"Deliberadamente, ella benefició a los culpables, protegió a los tratantes y su patrimonio, y destruyó sin piedad la vida de las víctimas". (Carolina Altamirano, 45 años. 16 meses presa.)

"El daño que nos hizo a nosotras y a nuestras familias es irreparable. Ella se tejió una película y obró con total subjetividad y una completa impericia. Habrá pensado que quizás con esta causa se compraba un puesto político de trascendencia". (Liliana Marcial, 53 años. 15 meses presa.)

"Esta mujer se encarnizó con destruir nuestras vidas. Arruinó mi vida social, moral, económica y psicológica. Todo eso es lo que hizo la fiscal de Cura Brochero". (Liliana Dariomerlo, 64 años. 16 meses presa.)

Son las voces de las víctimas. Víctimas por partida doble: primero fueron presa de un manipulador y estafador profesional que se fue quedando con sus bienes, sus voluntades, el fruto de sus trabajos, sus vínculos sociales y sus conciencias, al punto que lo consideraron una especie de divinidad; y luego fueron víctimas de un Poder Judicial que no se tomó el trabajo de escucharlas: en cambio, las señaló como partícipes de una asociación ilícita -en la que, paradójicamente, terminaron fundidas- y las arrojó a las tres (y a otras cuatro mujeres) a un frío calabozo en Bouwer.

Esas fueron las derivaciones de la causa que se hizo conocida como de los "Sanadores Egipcios", vendida a los medios como una gran organización de impostores que hacían ejercicio ilegal de la psicología con el fin de estafar a la gente. En realidad, esa "gran organización" era un manosanta uruguayo, su mujer argentina y el hijo adolescente de ambos, que amasaron una fortuna que incluye al menos siete departamentos a estrenar en Nueva Córdoba, según reveló en su momento esta revista. El resto de la “asociación ilícita” eran todas víctimas.

Carolina Altamirano, Liliana Marcial y Liliana Dariomerlo debieron pasar casi un año y medio de encarcelamiento en una prisión hacinada. Igual sufrimiento tuvieron que soportar Verónica Floridia, Maximiliano Isicksonas, Noelia López, Alejandra García, Flavia Stefancich y Claudio Urtiaga.

Todos los recursos que plantearon ante las instancias de control de la Justicia de Córdoba chocaban contra un muro de silencio y de sordas negativas. Si pudieron recuperar la libertad fue porque sus abogados defensores lograron convencer a la Justicia Federal de que estaban frente a un caso típico de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Hoy, luego de ser sobreseídas, buscan responsables por la tortura institucional a las que fueron sometidas. Y entienden que esa responsable tiene un nombre y apellido: Analía Gallaratto, la fiscal de Villa Cura Brochero.

Mal desempeño

En sus ediciones de agosto de 2022 y enero de este año, Revista EL SUR relató el recorrido que hizo esta causa entre los fueros provincial y federal y cómo finalmente recaló en el edificio del Parque Sarmiento, luego de que el juez de control José María Estigarribia volviera sobre sus pasos y dictaminara en favor de las víctimas.

Lo que siguió a esa decisión fue la inmediata liberación de los detenidos (a excepción del gurú y  su esposa) y siete meses después, tras verificar sus estados patrimoniales, se firmó su definitivo sobreseimiento.

Con la causa en el fuero federal, ahora bajo la figura de trata de personas y de reducción a la servidumbre, algunas de las víctimas se volvieron querellantes e irán contra el que fuera su "maestro", el hombre que las redujo a la sumisión. Pero también apuntarán contra la fiscal que ordenó su encarcelamiento, a quien no dudan en hacer responsable de la peor parte de sus calvarios. Por eso le iniciarán un Jury.

Quienes se hallan abocados a la faz técnica de esa tarea son los abogados Carlos Hairabedian y Miguel Juárez, ambos en representación de Carolina Altamirano. "Vamos a hacer responsable a la fiscal por un claro mal desempeño, en virtud de la obstinación y de la ceguera con la que actuó esta funcionaria del Ministerio Público Fiscal, que fue la que terminó provocando una privación ilegítima de la libertad sobre las víctimas", aclara  Hairabedián en diálogo con esta revista.

