“La reforma de la Constitución de Jujuy es parte de un proceso más amplio que hay en Argentina y en el mundo: de qué modo se organiza la democracia, quiénes se van a poder manifestar, quiénes pueden ser parte de los órganos públicos. Y en su dimensión económica: cómo manejar los recursos naturales”, advierte Horacio Etchichury, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Constitucional de la UNC e investigador del Conicet. En diálogo con revista El Sur, el especialista advierte que la reforma impulsada por Gerardo Morales apunta a avanzar sobre el derecho a la protesta y advierte que en Córdoba existen proyectos legislativos que van en el mismo sentido.            

- ¿Cómo se definieron los integrantes de la Convención Constituyente de Jujuy?

-La legislatura convocó a elegir a la Convención Constituyente, dado que se requiere un órgano especialmente elegido por voto popular. La elección se realizó el 7 de mayo junto con la de gobernador y legisladores. Esto no es irregular, pero es desaconsejable porque diluye la importancia de la elección de convencionales. Jurídicamente es muy importante la reforma, porque se modifica el reglamento de toda la vida de la provincia. Esta es la primera crítica. Gerardo Morales logró imponer a su sucesor en la Gobernación y ganó una mayoría en la convención. Se evidenció lo importante que era la reforma para el oficialismo porque el mismo Morales se postuló como convencional. Luego pidió licencia como gobernador para presidir la Convención. La pregunta es: ¿cómo se lleva esto con la división de poderes? 

- ¿Con qué marco legal Morales reprime con violencia a las protestas?

-El 8 de junio Morales firma el decreto 8.464 para evitar las protestas, porque ya había mucha tensión. En ese decreto le introduce un artículo a la ley contravencional de Jujuy donde castiga específicamente la protesta. Con eso aspiraba a reprimir a las organizaciones también con multas, lo cual tiene contradicciones constitucionales por todos lados y muestra qué tipo de reforma tiene en la cabeza. Luego las protestas crecieron y no había un marco legal para reprimirlas, porque fue tal el rechazo que terminó derogando ese decreto. Siguió reprimiendo igual.

- ¿Hubo irregularidades en los procedimientos de la reforma constitucional? 

- La Convención Constituyente empezó a funcionar a fines de mayo y terminó su tarea el 20 de junio. Tenía noventa días para hacer la reforma y la terminó en treinta. En un contexto en el que desde fines de mayo se dieron todas las protestas gremiales contra el Gobierno. Los gremios y las comunidades indígenas cuestionan la Convención porque se van enterando de reformas que afectan sus derechos. Entre ellas el derecho a la protesta. Entonces se empieza a pedir que la Convención se suspenda. Morales podría haber dicho: no están dadas las condiciones o al revés, abrir al debate. La solución fue otra: el 19 de junio Morales dio una conferencia de prensa y anunció que como las comunidades indígenas se oponían a la reforma dejaría afuera dos artículos. Son dos artículos importantes: uno sobre la propiedad privada, que habilitaba medidas muy rápidas para desalojar a la gente mientras se resuelve la cuestión de fondo. Por ejemplo, si un grupo de indígenas están en un terreno y se discute de quién es, se los desaloja y luego se discute. El otro artículo planteaba que sólo las comunidades indígenas reconocidas por la Provincia tenían derechos, lo que entra en contradicción con la Constitución Nacional, que dice que el reconocimiento de estas comunidades lo hace el Congreso Nacional.

- ¿Qué modificaciones en la Constitución de Jujuy implican un recorte a los derechos sociales?

