Contrariamente a lo que suponía el gobernador Juan Schiaretti cuando imaginó su campaña electoral de cara a las PASO, su flamante sucesor tomó el toro por las astas y se cargó al hombro la campaña para apuntalar a su viceintendente Daniel Passerini como único heredero de su gestión en la segunda ciudad del país. Es que, lejos de las alquimias políticas previas, Martín Llaryora parece no deberle nada a nadie luego de su ajustado triunfo en las elecciones provinciales del mes pasado: sus contundentes triunfos en San Francisco y Córdoba capital revalorizaron el que, en el fondo, sabía era su mayor capital político: la gestión.

Con un cronograma de inauguraciones que pareciera no tener fin, Llaryora corta cintas en los distintos sectores de la capital provincial junto a su vice Passerini, intentando socializar el reconocimiento de los vecinos y vecinas al "equipo" de gestión.

Del otro lado, Rodrigo De Loredo tuvo que dar un golpe de timón a su campaña tras la ajustada derrota de su socio político Luis Juez, que al día siguiente de la elección comenzó a dilapidar su buena cosecha de votos con su habitual incontinencia verbal. El supuesto pago de votos con droga y demás barbaridades que vociferó en los medios de comunicación amigos de CABA terminaron por eclipsar la cuidada campaña de propuestas que venía aplicando con inusual disciplina el histriónico De Loredo en sus redes sociales.

Al desplante que le hizo a su socio político Juan Schiaretti el mismísimo domingo del triunfo no reconocido en Córdoba -cuando subió al palco a Passerini y rezagó al inefable Florencio Randazzo, dejando en claro cuáles son sus prioridades-, Llaryora suma la clara decisión de municipalizar la elección, evitando sumarse a la aventura nacional de Schiarettti. Sostiene y sostendrá que lo quiere presidente, pero en los hechos concentra y concentrará todos sus esfuerzos en apuntalar a Passerini como único heredero en el Palacio 6 de Julio.

Sin mayoría en la Legislatura, el todavía Lord Mayor de Córdoba no está dispuesto a ceder su poder en la capital provincial, sobre todo después del contundente respaldo obtenido en las barriadas más populares. Llaryora quiere al  menos retener -sino aumentar- los siete puntos porcentuales que lo separaron de Juez en la ciudad de Córdoba. Un triunfo de Passerini  no sólo consolidaría su proyección política, sino que reafirmaría lo que anunció en su primer discurso como gobernador electo: llegó la hora de la renovación generacional en el peronismo de Córdoba. Pero a diferencia de lo que ocurre en la Provincia -"borrón y cuenta nueva", Llaryora dixit-, en la Municipalidad habrá continuidad del equipo de gestión (y, por tanto, redoblado apoyo de la Provincia al plan de obras públicas en marcha, que le cambió el rostro a la ciudad).

El teorema de Llaryora es claro y sencillo: a mayor distancia de la discusión nacional,  mayores posibilidades de éxito electoral en la capital provincial. Schiaretti y su zigzagueante aventura nacional quedan fuera de los ejes de campaña hacia las decisivas elecciones del 23 de julio.

Nacionalizar

Todo lo contrario piensan en el búnker del opositor De Loredo, que hasta la ajustada y estruendosa derrota de su (¿socio?) Luis Juez desplegaba su campaña paralela con puntillosa prolijidad y profusa difusión en las redes sociales. Sus propuestas para convertir a Córdoba en "la número uno" chocan con su única experiencia en la función ejecutiva: la empresa nacional ARSAT, a la que estuvo a punto de fundir durante la presidencia de Mauricio Macri, poniendo en riesgo el lugar de privilegio que hoy ostenta la Argentina en el podio de la elite de países con desarrollo satelital.

Como ya consignó esta revista en su edición de febrero, el yerno de Oscar Aguad recibió y casi destruye una empresa floreciente con fuerte incidencia y predicamento en la política de telecomunicaciones del país. "En una década (2003-2013) el personal de INVAP pasó de 350 a 1.100 personas y elevó su facturación de 30 a 200 millones de dólares anuales. Y en 2012 Arsat comenzó la construcción del centro de datos más grande y seguro de América Latina", detalla un informe de los investigadores Diego Hurtado, Matías Bianchi y Diego Lawler.

Pero De Loredo la chocó igual: desactivó el programa Arsat 3 -poniendo en riesgo la tercera órbita satelital del país-, paralizó la instalación de antenas de televisión digital (TDA) y discontinuó la entrega de decodificadores a los usuarios para favorecer al grupo Clarín. "La gestión De Loredo fue una bisagra: de hito deslumbrante en el campo tecnológico de un sector estratégico como las telecomunicaciones se pasó a una política de financiarización y entrega de los cielos, de las posiciones orbitales y los satélites nacionales a empresas extranjeras", apuntó Hurtado en diálogo con esta revista.

Pero si su única experiencia de gestión fue un estruendoso fracaso, tampoco lo favorecen a De Loredo los antecedentes de sus correligionarios y socios políticos en la administración de los recursos de los cordobeses. Sin mencionar la deslucida intendencia del propio Juez -ya lejana en el tiempo-, los dos períodos de Ramón Mestre (h) al frente del Paladio 6 de Julio dejaron una ciudad casi en ruinas, que contrasta con el inocultable cambio producido en poco más de tres años por la gestión de Llaryora y Passerini.

Ajenos a las estrategias de los principales contendientes, los cordobeses intentan digerir el papelón institucional del escrutinio provincial. Habrá que ver si el desastroso manejo de la Justicia electoral profundiza la baja participación en las urnas o si, por el contrario, la posibilidad cierta de que un cambio de signo político frene el evidente desarrollo urbano de Córdoba lleva a los ciudadanos a renovar su voto de confianza hacia el actual oficialismo.

Las cartas parecen estar echadas: mientras Llaryora y Passerini seguirán cortando cintas esta semana al tiempo que explicitan sus planes para la ciudad, De Loredo minimizará sus cien propuestas para la ciudad –muchas de ellas ya ejecutadas por la actual administración- y potenciará  temas que lo vuelvan a posicionar con chances disruptivas, como el pedido de trasladar la policía de la provincia a la ciudad -de dudoso sustento constitucional-, la denuncia a periodistas  que reciben sobres de los políticos -que le valió un inusual reproche de Fopea- o la promesa de mano dura para los piqueteros, apuntalado por figuras nacionales del PRO como el ex presidente Mauricio Macri y su ex ministra y precandidata a presidenta Patricia Bullrich.

Los y las cordobesas tendrán la última palabra el próximo domingo 23 de julio, cuando decidan en las urnas la continuidad o el cambio de un modelo de gestión que hace un mes le permitió a Martín Llaryora iniciar el esperado recambio generacional en una coalición desgastada por un cuarto de siglo de ejercicio ininterrumpido del poder.