La presentación se hará durante el corriente mes de junio, "antes de la feria", según garantizan ambos letrados, que siguen de cerca un proceso similar abierto contra el juez civil y comercial Francisco Martín Flores.

"La responsabilidad que ha tenido esta funcionaria judicial es enorme porque ha sido ella la que tomó la determinación de encarcelar a estas siete mujeres que en realidad eran víctimas, y luego sostuvo obstinadamente esa decisión", señala Hairabedián. Y aclara que la acusación será por "mal desempeño en sus funciones". Y si bien admite que esa imputación de algún modo "implica cierta degradación de la real responsabilidad que tuvo en este proceso", señala que buscarán "permanecer enfocados sobre los hechos más contundentes, privándonos de acusar por delitos de mucha mayor gravedad que el mal desempeño, algo que podríamos plantear para más adelante".

Cuesta entender por qué razón la acusadora mantuvo durante tanto tiempo su obstinación por acusar a las víctimas. Los abogados entienden que fue algo así como un "enamoramiento de la causa". Miguel Juárez considera que "el hecho de haber tenido que impulsar un expediente de esta envergadura le habrá hecho pensar que era la 'causa de su vida'. Evidentemente nos queda la sensación de que se enamoró del objeto de amor equivocado", sostuvo.

Con un detalle adicional. Desde el inicio de la causa, entre las imputadas estaba Natalia Benavidez, funcionaria en la Justicia de Córdoba. "Fue la única para la que no pidió detención", apuntó el abogado. ¿Privilegios corporativos?

"Lo increíble -agrega Hairabedian- es que durante todo el proceso ésta fiscal insistió en que estaban absolutamente acreditados los hechos, y que la pertenencia de estas mujeres a la organización había sido plenamente voluntaria". Los hechos demostrarían exactamente lo contrario.

Sólo la fiscal

¿Puede la sola decisión de una fiscal alcanzar para que avance un proceso a todas luces errado? La respuesta es no.

Para que estas víctimas de trata de personas y de reducción a la servidumbre hayan pasado 16 meses presas fue también necesaria la ratificación del juez de control, José Estigarribia, y la posterior intervención de la Cámara de Cruz del Eje.

Cuando la causa pretendía avanzar hacia el fuero federal, el fiscal Carlos Casas Nóblega se expresó opuso a que el expediente recalara en el despacho del juez federal N°3 Miguel Hugo Vaca Narvaja. ¿El argumento? El propio Hairabedián reconoce haber quedado atónito al escuchar la razón de boca del fiscal: "Nos atendió muy bien, muy educado, con esa galantería propia de los magistrados, pero nos dijo: 'Esta chica ya tiene prácticamente cerrada la investigación', y por lo tanto no convenía sacársela".

El juez instructor no acató la sugerencia de su fiscal e insistió en que la discusión fuera dirimida por el juez de control. Esta vez Estigarribia volvió sobre sus pasos y decidió sacarle la causa a Gallaratto, que hasta último momento se aferraba al expediente.

¿Se podría ampliar el jury contra el resto de los que intervinieron? "Sí se podría, pero también somos conscientes de que si se hace una 'cosa colectiva', probablemente el 'espíritu de cuerpo' con el que muchas veces actúa la Justicia nos termine impidiendo llegar a nuestro objetivo", admite Hairabedián.

Los caminos hacia el jurado

El proceso contra la fiscal Gallaratto tendrá una particularidad, consecuencia de la composición actual del jurado de enjuiciamiento: la funcionaria acusada sería enjuiciada por un jury completamente integrado por mujeres: la representante del TSJ, Aída Tarditti, la presidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, y las representantes de los bloques mayoritarios, Victoria Busso (oficialismo), Silvia Paleo (Juntos por el Cambio), y Daniela Gudiño (UCR).

De prosperar el pedido de jury, la acusación estará a cargo del fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado y la querellante, Carolina Altamirano, será patrocinada por la dupla Hairabedián-Juárez. "Vamos a seguir de cerca el actual proceso para saber a qué atenernos. Sobre todo, en lo que hace a la conformación actual del jury y su singularidad", adelantan los letrados.

