“Por la misma plata nos ofrecieron un montón de mejoras”. Así comenzó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la decisión de contratar el “sistema Turing” de transmisión de actas electorales, desde cada una de las escuelas provinciales al centro de cómputos del Juzgado Electoral. Fueron 540 millones de pesos que el TSJ dispuso a través de una contratación directa para “servicios de recuento, análisis o escrutinio”, según se lee en el contrato con el correo privado OCASA. Pero el sistema colapsó y en Tribunales salieron rápidamente a deslindar responsabilidades, apuntando a la empresa y su subsidiaria, la firma MSA, que aportaba el soporte técnico para hacer la transmisión de datos.

“Falló la transmisión de datos para lo que contratamos a una empresa. La causa principal fue la ausencia de los técnicos que debían transmitirlos”, alega uno de los integrantes de la máxima instancia judicial de la Provincia en diálogo con Revista El Sur. Y destaca a renglón seguido que “lo importante es que a pesar de los problemas se respetó la voluntad popular”.

“No importan cuál de las dos empresas fue responsable, o si fueron las dos conjuntamente, porque a los fines del contrato son responsables solidarias; la millonaria multa que le aplicaremos recaerá sobre las dos”, advierte la misma fuente. 

Es cierto que la voluntad popular no estuvo en juego, ni siquiera ante la ya conocida irresponsabilidad del candidato opositor: Luis Juez intentó un pataleo inicial, pero su exabrupto en el canal de noticias macrista LN+ sobre el supuesto reparto de droga en los barrios por parte del oficialismo para que los vecinos votaran a Martín Llaryora clausuró cualquier otro cuestionamiento al proceso electoral. Sobre todo porque nadie –ni propios ni extraños- acompañó al verborrágico perdedor en su insólita denuncia.

Pero también es cierto que el fiasco del escrutinio provisorio puso en riesgo la convivencia democrática y reflotó los fantasmas de hace 16 años, cuando un oportuno apagón dio vuelta la tendencia del escrutinio provisorio y consagró a Juan Schiaretti como gobernador en una elección para el infarto que Juez no dudó en tildar de fraudulenta.

El 25 de junio Martín Llaryora no pudo celebrar su triunfo como debía, Juez no aceptó la derrota y los cordobeses se fueron a dormir otra vez con la sensación que las instituciones están cada día más lejos de la gente. Lo que tal vez explique la baja participación del padrón en la elección, la menor desde la recuperación del sistema democrático en 1983.

Sistema innovador

“Incorporamos este sistema especialmente para los medios, a los que les damos respuestas más rápidas. Es un sistema que vimos cómo funcionó en Marcos Juárez, en Neuquén, en Tierra del Fuego y nos gustó. No hay que temerle porque, cuando se habla de Inteligencia Artificial, parece algo extraño, pero no es nada más que un simple escaneo, como una fotocopiadora”, declaró días antes del comicio la inefable jueza electoral Marta Vidal.

Desde las oficinas del TSJ justifican a esta revista que los beneficios del sistema que vendía la jueza a la sociedad se fundamentaban en la capacidad de “poder verificar las actas in situ en cada establecimiento. Eso achicaba el margen de error porque no había un cargador de cómputos en el data center que debiera interpretar la letra de lo escrito en cada acta, sino que desde la escuela las mismas autoridades de mesa que realizaron el conteo podían verificar que el acta se transmitiera correctamente. Y se mandaba la información verificada”.

Pero a partir de la catastrófica carga inicial de datos se multiplicaron las críticas al Poder Judicial y se cuestionó la contratación del sistema turing. El especialista informático y veedor en diversas elecciones, Javier Smaldone, advierte que “la cosa no sale bien cuando se aplica un sistema crítico en una operación del tamaño de una elección como la de Córdoba. Es un sistema que nunca se usó en una elección de esta magnitud”.  “Esto lo sabíamos todos los informáticos que estábamos mirando como venía la cosa”, asegura.

Y agrega: “¿Qué pasó? La votación anduvo bien, el escrutinio anduvo bien y no hubo problemas en el conteo de los votos, la transmisión anduvo razonablemente bien, pero falló en un 20% y desnudó que no había un plan de contingencia, un plan B bien definido y aplicable rápidamente para usarlo si el plan A fallaba. Técnicamente no es muy razonable lo que se hizo, hay mejores formas de resolver”

El especialista sostiene que el sistema no estuvo bien hecho: “Se contrataron 2.800 técnicos que de técnicos tenían poco y no es culpa de ellos: eran dos por escuela para los 1.400 establecimientos. Estos técnicos tuvieron una capacitación de cuatro horas y simulacros hasta completar las 12 horas, que equivalían a las 12 horas de la elección. Cobraron 35.800 pesos por el trabajo”.

“Eran chicos jóvenes, mal capacitados y mal pagos, trabajando por el día, contratados a través de una consultora subcontratada por otra empresa que a su vez subcontrató la empresa OCASA, que contrató la Justicia Electoral. Si eso no es negreo, ¿el negreo dónde está?”, se pregunta Smaldone. Los técnicos, seleccionados por la consultora Azoko Tempo Servicios Eventuales, trabajaron 28 horas, a razón de $1.278,50 la hora. ¿Cuánto cobra un técnico con experiencia? “Para un trabajo corto e intensivo como el de esta elección no se cobra menos de $5.000 la hora”, advierte el informático.

