¿Puede un chico de 19 años calzarse un guardapolvos y un estetoscopio y con ese disfraz inventarse una profesión y una edad falsas, engañar a funcionarios de la Provincia y de la Municipalidad de Río Cuarto e ingeniárselas para quedar a cargo de una de las áreas de salud más sensibles en plena lucha contra la peor pandemia que se recuerde? ¿puede hacer todo eso solo, sin la ayuda de nadie?

Difícil de creer. Sin embargo, la Justicia provincial acaba de caer con todo su peso contra Ignacio Martín, bautizado para siempre como el falso médico, quien recibió siete años de cárcel por haber falsificado su DNI y un título de médico que nunca recibió, y por dedicarse a diagnosticar y medicar a pacientes en plena pandemia de Covid-19.

En el juicio que concluyó el 20 de septiembre en la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto los grandes ausentes fueron los funcionarios provinciales que pusieron a Martín a cargo del Centro de Operaciones Tácticas, el organismo que decidía internaciones, traslados y tratamientos en esta ciudad en momentos en que la gente se moría por culpa de un virus desconocido que irrumpió en todo el planeta. Tampoco tuvieron que rendir cuentas el secretario de Salud del municipio riocuartense, Marcelo Ferrario, ni su mano derecha Isaac Pérez Villarreal. Para ser rigurosos, hay que decir que todos ellos desfilaron por los tribunales durante el juicio a Martín, pero lo hicieron en calidad de testigos. Testigos a los que –vale aclarar- no se les podía hacer ninguna pregunta comprometedora que los pudiera llevar a una autoincriminación.

Si solo el médico trucho tuvo que defenderse en el banquillo fue porque Daniel Miralles, el fiscal que investigó uno de los mayores engaños a toda una comunidad de que se tenga memoria en la provincia, le atribuyó la exclusiva responsabilidad de la farsa al joven con aspecto de rock star para adolescentes que llegó en octubre de 2010 a Río Cuarto desde la ciudad de Córdoba.

Pero Martín no desembarcó solo. Lo apadrinaban el entonces subsecretario de Salud provincial, Pablo Miguel Carvajal (47) y Diego Almada (50), el hombre fuerte del Centro de Operaciones de Emergencia en Córdoba; y los funcionarios de salud de Río Cuarto lo contrataron como médico sin siquiera constatar que efectivamente tuviera un título habilitante. “Me presentaron como un médico que trabajaba muy bien, pero estaba flojo de papeles. Por una negligencia mía, yo acepté lo que me propusieron porque me aseguraron que los que mandaban eran ellos y a mí no me iba a pasar nada”, dijo la primera vez que declaró frente a los jueces Nicolás Rins, Natacha García y Daniel Vaudagna.

Carvajal y Almada son los mismos exfuncionarios provinciales a quienes el fiscal cordobés Raúl Garzón acaba de enviar a juicio, acusados de haber encubierto las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba para proteger la gestión de gobierno de Juan Schiaretti. A diferencia de lo que sucedió en los tribunales riocuartenses, donde ambos se desembarazaron de la citación declarando cómodamente a la distancia y desde un zoom, en el inminente juicio por el encubrimiento de la muerte de bebés Carvajal y Almada serán sentados en el banquillo de los acusados.

¿Y por el nombramiento del falso médico en un sitio clave de la lucha contra la pandemia no deberán responder? El fallo de la Cámara Primera del Crimen ordenó enviar los antecedentes a una fiscalía de la ciudad de Córdoba para que se investigue si hubo algunas otras responsabilidades, aunque no dio nombres propios.

Luz, cámara, ¡acción!

Martín mantuvo la ficción desde agosto hasta fines de diciembre de 2020 y fue descubierto porque sus compañeros de tareas, dos médicos ellos sí recién recibidos, empezaron a sospechar de pequeños indicios que el muchacho dejaba aquí y allá. El falso médico decía haberse graduado en la Universidad Nacional de Córdoba y hasta citaba el nombre de algunos profesores de la carrera. A Zoe, su novia, le había mandado una carta de felicitaciones que supuestamente le había enviado la propia universidad por su destacado desempeño profesional en plena pandemia. La testigo, decepcionada, recordó que la noche siguiente a la rutilante noticia salieron a cenar para celebrarlo.

Martín apenas si había hecho un curso incompleto de paramedicina y, con eso, se las ingenió para hacer visitas médicas, prescribir medicamentos, y hasta intentar reanimaciones a pacientes sin que el grotesco saliera a la luz. Tan consustanciado estaba con su rol que en una ocasión llegó al centro de operaciones que manejaba, con el rostro desencajado: “hoy tuve un día de mierda, se me murieron dos pacientes”, se lamentó.