Tampoco resulta menor el contexto en el que podría afrontar su primer jury la fiscal Gallaratto: sobre su escritorio está nada menos que el expediente que el accidente fatal en las Altas Cumbres por el que está imputado el ex hombre fuerte de la Legislatura Unicameral, Oscar González (ver página 10). El escaso avance en esa causa, la negativa a detener al principal acusado –que contrasta con la firmeza que mostró para detener a las mujeres en la causa de los Sanadores Egipcios-, y la demora en llevar a cabo pericias más básicas del accidente ponen en el centro de la atención a la fiscal cuestionada. Habrá que ver cómo se mueven las fichas políticas en el complejo tablero de ajedrez del Poder Judicial mediterráneo.

Dos organizaciones mafiosas

"Hemos sido víctimas de dos organizaciones mafiosas. Primero, una secta que nos sometió a la servidumbre sin darnos cuenta: se apoderó de nuestras vidas, de nuestros bienes, nos separó de nuestras familias, nos doblegó. Pero luego hemos sido víctimas de otra organización criminal que fue la Justicia, y que nos hizo tanto o más daño". La frase la desliza desde Santa Fe, de donde es oriunda, Liliana Marcial, que estuvo 15 meses presa y todavía intenta recomponer su vida. Hace dos meses fue reincorporada a la Justicia de Santa Fe, donde volvió a trabajar como secretaria en una Fiscalía de Género y Violencia Familiar. Todavía no logra recuperarse. "El daño que nos hizo esta mujer a nosotras y a nuestras familias es irreparable", desliza esta mujer de 53 años, madre de una adolescente.

Algo similar sostiene Liliana Dariomerlo (64): "Recuperamos la libertad, pero nos cuesta todavía recuperar nuestra vida, nuestra rutina, nuestro día a día. ¿Quién me repara todo esto que viví? No hay nada", comenta esta mujer, que hasta su detención vivía en Huinca Renancó, al sur de Córdoba, pero que no ha podido volver a establecerse en su terruño.

Carolina Altamirano (45) lo vive quizás con otra intensidad. Ella es quien le pondrá la firma al jury para avanzar en la responsabilidad de la fiscal. "Estoy haciendo esto por mis hijos, para dejarles un buen ejemplo. Pero la verdad que tengo miedo de aparecer flotando en el dique", admite.

Para ella y sus compañeras de causa y tragedia, "no hay nada que pueda reparar” lo que vivieron. "¿Vos pensás que se puede resarcir la infancia de los niños injustamente castigados con el abuso de la prisión preventiva? ¿Con qué derecho se mancilla el nombre y se somete a una víctima a sufrir las vejaciones que se viven en la cárcel?", se pregunta. "El jury, por más que salga favorable, nunca va a reparar la maldad, la falta de ética y de humanidad que nos mostró la Justicia en todos estos años", concluye.

 ¿Y las pericias psicológicas?

Al fallar en favor de que la causa pasara a la competencia federal, entendiendo que se trataba de un caso flagrante de trata de personas y reducción a la servidumbre, el juez José María Estigarribia tuvo duras expresiones contra la fiscal Analía Gallaratto (la misma a la que meses antes le había confirmado las actuaciones).

En su resolución de junio de 2022, Estigarribia sostuvo que en una causa en la que aparecía como algo fundamental "definir la condición de víctima o victimario de una de las partes implicadas, resultaban de esencial importancia las pericias psicológicas". En ese sentido, el juez escribió, no sin asombro, que "en la causa provincial, a pesar de haberse considerado concluida la investigación, no se cuentan hasta el día de la fecha con las pericias de los imputados, por lo que el análisis en base a ellos no fue realizado y no puede realizarse en este momento”.

De quien sí tenía pericias la fiscal fue de Álvaro Aparicio Díaz, el gurú, ahora procesado por el delito de trata de personas. “Y el dictamen pericial no hace más que corroborar la conclusión a la que arriba en este pronunciamiento". En otras palabras: a tal punto la fiscal no se interesó en indagar si sus detenidas eran víctimas o victimarias, que ni si quiera ordenó una pericia psicológica. Y elevó la causa a juicio mientras las tenía presas en un calabozo de Bouwer.