos que me tocó estar del lado de la parte demandada", le contesta a modo de presentación a revista El Sur.

Hoy Cardozo está fuera de la función pública y se dedica al ejercicio de la profesión. Le toca estar del otro lado de la barandilla: es él quien lleva el planteo ante la CIDH de la grave situación que atraviesa la provincia de Córdoba.

"Lo que estamos viendo es que el escenario de Córdoba difiere del resto del país fundamentalmente por el uso abusivo de la prisión preventiva, que redunda en un enorme crecimiento de la población carcelaria. Eso la pone al tope de las provincias con mayor cantidad de detenidos sin condena, pero también redunda en una disparada del hacinamiento en establecimientos carcelarios que con esfuerzo pueden haber duplicado sus camas -en el mejor de los casos-, pero que de ninguna manera han duplicado el servicio que tiene que prestar la institución carcelaria", señala.

Según Cardozo -y en esto coinciden la mayoría de los penalistas del foro local-, ese abuso de la prisión preventiva es consecuencia directa de la potestad que tienen en Córdoba los fiscales para mandar personas detrás de las rejas. En el resto de las provincias son los jueces quienes dictaminan una detención; en Córdoba basta que un fiscal lo disponga, sin ningún tipo de control jurisdiccional. La consecuencia “es la superpoblación carcelaria y su completa deshumanización”, asegura el letrado.

Preguntarse luego por los altos índices de reincidencia parece una ingenuidad o un ejercicio de cinismo.

La cautelar

Los pedidos de cautelares ante la CIDH son tomados por un equipo específico que elabora un análisis y lo eleva a la Secretaría Ejecutiva del organismo. Si ésta considera que tiene elementos suficientes, eleva una consulta a los altos comisionados, que son los que en definitiva resuelven. "Córdoba ya ha superado la primera etapa. Es decir, la denuncia ingresó, fue estudiada y ha sido admitida", señala el abogado cordobés acerca de la causa que figura “En Proceso” en el portal de la CIDH, bajo el código MC-14-23.

¿Qué sucederá ahora? "La Comisión no contacta directamente a las autoridades locales, sino que se maneja con el Ministerio de Relaciones Exteriores", es decir, la cartera conducida por Santiago Cafiero, organismo en el que hasta hace poco tiempo se desempeñaba el propio Cardozo.  De ahí el conocimiento palmario que el letrado tiene sobre el procedimiento. "Lo interesante es que en esos casos la prueba se invierte y es el Estado el que tiene que probar que lo que está en la denuncia no es así", advierte el abogado, convencido de que pruebas es lo que sobra en la causa.

A oídos sordos

Uno de los planteos que incluye la solicitud es la indiferencia absoluta que viene mostrando tanto el Ejecutivo Provincial como la Justicia. "En noviembre el Comité Nacional de Prevención de la Tortura emitió un duro documento sobre la situación de Córdoba, y entre las recomendaciones solicitó la conformación de mesa de trabajo interinstitucional encabezada por el TSJ, para evaluar los casos y supuestos en los cuales bien podría recurrirse a medidas menos restrictivas", frente al abuso de las prisiones preventivas.

Ninguno de los dos poderes del Estado mostró la más mínima iniciativa. Ni el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Calixto Angulo, ni su par del Poder Judicial, Wilfrido Pérez, contestaron a las solicitudes presentadas por los abogados que ahora impulsan una medida especial de parte del órgano supranacional. "Realmente han sido infructuosos todos los reclamos ante las autoridades competentes, y damos por agotados los recursos internos", explicó Cardozo, quien impulsa la acción ante la CIDH junto a su par Francisco Lavisse, también abogado del foro local.

En los primeros días de abril estuvo en Córdoba una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Recorrieron varios establecimientos y la conclusión volvió a ser lapidaria.

Mendoza está cerca

"Hemos impulsado todos los mecanismos a nuestro alcance hasta lograr que la CIDH tome el caso y convoque al Estado Argentino a que dé respuestas de por qué en Córdoba se están incumpliendo derechos convencionales de los cuales nuestro país es signatario", insiste Cardozo. Y la admisión de la medida cautelar es un paso firme en ese camino.  "Todo lo relatado revela la necesidad de que esa Ilustre Comisión intervenga de manera urgente para reponer la legalidad interamericana y la dignidad de personas puestas a disposición de un Poder Judicial que se olvidó de los valores morales y las necesidades sociales", advierte la denuncia en sus últimos párrafos.

Durante largos años, Mendoza tuvo que trabajar esforzadamente junto al Estado nacional para poner su sistema penitenciario en consonancia con los acuerdos internacionales firmados por Argentina. Y debió rendir cuentas de cada una de sus acciones tanto ante la Comisión como ante la Corte IDH, hasta que logró demostrar que había encarado debidamente el proceso.

Hoy el escenario de Córdoba luce similar y la resolución del organismo supranacional parece anunciar que la Provincia -le guste o no a sus jueces, fiscales, legisladores, ministros y al propio gobernador-, deberá recorrer un camino que hasta hoy no ha parecido dispuesta a cumplir.

¿Hacía falta llegar a una cautelar? Todo indica que sí.