- Esta Constitución se juró el 20 de junio. Hubo marchas y se produjo la represión más fuerte de todo el proceso. Hay cambios en la Constitución que están muy cuestionados. Yo me centraría en el de la protesta, que es muy importante, porque es la herramienta que pueden usar todos estos grupos: sindicatos, organizaciones indígenas y sociales contra el Gobierno. ¿Cómo hizo para limitar el derecho a la protesta? Metió el artículo 67, que crea el derecho a la paz social. ¡Un invento de Morales! Lo nuevo de este derecho es que le encarga a la Legislatura que dicte una ley para regular la protesta y le fija pautas sobre cómo hacerlo: en el inciso 4 especifica que debe prohibir los cortes de calle, de ruta y la ocupación de edificios públicos. Y prohibir cualquier perturbación a la circulación de personas. Puede ser una persona a pie en una plaza, en un parque. Y además “perturbación” es un término muy amplio, que se puede aplicar si te cortan el carril de una calle. El otro artículo importante es el 90, que dice que la Legislatura tiene que aprobar una ley contravencional, que son Códigos de Convivencia de las provincias. Esto permite a la policía arrestar a personas por cuestiones pequeñas. Pero además le pide a la Legislatura que en esa ley diga que se trata de un trámite especial “sumarísimo” para las personas que sean detenidas cometiendo una contravención. Sumarísimo significa rapidísimo, o sea que te arresten, te condenen y te lleven preso sin mucho trámite. Morales cedió dos artículos frente al rechazo, pero no el de la protesta. Lo cual muestra su importancia: él es consciente de que las protestas van a tener un lugar importante en el debate sobre los recursos naturales.

- ¿Cuál es tu reflexión sobre los recientes proyectos legislativos de Córdoba para limitar el derecho a la protesta?

- Es preocupante y quizás se conecta con lo de Jujuy. Esto viene sucediendo en los últimos seis o doce meses, son movidas para limitar el derecho a la protesta específicamente. Hay dos proyectos legislativos, uno de un legislador de Hacemos por Córdoba y otro de dos integrantes de Juntos por Córdoba. Ambos pretenden legislar contravenciones para castigar específicamente el corte de rutas, calles, la “perturbación” de la circulación. Un lenguaje similar al que usa ahora la Constitución de Jujuy. El proyecto del oficialismo es más ambicioso porque castiga más cosas, por ejemplo, orinar en la calle, escupir en la calle, con pena de arresto o multa. También a gente que hurgue en la basura. Esto es complicado porque la gente que hurga en la basura o busca comida o busca cartones, entonces han elegido un grupo de la población muy vulnerable. Convierten una situación desesperada en una contravención y los mandan presos. ¿Qué sentido tiene poner preso a alguien que no tiene para comer? Fue muy cuestionado este proyecto y no se aprobó todavía. El de la oposición se concentra más en limitar la protesta. Con una clausura un poco rara, prohíbe todo corte en la zona más céntrica, pero lo habilita para marchas referidas a los derechos humanos o a la igualdad. Claramente hacen referencia a las marchas del 24 de marzo y Ni Una Menos, una forma de no pelearse con colectivos sociales más fuertes. Es raro: se protege la circulación, pero hay ciertas manifestaciones a las que se les reconoce entidad.

- ¿En qué situación legal está la posibilidad de realizar protestas en Córdoba?

- Hubo una acción en contra de las marchas que sí tuvo éxito. Como no salían los proyectos legislativos para limitar las protestas, un grupo de comerciantes, empresarios y vecinos del centro presentó un recurso de hábeas corpus, pero usado de una forma muy particular: no para defender una persona que metieron presa, sino porque siente limitada su libertad por las marchas. El juez de la ciudad de Córdoba que recibió este hábeas corpus le dio curso y le exigió al Gobierno que tomara medidas para evitar que las marchas limiten la libertad de circulación de las personas. Es difícil aceptar como violación de la libertad tener que aguantarse una marcha. Pero además el juez no especifica: le deja al Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, la posibilidad de actuar con amplia libertad. ¿Qué medidas podría tomar el Gobierno? Puede mandar a la policía a detener gente masivamente argumentando que tiene una orden judicial, que tampoco es clara. Es una decisión muy reciente y su alcance está en debate. Lo llamativo es el uso del hábeas corpus como herramienta para limitar la protesta. Es la primera vez que ocurre.

- A nivel nacional ¿qué significa este avance sobre el derecho a la protesta?

- Casi todas las opciones partidarias que tenemos por delante prevén a futuro una política de ajuste, que históricamente en Argentina ha sido enfrentada por organizaciones sociales, gremiales o políticas a través de la protesta. Si tu propuesta es recortar derechos contra colectivos que ya están organizados y tienen experiencia en el uso de la protesta es porque vas a hacer un ajuste. Esto explica la anticipación y simultaneidad de estas iniciativas: se dan en Jujuy, Salta, Córdoba, que comparten la preocupación por debilitar la protesta.