Desde el 8 de marzo se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 2 un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad, el 13 celebrado en Córdoba desde la anulación de las leyes e indultos que beneficiaron a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina.

La Causa Barreiro investiga la “privación ilegítima de la libertad agravada” de Rubén Amadeo Palazzesi, José Jaime García Vieyra y Nilveo Teobaldo Cavigliasso, la “imposición de tormentos agravados” a García Vieyra y Cavigliasso y “tormentos agravados seguidos de muerte” en perjuicio de Palazzesi. Están acusados los ex oficiales del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro y Carlos Enrique Villanueva y el ex suboficial Carlos Alberto Díaz, todos ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 141, con condenas por otros crímenes y en prisión domiciliaria.

Dirigente del Peronismo de Base (PB) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Palazzesi fue secuestrado por el Ejército, junto a su amigo García Vieyra, el 12 de agosto de 1979, en barrio Parque Vélez Sarsfield. En la calle y a plena luz del mediodía, los represores los metieron en sendos baúles de sus vehículos y los llevaron a una casaquinta de barrio Guiñazú cercana al Liceo General Paz.

Diez días después, Cavigliasso, esposo de la hermana de Palazzesi, también militante PB y FAP y ex delegado en la fábrica Transax, fue detenido en su domicilio de Villa Revol y trasladado a esa misma quinta, arrebatada a las familias Viotti y Mogilner-Gavaldá –también víctimas del terrorismo de Estado– para convertirla en centro clandestino de detención, el último utilizado por el Tercer Cuerpo durante la dictadura.

Allí fueron interrogados y torturados por represores del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada, según los sobrevivientes. Palazzesi fue asesinado en una sesión de tormentos. García Vieyra y Cavigliasso sobrevivieron, fueron trasladados al sistema penitenciario y puestos a disposición de Tribunales militares y de la Justicia federal.

Saqueos y complicidades

Desde la primera jornada, los jueces Julián Falcucci, Noel Costa y Fabián Asís escucharon los testimonios de víctimas y familiares. Cristina Guillén de Palazzesi declaró que al enterarse del secuestro de su marido tuvo claro su destino: “En plena dictadura, ya sabíamos que eso significaba desaparición y muerte”. Su primera reacción fue poner a salvo a sus hijos en su casa paterna. Pero tras ella llegaron los represores y se la llevaron detenida con su padre, quedando los tres niños con su abuela.

En el Departamento de Informaciones de la Policía sufrió torturas y amenazas de “traer a los niños a ese lugar”. Ya en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1), el director le comunicó la versión oficial de la muerte de su esposo, y Cavigliasso –el otro sobreviviente, ya fallecido– le contó la verdad: “El lugar era espantoso, los golpeaban y torturaban con picana. Él vio a Rubén en el baño y orinaba sangre. Lo golpearon hasta matarlo”.

Los militares se apropiaron de dos casas y un camping de la familia. “Nos robaron hasta el karting de mi nena –lamentó Cristina–. Cuando me hicieron el Consejo de Guerra, les pedí que me lo devuelvan”. En ese tribunal militar fue acusada de “subversiva” y condenada a quince años de prisión, en paralelo a un proceso en la Justicia federal. “El que divide la causa ahí (entre Justicia militar y civil) es Luis Rueda (el fallecido ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones), que entraba al Tercer Cuerpo como Pedro por su casa. Él les decía a los milicos cómo tenían que hacer”, relató Guillén. A indagarla “fueron (el juez Miguel Ángel) Puga, (el defensor Luis) Molina y (el juez Gustavo) Becerra Ferrer, que eran jueces de la dictadura”.

A su vez, Stella Maris Palazzesi de Cavigliasso contó que días después de la desaparición de su hermano fue con el abogado Jaime García Vieyra –padre del joven apresado con Palazzesi– a la sede de Tribunales de Obispo Trejo. Allí les mostraron una circular donde el Ejército informaba tener detenidos a Palazzesi, García Vieyra y Cavigliasso. “Eso era reconocer que los tenían y estaban vivos”, dijo la testigo. Además de una evidencia de que el Poder Judicial conocía que el Ejército tenía prisioneros no legalizados.

El silencio criminal

“De día me colgaban de un gancho en el techo. De noche me encerraban en un sótano donde las ratas venían a disputarme la comida”, relató el testigo y sobreviviente José García Vieyra. “Con él (Palazzesi) se ensañaron. Lo torturaron más que a mí porque le daban picana eléctrica –continuó–. Le insistían con ‘el palo verde’, un millón de dólares que le querían sacar”. “Vos sos el próximo”, lo amenazaban. Esa rutina se prolongó varios días, hasta que “hubo un silencio fuerte, se paró todo” y García Vieyra tuvo una impresión: “Ahí yo infiero que lo mataron a Rubén”. 

El testimonio arroja luz sobre la evidencia documental. Para “encubrir las verdaderas causas”, las autoridades del Ejército informaron que “el fallecimiento de Palazzesi había acaecido en oportunidad de trasladarlo a Buenos Aires y por intentar fugarse” en el móvil en que viajaban, señala el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía. En ese comunicado del 28 de agosto de 1979, informaban: “Ante esto se inicia (una) persecución que termina cuando (el) automóvil guiado por el D.T. (delincuente terrorista) por maniobrar cae (del) terraplén y se imposibilita y se incendia, pereciendo carbonizado el mismo”.

El testigo también corroboró la presencia de represores de la Marina. Dos días después, llegaron a la quinta dos personajes con tonada porteña y uno le dijo: “El único archivo tuyo que tenemos es de cuando hiciste la Marina, porque vos te sublevaste”. “Es cierto, yo me rebelé y me mandaron castigado a Ushuaia. Esa situación me dio indicios claros de que venían de los servicios de la Marina. Supongo que de la Esma”, conjeturó.

Ni repliegue ni contrataque

Palazzesi y Cavigliasso militaban en el PB y las FAP. Durante los años más duros, Palazzesi integró con Raymundo Villaflor y Enrique Ardetti a la dirección de esa organización. Los tres fueron desaparecidos o asesinados en agosto de 1979, en coincidencia con la represión a la Contraofensiva Montonera, cuando la conducción en el exilio dispuso el retorno al país de un grupo de militantes con el objetivo de desestabilizar a la dictadura y 94 de ellos fueron secuestrados entre 1979 y 1980.

Paradójicamente, desde que arreciara la represión, la jefatura de PB y FAP había decidido un repliegue para “defender los frentes políticos, tratando que los compañeros se mantuvieran trabajando y no exponiéndose”, como explicó en el juicio Consuelo Orellano de Ardetti, quien además confirmó la participación de grupos de la Esma en la desaparición de su esposo y de Villaflor.

Ni el contrataque ni el repliegue fueron opciones eficaces para enfrentar o eludir una represión implacable y coordinada entre Ejército y Marina. La quinta de Guiñazú fue uno de sus escenarios. Durante este juicio, Silvio Viotti relató cómo su familia y el matrimonio de Juan Mogilner y María Irene Gavaldá –ambos desaparecidos– fueron despojados de esa propiedad. Tanto en la audiencia como en la inspección al lugar, Viotti planteó una hipótesis que cobra fuerza: “En la quinta se cometieron crímenes, éste y otros. Creo que ahí estuvo también la gente de la Contraofensiva Montonera. Yo sostengo que ese fue el último campo de concentración en Córdoba”.