La Justicia de Río Cuarto escribe por estos días otro capítulo bochornoso que se suma a su penoso historial: la jueza civil María Laura Luque Videla abrió un expediente para evaluar si corresponde que los directivos del country Riverside pueden iniciar una demanda civil sin pagar la correspondiente tasa de justicia.  En otras palabras, la magistrada evalúa otorgar el beneficio de "litigar sin gastos" al más selecto grupo de vecinos de Río Cuarto, que conviven en un verdadero paraíso con seguridad privada, pileta, cancha de golf, tenis, fútbol, Club House, salón de eventos y todas las comodidades de las que carecen la mayoría de los riocuartenses.

El insólito pedido para litigar sin gastos fue presentado el 20 de octubre del año pasado por el abogado Alejandro De la Torre, en representación de Marcelo Bonetto, presidente del "Río Cuarto Riverside Country Club S.A.", sociedad que tienen por finalidad "el fomento y dirección de la actividad social, deportiva y cultural del country". En aquél momento Bonetto y su letrado solicitaron eludir el pago de  los 343.600 pesos que debían abonar en concepto de tasa de justicia para poder iniciar una demanda millonaria contra los anteriores administradores de la sociedad, a quienes les reclaman la friolera de $ 75.000.000.

Pese a la evidente incongruencia de la presentación de los potentados vecinos del Riverside, la jueza Luque Videla dispuso, el primer día de noviembre, darle trámite al pedido del Beneficio de Litigar sin Gastos. ¿Qué significa este "beneficio"? La página del Poder Judicial de Córdoba lo dice con claridad meridiana: "El beneficio de litigar sin gastos es un mecanismo que ha sido diseñado para los casos en los que el justiciable no se encuentra en condiciones económicas para hacer frente a los gastos que implica el inicio de una actuación judicial. De esta manera, se asegura el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos".

"Para la promoción de la mayoría de los procesos que se plantean con contenido patrimonial -explica la web oficial Justicia Córdoba- corresponde cumplimentar con los gastos iniciales, tales como la Tasa de Justicia y los Aportes a la Caja de Abogados de Córdoba, entre otros, además de las eventuales costas que puedan sobrevenir en la causa principal que se ventila", es decir, los gastos previstos para el funcionamiento del sistema judicial mismo y de la futura jubilación de los abogados. A renglón seguido, se advierte que "el legislador ha ideado que para aquellos supuestos en que el justiciable alegue y demuestre impotencia económica para hacer frente a dichas erogaciones, se le conceda la franquicia para litigar sin gastos".  En otras palabras, se trata de un beneficio pensado para que los pobres -que  no pueden pagar ni la tasa de justicia ni los aportes a la Caja Previsional de los abogados- no queden al margen del servicio de Justicia.

¿Puede ser éste el caso de los vecinos del country Riverside? Al darle trámite al expediente, la jueza Luque Videla piensa que esa posibilidad existe.

"Impotencia económica"

La respuesta de la contraparte en el juicio que iniciaron los actuales administradores del country Riverside no se hizo esperar. Y fue contundente. En un escrito presentado en marzo último Héctor Yofre, el abogado del demandado Adrián Cretacotta -anterior administrador del Riverside- , calificó lisa y llanamente de "rufianes" a los solicitantes del beneficio.

Con sentido común, advirtió a la jueza que la posibilidad de litigar sin gastos "ha sido creada en beneficio de personas que acuden a solicitar el servicio de justicia de manera especial, personal y diferenciada a su favor, por SER POBRES, todo lo cual ni por asomo ocurre en los presentes, donde nos encontramos en presencia de verdaderos “rufianes”  en la acepción “-hombre vil y despreciable que vive del engaño”-, que solo pretende eludir el pago de la tasa de justicia y demás aportes de ley, violando tanto sus obligaciones tributarias como previsionales de naturaleza social".

"Resulta por todos conocido - incluida S.S. - que la actora exhibe una capacidad patrimonial ostensible, contraria al espíritu de este instituto, que está destinado a permitir el acceso a la justicia a los económicamente vulnerables y no a sociedades que se dedican a administrar el más que buen vivir de un conjunto de asociados (socios en este caso de Río Cuarto Riverside Country Club S.A.) que conforman un grupo poblacional recoleto y por cierto con ostensible capacidad económica, ampliamente conocido en esta ciudad", agregó el letrado en la durísima contestación de la demanda a los "pobres" vecinos del Riverside. Que, entre otras cosas, se dedican a administrar las expensas de los vecinos del lugar -"superiores a un Salario Mínimo Vital y Móvil- para solventar los gastos que insume la manutención de las canchas de golf, tenis, fútbol, jockey, el funcionamiento del Club House o el servicio de vigilancia privada, servicios al que no acceden el común de los mortales (y mucho menos lo que realmente necesitan alguna vez acudir al Beneficio de Litigar sin Gastos).

"Este “grupo” integrado por empresarios, propietarios de importantes campos, de conocidas inmobiliarias, contadores públicos, jueces, camaristas, abogados, en fin, sujetos que exhiben condición económica de solvencia -insiste Yofre en la contestación de la demanda-, aparentemente decidieron el inicio de acciones judiciales y en lugar de disponer de los fondos necesarios para hacerlo, conforme su capacidad patrimonial, confirieron mandatos a sus abogados para que literal y derechamente evadan la tasa de justicia y defrauden a la Caja de Jubilaciones de Abogados y Procuradores de la Provincia…Verdaderamente su obrar hiede a carroña purulenta". En otras palabras, los trató de evasores... y a la jueza de eventual cómplice de una clara maniobra defraudatoria. Es más, en el propio escrito, el abogado Yofre sugiere la posibilidad de que los actuales administradores del country Riverside hayan incursionado en lo que en la jerga tribunalicia se denomina "forum shopping", es decir, elegir un juez  o jueza amiga para asegurarse un litigio favorable.

Buen vivir

Entre las pruebas aportadas por Yofre para intentar voltear el insólito beneficio que podría otorgarle la jueza Luque de Videla a los ilustres vecinos del country figura el propio informe de créditos, bienes y deudas que la sociedad entregó en junio de 2022 a la nueva administración de Bonetto, donde figura un excedente económico de$ 74.158.201,77. También pidió se cite a declaración testimonial a los vecinos  Lino Pedrueza, Rubén Otonelli, Diego Donzelli y el propio Bonetto, para que acrediten su difícil pasar económico y así justificar el beneficio solicitado.  Mientras tanto, los primeros días de mayo declaró  Pedro Celoria, vecino y miembro de la nueva comisión directiva de la sociedad que administra el Riverside. Entre otras cosas, dijo  que paga 55.000 pesos mensuales de expensas (si hubieran prorrateado el costo de la demanda contra los ex administradores del country le habría correspondido pagar poco más de tres mil pesos de tasa de Justicia); que un lote en el country ronda los 42.000 dólares; que su casa –como la mayoría de las del predio- tiene cuatro dormitorios, living comedor, cochera, cocina comedor, cuatro baños,  pileta de natación y galería. Y que el country cuenta además con servicios privados  de seguridad, mantenimiento, limpieza y recolección de residuos.

No más palabras, señora jueza.