Ingresan a raudales. Todos los días, a todas las cárceles. Donde ya no hay lugar, ni infraestructura, ni personal, ni servicios, ni esperanza de que de allí alguien pueda salir mejor. Pero siguen entrando y tienen un perfil relativamente nuevo. Previsiblemente ya les pusieron un nombre para identificarlos. A los “estafetas”, “escruchadores”, “caralisa” y tantos otros ahora se suman los "manito colorada". La figura es cruel, como casi todo en las cárceles: los "manito colorada" son los presos por violencia de género y/o familiar. Se trata de una población carcelaria que crece a un ritmo muy superior al resto.

“Son una plaga”, ilustra al teléfono un interno de Villa María que lleva décadas tras las rejas, purgando diferentes condenas, con breves intervalos en libertad. Conocedor del ecosistema carcelario, el interno continúa con su descripción: “Antes los agrupaban, pero ahora están en todos los pabellones porque entran todo el tiempo y se van acumulando”. “Son gente que no entienden nada, vienen de otro palo, no tienen idea lo que es la cárcel y les cuesta mucho adaptarse”, advierte.

Las sensaciones son justamente eso: un sentir que sólo tendrá validez social o periodística si es constatado con cifras. Pero las cifras están. Y son abrumadoras: dos de cada tres presos que ingresaron al sistema penal en la ciudad de Córdoba el año pasado lo hicieron por causas relacionadas con violencia familiar y/o de género.

Son datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e indican que durante el año 2022 las fiscalías de instrucción de la capital resolvieron encarcelar a 1.388 individuos, de las cuales 896 fueron denunciados por violencia familiar y/o de género. En otras palabras, casi el 65% de las detenciones responden a este tipo de delitos y por tanto se cursan a través de las seis fiscalías especializadas (más la de feria). En contrapartida, sólo el 35% de las detenciones del año pasado obedecieron al resto de los delitos contemplados en el Código Penal: robos, hurtos, asaltos, homicidios, ciberdelitos, abusos sexuales, estafas, narcomenudeo, delitos complejos y un larguísimo etcétera.

Sin temor a ser redundantes, repetimos las cifras: en Córdoba capital, de 1.388 personas detenidas el año pasado, 896 lo fueron por causas de violencia de género y/o violencia familiar. Y sólo 492 por el resto de los delitos contemplados en el Código Penal.

Información oficial

Los datos en los que se basa este informe fueron incluidos en un documento de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia (ODH), dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y llevan la firma de su titular, Wilfrido Pérez. Es un trabajo de 54 páginas en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por el abogado Jorge Nelson Cardozo, patrocinador del pedido de una medida cautelar contra la Provincia admitida por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH),  en la que se denuncia la situación carcelaria, como lo consignó esta revista en su edición de abril.

En base al último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre la situación cordobesa, Cardozo cursó ante el TSJ un pedido de informe respecto a la cantidad de personas detenidas sin sentencia firme, discriminada por fiscalías, “a fin de conocer la responsabilidad funcional” en el festival de prisiones preventivas. El informe se realizó en base a los datos aportados por las propias fiscalías. Con una limitación: la estadística sobre detenciones por violencia de género y/o familiar corresponde sólo a los expedientes tramitados por las fiscalías de la capital provincial (donde funcionan fiscalías especializadas). El interior no está contemplado.

El informe señala que durante el año 2022 se dictaminaron 1.348 prisiones preventivas en la ciudad de Córdoba (que incluyen 47 domiciliarias). Contra esa cifra se contrasta el total de detenciones por las causas que motivaron el pedido de informe.

Excepciones y reglas

El grueso de las causas, se supone, caen bajo la órbita de las fiscalías de instrucción, que se organizan por distritos y turnos. Luego existen otras fiscalías, las  especializadas, que orientan su tarea exclusivamente a ciertos tipos de delitos, que por algún motivo especial han merecido una atención por fuera del sistema general. Esas fiscalías especiales son: Delitos contra la Integridad Sexual, Violencia Familiar y de Género, Narcotráfico, y Causas Complejas.

La lógica indica que el primer grupo de fiscalías deberían congregar el mayor número de detenciones, y las segundas los restantes casos de delitos especiales. Pero los números de la ciudad de Córdoba indican que de las 1.348 prisiones preventivas decretadas el año pasado, 1.197 fueron dictaminadas por las fiscalías especializadas. Es decir, la excepción es varias veces mayor a la regla. Y se alimenta de la gran cantidad de detenidos por las siete fiscalías especializadas en violencia familiar y/o de género: 896 personas.

En contrapartida, las fiscalías para Causas Complejas sumaron apenas 10 detenciones; Delitos contra la Integridad Sexual, 44; y Narcotráfico, 240.

Conviene aclarar el alcance de estos números: la cifra es parcial y corresponde al total de ingresos carcelarios durante 2022. No muestra la cantidad total de presos que hay por estas causas. Y son datos sólo de la ciudad de Córdoba Capital, que no abarcan al resto de la provincia (ni siquiera el Gran Córdoba).

