“La defensa penal de González se dedica a decir que no a cada medida de prueba, cada paso procesal está observado. Pero se avanza igual”, dice la querella de la investigación penal contra Oscar González, que se sustancia en Cura Brochero, Traslasierra. El proceso judicial por el crimen de Alejandra Bengolea, que resultó muerta tras ser embestida en un accidente vial por el auto del legislador  en uso de licencia, y de las gravísimas secuelas que sufrieron su hija Marina y la amiga de ella, Alexia, sigue su curso a pesar de las mañas procesales que pone en práctica el abogado del hombre fuerte de Traslasierra, Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de larga trayectoria, ex fiscal General de la Provincia y político radical.

Nadie cuestiona el papel del letrado, junto a su colega Gastón Bazán, pero para las querellas la estrategia de González es retrasar, evitar que se eleve la causa a juicio con celeridad y garantizar así que su compañera Cristina Vélez llegue a la elección para intendenta de Villa Dolores antes de que su marido se siente en el banquillo de los acusados.

El abogado de una parte de la querella, Germán Romero Marcón, dice a Revista El Sur que, a pesar de la estrategia de la defensa del ex ministro de Schiaretti y De la Sota, la Fiscalía “viene actuando bien, conforme a los parámetros que le dio el Procurador, y el juez de control es correcto”.

Hasta el momento hubo dos reuniones por la pericia accidentológica y resta realizar una tercera. Respecto a esa pericia se realizará una reconstrucción virtual del accidente producido en el paraje La Niña Paula, a escasos kilómetros de Mina Clavero, cuando González rebasó en zona prohibida otro vehículo y chocó de frente a Bengolea.

Se nombraron peritos por parte de la defensa y las querellas. Ortiz Pellegrini rechazó, junto a la Fiscalía, la constitución como “Amigos del Tribunal” de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la causa. El juez de Control José María Estigarribia había aceptado la intervención de la ANSV, pero la defensa apeló la resolución ante la Cámara de Cruz del Eje, que en 24 horas -récord difícil de igualar- rechazó lo resuelto por Estigarribia. Tanto el organismo nacional como la querella apelaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “y eventualmente iremos a la Corte”, advierte Romero Marcón.

El antecedente de la causa Amoedo -accidente en Circunvalación donde un conductor borracho mató a dos jóvenes que estaba estacionados en la banquina y otra joven sobrevivió con graves lesiones- avala la presencia de la ANSV en el proceso.

González también continúa negándose a realizarse una pericia psicológica. Primero evitó someterse a una pericia presencial y ahora niega hacer otra por “lectura de expediente”, para que un cuerpo interdisciplinario con psicólogos y peritos de parte puedan decir si “el imputado comprendía la criminalidad de sus actos, si era una persona acorde a cumplir con las normas o si tenía tendencia a violarlas y demás comprensiones de su personalidad psicológica”, remarca el letrado querellante.

Cambio de carátula

La querella insiste ante el juez en cambiar la calificación del delito cometido por González: quieren que pase de “homicidio imprudente agravado y lesiones gravísimas” a “homicidio simple”, más el concomitante de lesiones gravísimas. El primero es culposo –no lo habría cometido con intención de matar- y tiene penas que van de 2 a 5 años; el segundo implica dolo y conlleva penas de 8 a 25 años de prisión.

Romero Marcó dice que la querella que representa presentará también una demanda civil contra González, que se radicará apenas se eleve a juicio la causa penal. “Vamos a pedir el embargo de todos los bienes de González”, advierte el abogado.