Guzmán está preso. Heredia fue desplazado. Aciar, Gómez y Arroyo también están detrás de las rejas. Además hay un funcionario y un penalista de renombre durmiendo desde hace varias semanas en Bouwer. Y al cierre de esta edición, más novedades, con otro abogado -Julio Páez- y otro "particular" -Aldo Campos- detenidos, y más de diez allanamientos, celulares secuestrados, y una mancha de aceite cuya expansión parece indetenible.

En las oficinas de Entre Ríos 457 no vuela una mosca. Tienen prohibido hablar por teléfono. No pueden atender a la prensa. Todo debe pasar por el Ministerio de Justicia que encabeza Laura Echenique, que cada tanto se despacha con conferencias de prensa o comunicados en Twitter que provocan otro tembladeral.

Esto no había pasado jamás. No hay registro en la más que centenaria historia carcelaria cordobesa de un descabezado tan alto en el Servicio Penitenciario. Pero por ahora el castillo no se derrumba porque hay gente que está trabajado expresamente para mantenerlo de pie.

La estrategia se divide en dos: supervivencia y reducción de daños. Que la sangre no llegue al río, aunque se detenga a sólo unos metros. A esta altura con eso basta. Por eso pareciera que van entregando alfiles para evitar el jaque mate mientras se comienza a mirar con cariño una definición en tablas o una salida digna. El problema es que para el 10 de diciembre falta una eternidad.

Beneficios tarifados

Lo que se trascendió hasta ahora del entramado de la estructura de corrupción enquistada en los mandos altos del Servicio Penitenciario de Córdoba ya no se puede esconder bajo la alfombra, como hubiera sucedido en otros tiempos. Repasemos: el 6 de septiembre estalló la noticia de la detención del subdirector Principal de Operaciones del Complejo de Bouwer, Sergio "el Chavo" Guzmán, acusado de ser una pieza clave de una banda que comercializaba "beneficios" para los internos. Junto a él cayeron el abogado penalista Alfredo Ciocca y el funcionario del Ministerio de Justicia y puntero del PJ cordobés, Ramón Salas.

Fue una bomba. No había antecedentes de que el número dos del mayor complejo carcelario del interior del país fuera preso. Pero el terremoto recién comenzaba y así lo dejaba entrever la acusación sobre los funcionarios y letrados: asociación ilícita, artículo 212 del Código Penal, que establece: "Será penado con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años el que tomare parte en una asociación estable de tres o más personas destinada a cometer delitos cuya pena máxima sea igual o superior a diez años". La ley contempla siete agravantes que pueden llevan la pena hasta un máximo de 10 años. Entre ellos cuando "participaren uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad", o cuando se "recibiere apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos". La propia acusación marca la cancha donde se juega el partido menos deseado por un Gobierno en retirada.

Estructura para delinquir

¿Vender beneficios a presos? Cuando recién explotó la noticia en los medios, las primeras respuestas de los conocedores de la estructura del SPC fueron consultados por Revista El Sur fueron más bien escépticas por una cuestión de división de funciones. Es que aun siendo "el número 2" de Bouwer -como se lo presentó a Guzmán-, en realidad su función operativa lo excluía de la posibilidad de influir en decisión de conceder o negar beneficios a los internos. Lo suyo pasaba por la seguridad del penal. División del trabajo que se inscribe en la histórica dualidad de la filosofía penitenciaria: tratamiento vs. seguridad.

Operativamente, quien tenía la posibilidad de otorgar beneficios a los internos no era Guzmán, porque su ámbito funcional era el de seguridad. Las decisiones de traslados, avance de fases y concesión de beneficios de todo tipo, si bien son propuestas por los directores de los establecimientos -como lo era Guzmán en su anterior destino en Cruz del Eje-, debían pasar por la Dirección General de Técnica Penitenciaria, oficina que funciona también en la Jefatura. "Si el Chavo (Guzmán) pedía pagos a cambio de esos beneficios, está claro que él por sí mismo nunca podría haber intervenido en el Consejo Criminológico, porque estaba obligado a reportar esas situaciones al director General de Técnica Penitenciaria para obtener el visado", señaló una fuente con despacho en la calle Entre Ríos.

Todos los caminos

Así apareció la primera red flag para esta historia: ¿quién ocupaba el estratégico puesto de director de Técnica Penitenciaria durante el tiempo en que Guzmán ejecutaba ese tráfico de influencias? Víctor Vivas, actual "número dos" del Servicio Penitenciario. Llegó a ese lugar hace poco más de un mes, tras el sorpresivo pase a retiro de Ceferino "el Camello" García, que pegó el portazo luego de mantener una fuerte discusión con el jefe Juan María Bouvier.