Entretanto, las dudas se acrecentaban. María Victoria Schiavi, una de las jóvenes doctoras que estaba bajo el mando del falso médico, empezó a preguntar entre sus compañeros de facultad: ninguno había visto jamás a Ignacio Martín en las aulas de la universidad. Junto con su colega, Diego Ordoñez, decidieron copiar el número de matrícula que usaba Martín en su sello –el 42678/9- y lo cotejaron con los datos de la página web del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba. Así, descubrieron que estaba utilizando la matrícula de Yasmine Goncalvez Alyssa, una excompañera de estudios de Schiavi y de Ordoñez.

Por esos cuatro meses en los que mantuvo su consumada actuación, el fiscal Miralles acusó a Martín de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada reiterada y falsedad ideológica. Pero la más pesada de las acusaciones era el homicidio simple con dolo eventual que le atribuía por la muerte de Nicolás Bertol, de 29 años, que fue atendido por Martín la mañana del 13 de noviembre de 2000 cuando el paciente agonizaba a causa de una cardiopatía de la válvula mitral.

Cuando muchos en la sala especulaban con que el recupero de la libertad del falso médico dependía de que se lo culpara o no del homicidio, habría lugar para una sorpresa final.

Una batalla desigual

La puesta en escena del juicio a Martín mostró un contraste brutal. De un lado de la espaciosa sala de juzgamiento que estaba colmada de estudiantes de periodismo se lo veía al acusado junto a otro joven, el abogado defensor Agustín Cattáneo que está haciendo sus primeras armas en el oficio. Del otro costado, una batería de acusadores integrada por dos fiscales y cinco abogados querellantes pugnaba porque el tribunal le aplicara entre 9 y 12 años de prisión al falso médico.

Con la camisa blanca abotonada hasta el último ojal, un pulover escote en ve gris y las patillas delineadas con prolijidad, Martín pronunció las últimas palabras. Volvió a pedir disculpas a los familiares de los pacientes que pasaron por sus manos, reiteró que asumía la culpa de haberse hecho pasar por médico y haber engañado a toda una comunidad, pero insistió en que no iba a hacerse cargo de un homicidio que no cometió. Mirando a los tres jueces, les dijo: “espero que hagan justicia y no una victoria judicial”.

Después de un breve cuarto intermedio, llegó la sentencia y en los dos minutos que duró la lectura de la secretaria, Martín experimentó sensaciones diametralmente opuestas. Es que la primera decisión del tribunal fue absolver del homicidio al falso médico lo que abrió la chance de una pena que le permitiera recuperar la libertad. Acto seguido, se lo declaró culpable de usurpar un título, de falsificar documentación y de defraudación calificada, y se lo condenó a indemnizar a la Municipalidad de Río Cuarto con una suma de 86 mil pesos. La ilusión del acusado se mantuvo hasta que se leyó el monto de la pena: siete años de cárcel. Entonces el rostro de Martín se le demudó. Pasó del gesto distendido a una mueca de espanto.

La mentira que se prolongó en la cárcel

Ignacio Martín llegó al viejo edificio de la cárcel de Río Cuarto el 9 de febrero de 2021 y durante los primeros días era un cuerpo extraño en el Pabellón 6 al que fue destinado. “Era alguien que venía del mundo común y se encontró con el submundo de la droga, de la prostitución que hay dentro de las cárceles”, le confió a El Sur una fuente del penal.

Cuando le preguntaron qué tipo de fajina podía hacer, la respuesta que Martín le dio a las autoridades carcelarias lo colocó en el centro de las burlas. “En su imaginación, seguía creyéndose médico y pidió trabajar en el servicio de salud. Evidentemente, este chico tiene un mambo importante”, agregaron dentro de la cárcel.

Con la condena que acaban de aplicarle el falso médico estará en condiciones de salir en libertad condicional el 9 de octubre de 2025 cuando se cumplan las dos terceras partes de la pena. Durante el tiempo que lleva en el encierro se dedicó a estudiar la carrera de Derecho y ya no insiste en trabajar en el servicio de salud. Todas las mañanas sale de la celda a hacer trabajos de plomería dentro del penal.

Aunque tiene familia en Córdoba, nadie lo visita en el Servicio Penitenciario Número 6. El único consuelo para él es que con el tiempo ha dejado de ser el foco de atención de los internos.