¿Qué sucede cuando en una sociedad se niega sistemáticamente a cumplir las leyes? Quizás no sea esa la definición más exacta de anomia, pero se le asemeja bastante. Y se agrava aún más cuando los que incumplen esas leyes son las propias autoridades. En alguna medida es lo que parece estar sucediendo con las autoridades ejecutivas y judiciales en Córdoba. Al menos eso pareciera leerse de las causas que recalan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que involucran al Gobierno y el Poder Judicial de esta provincia. Y por extensión, a la Nación misma.

En apenas algunos meses fueron formalmente admitidos dos casos que podrían tener consecuencias inesperadas... Entre otras, obligar a que las autoridades abandonen ese estado de anomia en que se encuentran.

El mes pasado, Revista El Sur anunció en exclusiva que la CIDH había admitido un pedido de cautelar por la situación de las cárceles. Torturas, hacinamiento, negación de derechos, abuso de prisión preventiva. Ahora, el mismo organismo vuelve a dar admisibilidad a una petición formal, en la que se reclama por el derecho de sindicalización de los trabajadores policiales y penitenciarios.

La presentación ante la CIDH es el corolario de una batalla de larga data que vienen dando desde el acuartelamiento del 7 de agosto de 2005 un grupo de uniformados cordobeses. En casi 18 años, la petición ya ha agotado todas las vías procesales dentro del país: comenzó como un reclamo administrativo ante el Ministerio de Trabajo, continuó con una denuncia ante la Justicia y llegó ante el TSJ. La respuesta fue siempre negativa.

Cuando el planteo cayó en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el sindicato cordobés recibió por unanimidad el primer (y único) espaldarazo. Fue en diciembre de 2013. Puro sentido común: les otorgaban la personería gremial “en trámite”, lo que en los hechos los habilitaba para actuar bajo el amparo de la ley.

Esa decisión fue casada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y llevada ante la Corte Suprema de Justicia, que se tomó nada más que siete años para desandar el camino.

El 20 de noviembre de 2020, en plena ASPO, los supremos resolvieron denegar algo que está acordado y garantizado por un amplísimo plexo normativo internacional -firmado por Argentina- en materia de sindicalización y derechos humanos.

Con esas cinco firmas se terminaba de agotar toda la vía legal dentro del país.

Mala noticia para los trabajadores. O quizás no tanto...

Admitida en Washington

Recibido ese último portazo a manos de la Corte, el grupo terminó por abrochar el requerimiento final que necesitaba para ahora sí intentar lograr afuera el reconocimiento que sabían no se obtendría dentro del país. Pero para ir a los organismos internacionales, había que agotar la vía en la justica local.

Solo 30 días después del fallo de la Corte René Zabala, el líder de este sindicato, suscribía la demanda en contra del Estado Argentino que la Unión de Policías y Penitenciarios Córdoba Argentina (UPPAC) presentaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando algo tan elemental como el derecho a la sindicalización de un grupo de trabajadores que, aunque vistan uniformes, son civiles.

Si bien la denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2020, la admisión de la causa no llegaría sino hasta septiembre de 2022.

¿Qué significa que el organismo internacional le haya dado "admisibilidad" a esta denuncia? Que ha logrado sortear todo un proceso previo de consultorías, donde se analizan diversos criterios como la competencia, el agotamiento de recursos en el plano local, los plazos procesales. Y lo fundamental: la posible caracterización de que efectivamente haya una violación de derechos consagrados en el sistema interamericano.

La sistemática denegatoria del Estado provincial y nacional a reconocer este derecho -que sí es reconocido en otras policías del mundo, e incluso de la región- se choca contra los convenios internacionales firmados por Argentina y ratificados por el Congreso (Convenios de la OIT 87, 98, 151 y 154, entre otros).

Justamente por esa razón es que la propia OIT no dudó en apoyar el reclamo de los cordobeses, acompañando el pedido ante la CIDH. Lo hizo a partir de la decisión de la japonesa Yukiko Arai, directora de la OIT Argentina, quien en abril de 2021 les concedió una audiencia a los uniformados vernáculos.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se explayó sin dobleces al responder a un pedido de Opinión Consultiva formulado por la propia Comisión. El 5 de mayo de 2021, el máximo organismo judicial del sistema interamericano dejó de lado cualquier tipo de duda al señalar sin dobleces que "los Estados deben garantizar que los trabajadores policiales gocen del derecho a organizarse para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo, a peticionar a sus superiores y a las autoridades, y a expresarse públicamente en forma pacífica". Dicho en otras palabras: los Estados deben garantizar que puedan organizarse en sindicatos.

