Argentina firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto de San José de Costa Rica- y la incorporó con jerarquía constitucional en 1994, (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sostenido que nuestro país ha quedado obligado internacionalmente a que todos sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos la apliquen a los supuestos que ese tratado contempla, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional, (Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130). Además, se dejó sentado que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana y su jurisprudencia nos obliga.

Asimismo, la CIDH, el 06/02/2020, en el caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina”, determinó que el Estado argentino no había respetado el derecho de propiedad comunitaria en la provincia de Salta, de las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete). También estableció en la causa que “el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos” y, en función del artículo 26 de la Convención rescató con firmeza la necesidad de defender “los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural”.

En función de las diversas irregularidades señaladas de incumplimiento de la Convención por parte de Argentina, resolvió el tribunal internacional condenarla y ordenó que efectuara “las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas víctimas en el caso”. También indicó las diversas reparaciones y acciones a cargo del país e le impuso pagar las costas y gastos del juicio.

Las referidas situaciones criticadas por la CIDH se dan ahora, en gran medida, en lo que están viviendo en la provincia de Jujuy los indígenas del lugar. A ello se suma que, con motivo de las protestas que hicieron por la falta de respeto a sus derechos, fueron reprimidos arbitrariamente y sometidos a procesos, -judiciales y administrativos contravencionales- a muchos/as de los/as que reclamaban. Al punto tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -órgano complementario de la CIDH- urgió al Estado argentino que se ocupe de hacer “respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

Mientras tanto, Corte Suprema nacional en Bs. As., en un acto inaceptable como organismo de una democracia, no recibió para escuchar a los indígenas del Tercer Malón de la Paz, cuando tiene una causa fundamental que les compete, planteada ante dicho tribunal.

Por su parte, el Poder Legislativo nacional propone crear una comisión para investigar las graves violaciones producidas, pero no hay fecha de concreción de dicha comisión y tampoco tiempo para expedirse. Menos se sabe, ante la comprobación de las graves violaciones, lo que se procederá a hacer por los legisladores. Sin embargo, ya están dadas las condiciones para intervenir a la provincia de Jujuy (art. 75, inc. 31 de la Const. Nac.) y no se actúa en consecuencia.

Instaurado el miedo

Mientras tanto, en los hechos, en Jujuy manda el miedo. Las personas, particularmente los indígenas, son amedrentadas en verdaderos acosos sicológicos inaceptables. Por ejemplo, frente a la casa de sus dirigentes, les ponen un auto de la policía, sin razón. Obviamente se busca hacer sufrir, generar miedo e incertidumbre, especialmente a la familia y a los allegados del dirigente.

En diálogo con AM750, (reproducido por el diario Página 12 de fecha 08/08/23), el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla descartó una posible intervención de la provincia "porque no se tienen los números" de legisladores necesarios en el Congreso de la Nación para decidirla, pero llamó a "visibilizar con acciones políticas que hay graves violaciones a los derechos humanos… Vemos como los tres poderes responden linealmente al gobernador y eso es un peligro". Hizo referencia a los abogados y abogadas que, en su tarea de defender a las comunidades indígenas, terminaron imputados inaceptablemente por el delito de sedición, como si hubieran estado programando un golpe de Estado.

En la entrevista Pietragalla agregó, respecto de las justas quejas de los indígenas y su derecho de peticionar: "No se puede responder con procesamientos de delitos que pueden llevar hasta 20 años de condena. Es un peligro lo que está pasando" en todos lados en la provincia. Sostuvo, además, la importancia de la designación de interventores al frente del Partido Justicialista jujeño, como lo ordenó el presidente del partido nacional Alberto Fernández.

Sin embargo, los interventores que se hicieron cargo perdonaron a muchos/as de los/as que actuaron convalidando el accionar indebido de Morales.  Aún más, Daniel Scioli, importante referente justicialista, en un reportaje efectuado por el periodista Daniel Salas, publicado en el diario El Tribuno, el 05/08/23, respecto de la situación en Jujuy, “remarcó como muy importante lo que Rubén Rivarola plantea en su campaña como precandidato a senador por Unión por la Patria” y agregó: “Sé del compromiso que Rubén (Rivarola) tiene con la provincia y el país" ¿Cómo? ¿Ahora se felicita al presidente del Partido Justicialista intervenido y se apoya su candidatura a senador nacional por la provincia, cuando una de las razones por las que se justificó intervenir el Partido Justicialista provincial fue la responsabilidad que se asignaba a Rivarola en mucho de lo que pasó y pasa en Jujuy?

Soluciones concretas pronto

A su vez, más allá de la buena voluntad, lo cierto es que frente a la oficina abierta por la Secretaría de Derechos Humanos en Jujuy hay un auto de la policía jujeña registrando todo lo que sucede y por supuesto conociendo quién va a denunciar o entra y sale de dicha oficina. Evidentemente ello coarta la posibilidad de ir espontáneamente, porque luego no se sabe las represalias directas o indirectas que pueden darse.

El Poder Ejecutivo nacional, responsable ante la comunidad internacional de hacer respetar los pactos de derechos humanos, debería actuar activamente, no quedar a la espera que le digan lo que pasa e ir a inspeccionar las comisarías y las cárceles para ver la situación de los detenidos y también comparecer en las causas que se les ha abierto y como tercero interesado (art. 28 de la CIDH), analizar si se respetan los derechos humanos en ellas. No se debe esperar, hay que actuar y pronto.

Asimismo, resulta inaceptable que tantos y tantas detenidas por reclamar sus derechos sigan con graves procesos judiciales mientras que los responsables directos de las situaciones injustas son felicitados y promocionados como candidato a vicepresidente Gerardo Morales, por el partido radical y Juntos por el Cambio, y a senador nacional Rubén Rivarola, por el Partido Justicialista. Así, la democracia representativa resulta hipócrita con su pueblo.