Elección privatizada

En el TSJ explican que la contratación de empresas privadas se viene haciendo hace varias elecciones y bajo la modalidad de contratación directa “pero se tomaron los recaudos para hacer la selección de las empresas del ramo que se presentaran a cotizar. Es un pliego que se basa en las elecciones anteriores. No podemos realizar una licitación porque impone plazos ordenadores que son más largos y se ven entorpecidos por el llamado a elecciones sobre la hora, que cumple con el plazo de 90 días anteriores a la elección, pero se choca con los plazos de la licitación”.

“Concretar una licitación lleva seis meses”, se justifican. Y derivan la responsabilidad por lo sucedido en la especulación que hizo el Poder Ejecutivo con la fecha de la elección. “Mirá lo que paso en Santa Fe: llamó a elecciones medio año antes. En cambio acá apenas se cumplieron los 90 días de rigor”, insisten. Y no les falta razón: el gobernador santafesino Omar Perotti publicó el decreto de llamado a elecciones el 16 de febrero para una elección provincial que se concretará el 16 de julio. Schiaretti en cambio llamó a elecciones el 20 de marzo para votar el 25 de junio, dejando plazos mucho más acotados para resolver la implementación del operativo electoral.

Desde Tribunales también le endilgan al Ejecutivo provincial el retraso en la planificación del comicio por la demora en la entrega de fondos. Y apuntan sin disimulo a la secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, Mónica Zornberg. “Nos costó conseguir el dinero mucho más que en otras elecciones. Tardamos una semana y eso limitó el tiempo de resolución del resto del proceso de contratación. No se entiende por qué se quejan del costo de las elecciones si después las desdoblan (como las municipales de Córdoba Capital, previstas para el 23 de julio, a un costo de 1.478 millones de pesos, que podrían haberse ahorrado si las hacían coincidir con las provinciales). Incluso si las pegaban con las nacionales salían casi gratis. Por eso nos dijeron cuando se armó el presupuesto del Poder Judicial 2023 que no se incluyera la partida de la elección, que se agregó posteriormente”.

Ley incumplida

El artículo 181 del Código Electoral de Córdoba establece a partir de la reforma de 2010 que el Estado Provincial “promoverá el desarrollo de un software propio y proveerá todos los recursos económicos que demande su elaboración”. Y añade que “a esos fines el Poder Judicial podrá suscribir convenios con las universidades con asiento en la Provincia de Córdoba. Hasta tanto se concrete el desarrollo del software propio, el Poder Judicial, para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley, podrá contratar -en todo o en parte- los servicios informáticos de terceros”.

De más está decir que ni el Gobierno de Córdoba ni el TSJ ni el Juzgado Electoral amagaron con poner en marcha el desarrollo ordenado por la ley y se quedaron con la segunda parte del artículo 181, derivando en algún prestador privado lo que hace más de una década debería hacer el Estado provincial. Consultados en el máximo tribunal por el tema, apenas recordaban el artículo y mencionaron con sorna que las habituales restricciones presupuestarias tornan dificultosa la puesta en marcha de un desarrollo de software propio.

Sin asumir su propia responsabilidad en el papelón del Poder Judicial, la jueza Vidal le dijo al periodista de radio Universidad Jorge Vasallo que la contratación que hizo el TSJ fue la “crónica de una muerte anunciada”, porque era una empresa que “no tenía experiencia electoral”.

Salió a cruzarla la experta en temas electorales Delia Ferreira Rubio, presidenta de la ONG Transparencia Internacional -que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional-, al calificar de “desastrosa” la  organización del escrutinio provisorio. “No se prueba un sistema en una elección como ésta”, dijo en obvia alusión a la jueza electoral de Córdoba.

Ferreira Rubio aboga por cumplir la ley y desarrollar el sistema informático estatal que permita prescindir de las contrataciones y dotar de mayor transparencia al proceso. Sin cuestionar el resultado final de la elección, insiste en diálogo con Revista El Sur que “es un error privatizar los procesos electorales y en Córdoba las partes centrales del comicio están privatizadas”.

También recuerda los cuestionamientos que pesan sobre la contratista MSA, que implementó la elección de voto electrónico en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2015: “Antes que empezara la elección los técnicos informáticos dijeron que hubo una intervención en el sistema, avisaron a la empresa y se persiguió a los denunciantes en la Justicia. Después, hubo inconsistencias en los resultados de aquella elección”. ¿No lo sabían sus contratistas del Poder Judicial de Córdoba?

Al cierre de esta edición la Justicia Electoral borró de la web oficial los datos del conteo provisorio de la elección. “Tampoco podremos cotejar lo provisorio con lo definitivo. Desapego por los datos absoluto”, escribió en twitter la periodista Laura González. “A ciegas”, concluyó.