Al mismo tiempo, la Corte IDH ratificó que "la función policial es básicamente civil, con las limitaciones indispensables impuestas por el cumplimiento de su función, en particular en lo referente al derecho de huelga, que debe estar limitado por tratarse de trabajadores de servicios públicos indispensables". Es decir: sindicato, sí; derecho de huelga, no.

Zaffaroni: “La puerta está abierta”

Uno de los siete jueces firmantes de esa Opinión Consultiva de la Corte IDH fue Raúl Zaffaroni, quien en su último paso por esta ciudad fue consultado por Revista El Sur respecto del expediente abierto por la UPPAC. "No creo que haya trabajadores en nuestro país a los que se les nieguen más derechos laborales que a los policías. No tienen derecho a la sindicalización, ni a discutir su salario, ni a debatir sus condiciones de trabajo. Se los maneja como si fuera un ejército; pero la policía es un servicio civil, no una fuerza militar", advirtió.

El ex vocal de la Corte Suprema consideró indispensable “tener una policía profesionalizada. Y la conciencia profesional no se desarrolla de ninguna manera si no es en una discusión horizontal sobre las condiciones de trabajo. Por eso todas las policías europeas están sindicalizadas".

-Se acaba de abrir una causa en la CIDH, donde admitieron un recurso presentado desde Córdoba. ¿Qué opinión tiene?

-Eso es así porque hay una sentencia en la Corte IDH en la que le reconocimos a la policía el derecho a la sindicalización.

-¿Ese criterio se podría aplicar en Córdoba?

-Sí, por supuesto. Es una puerta que está abierta. Me imagino que ese proceso tiene que seguir por ese curso.

Si bien Zaffaroni ya cumplió su período dentro del organismo, la claridad y la manera rotunda en la que se expresaron también el resto de los jueces, presididos por la costarricense Elizabeth Odio Benito no pareciera dejar margen de duda sobre cómo va a terminar este proceso iniciado en 2006. El problema, a esta altura, parece ser los tiempos.

Camila Souza es consultora de la CIDH y fue la autoridad que ratificó que el Estado ya había sido formalmente emplazado. "El 23 de septiembre de 2022 han sido remitidas las partes pertinentes al Gobierno de Argentina y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogables hasta un máximo de cuatro, para que éste presente sus observaciones", conforme al reglamento de la propia CIDH, escribió Souza en la notificación que llegó a Córdoba.

Si el Estado nacional no contesta se lo podrá volver a emplazar y correrá una nueva  prórroga de seis meses a partir del emplazamiento. Cálculo a trazo grueso: el engorroso trámite tal vez no finalice antes del corriente año.

El obstinado

No menos de 26 años pasaron desde que Hipólito Yrigoyen comenzó a exigir el voto universal, hasta que efectivamente se aprobó la ley que injustamente no lleva su nombre. Entre medio fue perseguido, estuvo preso, le inventaron causas, lo fustigó la prensa, le dieron la espalda sus correligionarios. Pero no abandonó la lucha hasta lograr algo que sabía era justo. Y así fue dos veces elegido en la primera magistratura.

La de René Zabala fue una de las firmas que pidió por la sindicalización policial en 2006. Desde entonces ha chocado sucesivamente contra el poder de la policía, de la administración pública, de la Justicia. Lo metieron preso (por una asamblea realizada en Villa María), pasó varios meses en Bouwer. Salió y retomó la lucha. Lleva ya 18 años en este camino.

Es probable que en poco tiempo, finalmente la Justicia argentina tenga que aceptar que los policías y los penitenciarios son trabajadores civiles, y como tales, pueden conformar un sindicato y afiliarse a él. Con cierto tipo de limitaciones para ejercer medidas de fuerza. Pero aun así, podrán ser parte.

Cuando eso finalmente suceda, quizás algunos recuerden la batalla que supo dar hace más de un siglo Hipólito Yrigoyen. Casualidad, destino o simple obra de la perseverancia, lo cierto es que Yrigoyen es el único presidente de la Argentina que también fue policía.