Vivas se quedó con la segunda butaca más influyente del Servicio una semana antes de que todas las miradas de la jefatura se posaran sobre la institución. ¿La razón? Es muy cercano (¿amigo?) al "Chavo" Guzmán y proviene del lugar en el que las piezas parecían encajar con la acusación. Una versión indica que Vivas se apersonó en la UCA cuando Guzmán cayó detenido y se habría reunido con él varias horas. Revista El Sur intentó confirmar esa versión, pero no lo logró de más que de una sola fuente independiente. Por eso debe ser tomada como eso: una versión.

Sí hubo mejores resultados a la hora de verificar otro trascendido que circuló con menor fuerza que el anterior pero indica que a Guzmán, detenido en la enfermería de la UCA (nunca en celda o pabellón), habría recibido un teléfono oficial del SPC y se habría comunicado con la jefatura en términos no demasiado amistosos. El encargado de otorgarle esa "gentileza" al detenido, en un rapto de humanidad que no suele ser común con los reos habría sido Julio "el Yuyo" Heredia, hasta hace poco director de la UCA.

Heredia fue desplazado y puesto en situación pasiva por los detalles que vienen a continuación: la mencionada entrega de un celular a Guzmán, con el que éste se habría comunicado directamente al número del jefe Bouvier. ¿Le dio un ultimátum para que saliera en su defensa? ¿Amenazó con prender el ventilador? Nadie que responda estas preguntas lo podría hacer de manera categórica, pero el radiopasillo entre los empleados del SPC va en ese sentido.

Lo que sí está confirmado oficialmente es que, conmovido con la situación de su camarada, "el Yuyo" no tuvo mejor idea que trasladar al detenido Guzmán a su despacho para invitarlo a desayunar. La historia la adelantó el sitio de Facebook Rebelión, dedicado a novedades carcelarias. Tres días después, el Ministerio de Justicia admitió la grave falta protagonizada por Heredia y anunció su inmediato pase a pasiva.

Guzmán, en tanto, fue a parar a Bouwer. Se terminaron los beneficios. Supongamos.

Pausa estratégica

Desde el 14 de septiembre, día  en que se produjeron las detenciones de los directivos de la cárcel de Villa María, no se habían registrado novedades; hasta el viernes 29, cuando se detuvo al abogado y al intermediario mencionados al inicio de este informe. Con una salvedad importante: el letrado detenido, Julio Páez, era el defensor de “Chavo Guzmán”. Nada más inoportuno.

De cualquier modo, la sensación es de que la investigación del fiscal Enrique Gavier, al menos por ahora, navega por la "zona baja" de la asociación ilícita denunciada. Para ello basta con atar algunos cabos sueltos: Chavo Guzmán está implicado y comprometido por las escuchas telefónicas, por haber participado de una banda que comercializaba beneficios para los internos; pero su cargo jerárquico no le otorgaba prerrogativas para firmar los pases o los memos para otorgar esos beneficios; el "portador" de la firma que habilitaba esos beneficios era el director de Técnica Penitenciaria, Víctor Vivas, hoy subjefe del Servicio Penitenciario; Guzmán era muy cercano a Vivas; Vivas lo habría visitado "clandestinamente" en su detención en la UCA y hasta podría haber dado directivas para que le dieran un trato preferencial y le facilitaran un teléfono.

Si las piezas se empiezan a acomodar con cierta lógica surgirá que la asociación ilícita debería escalar algunos peldaños hacia arriba de la estructura jerárquica del Servicio Penitenciario Provincial. Por eso a esta altura del SPCGate una suma de preguntas incómodas se acumulan sobre la mesa del fiscal Gavier: ¿Se animará a elevar unos grados hacia arriba su ballesta y disparar contra el número dos de la vapuleada institución penitenciaria? ¿Tendrá margen para eso? ¿Estará esperando el "momento político" para avanzar en un nuevo estiletazo en el medio del escándalo? ¿Podrá el jefe Juan María Bouvier conservarse indemne en medio del derrumbe? ¿Logrará mantener el "silencio" de los jerárquicos caídos en desgracia, cuando parece que ya no tienen nada que perder? ¿O hay todavía otras prendas de negociación que se están discutiendo?

Mientras tanto las cárceles arden. Y seguirán ardiendo.