El 14 de diciembre último la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dictó en forma inconstitucional la Resolución 943 que regula un Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales y de Seguridad del Estado ante manifestaciones públicas. Asumió así facultades legislativas que no tiene el Poder Ejecutivo en ejercicio del dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia penal (Art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional). La Resolución dispone graves sanciones de naturaleza penal que pueden ir desde la pérdida de la personería de las instituciones actuantes como sindicatos y organizaciones de la sociedad civil hasta la sanción de cobrarles los costos vinculados con el operativo de seguridad. El protocolo también viola los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional porque el derecho a la libertad de expresión sólo lo puede regular el Poder Legislativo.

También se amenaza con la quita de las ayudas sociales y el control extorsivo de los organismos de defensa de menores por el solo hecho de que sus padres hayan ido con bebés o niños a una manifestación pacífica. Esto supone una violación discriminatoria al derecho de la libertad de expresión de padres que no tuvieran con quién dejar sus hijos para reclamar por sus derechos. 

Además, el Protocolo determina que “deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan…”, (art. 6). Y agrega: “los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales ­–ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personería jurídica, gremios o partidos políticos– serán remitidos al Ministerio de Seguridad para su comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente, a los efectos de la adopción de las medidas administrativas que corresponda” (art. 8). Estas disposiciones violan la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional que determina que sólo “el Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia nacional” (art. 12) y dispone que “ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (art. 4, inc. 2).

Protocolo ilegal

El Protocolo realiza descripciones ambiguas y vagas. Sostiene que se castigará, por ejemplo, a los instigadores. ¿Cuál es el alcance y la interpretación? ¿A quiénes hablen de la justicia de los reclamos sociales se los podrán considerar como instigadores de un supuesto delito, con consecuencias personales o institucionales?

A su vez, el Protocolo dispone que toda manifestación puede ser tipificada por la policía como delito flagrante, reprimido por el art. 194 del Código Penal de la Nación Argentina y en función de ello actuar. Sólo comunicándole luego al juez o al fiscal competente. O sea, la dirección y alcance del procedimiento lo fija la policía, por sobre los fiscales y los jueces, que se encontrarán ante hechos consumados. Además, ahora no se prohíbe el accionar con armas letales.

Durante la presentación del Protocolo, Bullrich sostuvo que "las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple". Resulta que conforme a la norma que regula el Servicio Penitenciario -Ley 20.416-, esta fuerza no podrá actuar como lo dispone el Protocolo, ya que la ley establece que “El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad” (art. 1).

El derecho de petición a las autoridades propio del derecho a la libertad de expresión implica el derecho de reunión, a la movilización y a la protesta social y como tal, no deben ser criminalizadas o censuradas como tales. En Argentina son derechos básicos que además nacen de la soberanía del pueblo (arts. 14, 32 y 33 Constitución Nacional).

A lo que hay que agregar lo que contemplan varios tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional (art. 75, inc.22 Constitución Nacional) como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XXIV; el art. 21 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Este último dispone que “el derecho de reunirse y manifestar pacíficamente implica que las autoridades estatales deben abstenerse de impedir el ejercicio de este derecho, así como también deben prever medidas para evitar que terceros lo impidan. Esto significa que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que las manifestaciones puedan llevarse a cabo de manera eficaz y pacífica, incluyendo medidas como la desviación del tráfico y la protección policial de las manifestaciones y concentraciones, cuando sea necesario”.

Derecho internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que interpreta el Pacto antes referido, ha sostenido, que “el Estado debe abstenerse de aplicar figuras penales que tengan por objeto restringir el ejercicio del derecho de manifestación pacífica”.

Las manifestaciones públicas implican una desesperada necesidad de ganar visibilidad en la problemática que se expresa. La CIDH ha enfatizado que “el ejercicio efectivo de la democracia requiere como presupuesto, el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Así, la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la iniciación de procesos judiciales, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.

En el fondo, la criminalización de la protesta busca generar miedo para disuadir las peticiones; debilitar de esa manera la resistencia y obligar a los y las reclamantes a dedicar gran parte de su tiempo y dinero a defenderse judicialmente por las investigaciones o los procesos criminales que les abren.

Lo antes dicho es inaceptable en el marco de la legalidad referida en el tema. Además, la CIDH ha entendido que “la participación de las sociedades a través de la manifestación pública, como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un `interés social imperativo´, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar una limitación de este derecho”.

En una sociedad democrática el espacio urbano es un espacio de participación y no debe tomárselo como que es sólo un ámbito de circulación.

Con el marco legal referido, ¿Cómo queda la afirmación de la ministra que dijo que “la ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, cuando evidentemente el Protocolo no cumple con la ley?