Aún con esta depuración, la cifra es pasmosa. Que el 65% de ingresos a las cárceles sea por causas de violencia de género y/o familiar y que en sólo un año se haya detenido a 896 personas obliga a preguntarse qué realidad refleja esa cifra. ¿Estamos en presencia de una sociedad hiperviolenta, donde los hombres descargan sus impulsos contra las mujeres y son detenidos por los fiscales para salvaguardar a sus víctimas reales y/o potenciales? La hipótesis no puede ser descartada, aunque las cifras lucen un tanto anómalas. De allí la pregunta inversa: ¿Estamos en presencia de un sistema judicial exacerbado que detiene a granel a quienes son denunciados por violencia de género y/o familiar?

El informe entra de lleno en un terreno fangoso, que sería más cómodo evitar, porque colisionan dos vulneraciones diferentes: el derecho a la integridad y a la vida por parte de las mujeres y víctimas de violencia de género; y el derecho a un proceso justo por parte de los denunciados. Indignaciones simétricas y una aclaración al lector: no encontrará en este informe la respuesta al problema.  

Detener para prevenir

Una de las primeras voces consultadas para interpretar estos datos fue la de la legisladora Luciana Echevarría, que acaba de renovar su banca por el FIT, un espacio político que históricamente ha defendido las causas de derechos humanos y las de género. “Nosotros somos muy críticos del abuso de la prisión preventiva y hemos sido una de las pocas voces que lo hemos planteado en la Unicameral”, dice a modo de introducción. Y se muestra escéptica ante las cifras del TSJ: “No creo que ese abuso de prisión preventiva tenga como una de sus causas un excesivo de carácter preventivo de la Justicia ante cuestiones de violencia contra la mujer”. Para ello aporta un dato, haciéndose eco de estadísticas brindadas por la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, que daban cuenta que en el primer trimestre del año pasado se registraron cerca de 10 mil denuncias por violencia de género. “Si hacemos una proyección, nos da unas 40 mil en el año. Entonces tener 900 detenidos sería apenas un poco más del dos por ciento de las denuncias”, plantea, proponiendo hacer el análisis “en relación al universo”. Así, estarían justificadas las casi 900 personas que entran a las cárceles cada año por estas causas.

Otra de las voces consultadas fue la de Adriana Revol, histórica militante para que en las cárceles se respeten los derechos humanos y lo que marca la ley. Sorprendida por las cifras, no duda en calificarlas como "un espanto". “A los fiscales les encanta bajar prisión preventiva sin siquiera investigar", asegura. Pero plantea que en muchos casos de violencia familiar las detenciones "pueden ser para prevenir algún femicidio y entonces ahí sí, el peso va en contra de estos detenidos".

Movilizadas

No suelen ser más de veinte, pero son insistentes. Mujeres, se definen como “víctimas de falsas denuncias”. Esposas, parejas, hermanas, madres, hijas, son un nuevo actor social que se suma a la discusión. Aseguran que sus familiares son víctimas de un sistema judicial “que encarcela sólo con las denuncias”, que no les da oportunidad de defenderse y que los fiscales “sólo escuchan a las mujeres”.

"Somos muchas las que estamos padeciendo este calvario", comenta R.M., madre de un interno, que pide ser presentada sólo por sus iniciales por temor a represalias intramuros. Es una de las que dos veces al mes convoca a manifestaciones para que las autoridades judiciales las escuchen. "Nadie quiere impunidad. Somos mujeres, sabemos de qué se trata esta problemática. Lo que pedimos es que las investigaciones sean justas y no como se están haciendo ahora, que no se tiene en cuenta nada, que sólo se escucha a una parte", insiste.

Para el penalista cordobés Darío Baggini, en Córdoba es "muy bajo el estándar probatorio" para condenar a una persona por violencia de género. "Se parte de una declaración o una denuncia efectuada por una mujer que, por convención de Belém do Pará, se presume que lo que dice es válido, casi sin admitir prueba en contrario", señala. Y advierte deficiencias en la implementación de la Cámara Gesell: “No se respetan las guías de buenas prácticas". También pone reparos sobre las pericias psicológicas que se practican en niños. "En Córdoba se usan los mismos test del año 1970, que carecen de fiabilidad, validez y ya no se utilizan en ninguna parte del mundo", agrega. “En Argentina no se aplica la psicología del testimonio y entonces tenemos psicólogos que dicen que la persona peritada no fabula, no confabula, no metafabula", advierte para señalar algunas de las causas por las que las cárceles cordobesas "están totalmente abarrotadas con un exceso de prisión preventiva, que generalmente ocurre con personas carentes de recursos". Las cifras parecen darle la razón.

Lo anticipábamos: no está en este informe la respuesta al interrogante. Pero las cifras son alarmantes y marcan un ritmo de detenciones imposible de absorber por el actual sistema carcelario cordobés. No sólo por su limitada infraestructura para albergar a los 12.608 presos que hay en la provincia (cifra actualizada al 30 de junio), sino también por la falta de personal, espacios, tecnología, capacitación, etc.

Si se mantiene este ritmo de detenciones, será mejor que el tándem judicial-penitenciario vaya pensando alternativas. Sin olvidar que ya tiene a la CIDH contándole las costillas.