Osvaldo Giordano integra la avanzada cordobesista que desembarca en el Gobierno nacional para dar volumen político-técnico a la experiencia de Javier Milei. El esposo de la diputada nacional por Córdoba Alejandra Torres vino cumpliendo un rol estelar desde 2007 como funcionario provincial, primero como secretario de Previsión Social de Córdoba y luego como ministro de Finanzas.

Ahora estará a cargo de la ANSES para llevar su larga experiencia gestionando el sistema previsional, que implementó buena parte de las reformas jubilatorias que degradaron los sueldos que reciben los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Su pasado también lo ubica, en la década de los ’90, como uno de los cerebros detrás de la implementación de la privatización nacional del sistema jubilatorio a través de las AFJP, aquel sistema de capitalización individual que destrozó el sistema solidario (donde unos aportan para que otros cobren, una vez jubilados) y entregó los aportes previsionales a los bancos. Una fortuna que se valuó en cien mil millones de pesos-dólares en tiempos del régimen de la convertibilidad.

Integrado a los equipos técnicos de la Fundación Mediterránea, Giordano se sumó al grupo de cordobeses que llegó con Domingo Cavallo al Gobierno de Carlos Menem. Nadie duda de su inteligencia y capacidad técnica para realizar las políticas que se propone. “Para mí es un fenómeno como economista, pero que lástima las políticas que aplicó”, dice en su estudio contable el previsionalista Eduardo Viera, hijo del mítico Afelio Amor Viera, redactor de la Ley 8.024 que ubicó al sistema de jubilaciones provincial entre los más avanzados de Latinoamérica.

Ya en sus comienzos como estudiante de Economía en al UNC Giordano se destacó por su lucidez y capacidad de trabajo. “Era un picante”, recuerda un compañero de estudios a comienzos de los ’80. “No cualquiera estudia paralelamente las carreras de contador y economista”, asegura.

Breve alfonsinista durante la recuperación democrática, Giordano asumió el paradigma que rige a los técnicos mediterráneos y fue consecuente aplicador de los ajustes de un sistema de jubilaciones que hoy tiembla a nivel nacional de llevarse adelante el plan de Milei de recortar 15 puntos de gastos del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante los ‘90 el traspaso millonario al sistema privado de la gran mayoría de los trabajadores incluyó, por ley, la negativa a aumentar los haberes de los pasivos conforme a los incrementos salariales que obtuviesen los activos, la movilidad del 82%. “Con la ley de Solidaridad Previsional los cavallistas, con Giordano a la cabeza, establecieron que los aumentos a los jubilados fuesen ordenados por el Congreso y no con la movilidad. Por supuesto, el Congreso dominado por el menemismo nunca se juntó a tratar ese tema”, describió oportunamente el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino

La Caja

Osvaldo Giordano fue secretario de Previsión de Córdoba entre 2007 y 2015, y ministro de Finanzas de 2015 hasta su inminente mudanza a la troupe de Milei. Durante toda su gestión provincial tuvo su punto de mira ubicado sobre la Caja de Jubilaciones, que formó parte del menú permanente de argumentos que la Provincia ha utilizado en su pelea de las últimas dos décadas con el Gobierno Nacional. Salvo el interregno de Mauricio Macri, hubo permanentes tironeos para el financiamiento del déficit de la entidad.

Para el economista Alfredo Schclarek Curutchet hay que buscar en las jubilaciones anticipadas del primer Gobierno de José Manuel De la Sota la causa del déficit que agobia al sistema, a partir de “un esquema de jubilaciones anticipadas a los empleados públicos, que pasó a retiro entre 20 mil y 25 mil empleados en plena edad laboral entre el año 2000 y 2006”.

“El costo para las finanzas provinciales de estas medidas fueron lapidarias. Mientras la Caja de Jubilaciones pagaba las jubilaciones anticipadas, la Administración General pagaba el sueldo de los agentes que se incorporaron en reemplazo de los jubilados anticipados, es decir no hubo ahorro fiscal a raíz de la medida”, explica un paper que el economista facilitó a Revista El Sur.

Reformas y recaídas

Con el fundamento de achicar el déficit el Gobierno provincial implementó una serie de leyes, en general aprobadas en fechas estrambóticas para eludir el debate público, como la última reforma sancionada por la Legislatura en plena cuarentena durante la pandemia, o la 10.333 que se trató en la Unicameral el 23 de diciembre 2015.

La norma se planteó en reemplazo de la 10.078, que postergaba en seis meses el cobro de los aumentos a los jubilados. Por medio de la 10.333 Córdoba eliminó el 82% móvil para la jubilación provincial y la llevó a un 73%, sobre la base de recortar de los salarios un 11% previo al cálculo del haber jubilatorio para conformar un llamado fondo de armonización.

El trabajador jubilado de la Caja -donde trabajó en la Oficina Determinación de Ingresos-, dirigente de la Asociación Bancaria durante su vida laboral activa y actual referente del Foro Solidario Miguel Berrotarán, describe a Giordano como alguien “coherente con la Fundación Mediterránea e IDESA”, que llevó medidas poco democráticas como interventor. IDESA es un centro de estudios que el funcionario cordobesista fundó para volcar a la opinión pública trabajos de índole social, que ahora dirige su hija Virginia Giordano, habitual columnista de La Voz del Interior.

Berrotarán recuerda que se trasladó el Centro de Cómputos de la Caja -cerebro institucional que registra todos los ingresos y egresos- a El Panal para que los trabajadores y los jubilados se vieran privados de esa información. Dato muy importante para determinar las reparticiones que no aportan o pagan en negro a sus trabajadores. También se eliminó el cuerpo de verificadores previsional y contable, que iba a las reparticiones, comunas o agencias y escuelas privadas que son aportantes al sistema provincial.

Además, “las pensiones reciben un descuento del 20% cuando el beneficiario la cobra junto a una jubilación al mismo tiempo, además que esas pensiones se rebajaron del 75% al 70%. Sumando todo ese combo termina en un perjuicio generalizado”, lamenta Berrotarán.

La última reforma implementada a través de la ley 10.694, aprobada mientras el Covid impedía cualquier reacción de protesta callejera, reforma el cálculo del haber jubilatorio al promedio de los últimos 10 años de salarios activos, cuando desde 2008 la Provincia hacía en cálculo según los últimos cuatro años trabajados.

Balance

Para el contador Viera la consecuencia de todas las reformas significan que el sueldo de cada jubilado y jubilada provincial apenas alcanza al 50% de lo que se cobraba en 1995, antes que el ex gobernador Ramón Mestre comenzara la podas de derechos y la rebajara los sueldos.

Otro dato lo aporta el economista Ignacio Juncos, integrante del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), cuando señala que entre 2016 y 2023 “el monto total de prestaciones sociales disminuyó en términos reales más del 20%. Mientras para el caso de aquellos beneficios pagador por ANSES el monto total de las prestaciones en términos reales disminuyó alrededor de 4%”.

Si bien hay consenso alrededor que Nación no envía los fondos acordados para financiar el déficit de la Caja -al igual que hicieron los cavallistas precipitando la caída en desgracia de Eduardo César Angeloz-, eso no justifica que la forma de calzar la Caja sea ajustando a los jubilados.

Ahora que Giordano tendrá a cargo la ANSES, Juncos que pregunta: “¿Qué hará desde la Nación? ¿Bajará la bandera de que Córdoba debe recibir más fondos? ¿Cómo va compatibilizar su rol en un Gobierno que quiere ajustar los gastos con el aumento de las transferencias que siempre reclamó? Son preguntas que está bueno que queden claras”, concluye el economista.