Controles cruzados, controles preventivos, controles internos, controles aleatorios, controles con el Tribunal de conducta, controles judiciales. Controles. Control.

Bienvenidos a la nueva etapa del Servicio Penitenciario de Córdoba, ésa que venía anticipándose a gritos desde que estallaron en septiembre los primeros escándalos que se fueron llevando puestos a los “omegas”, término con el que se conoce a los jefes carceleros. La que dibujó un reguero de sangre que, para sorpresa de incrédulos (como el que escribe esta nota), terminó llegando hasta la oficina mayor de la Dirección General (DG), en la que ya no atiende más el histórico Juan María Bouvier, hoy flamante inquilino de una celda vip en Bouwer.

En el mismo día de la detención del “jefe”, que llegó como interventor y se quedó 15 años en la mullida poltrona del primer piso de Entre Ríos 457, era anunciada la designación del ya inoxidable Gustavo Vidal Lascano como interventor de la institución.

Jubilado ya hacía algunos años de su histórico cargo como fiscal federal, con un intermezzo como fiscal General de la Provincia durante la gestión de José Manuel de la Sota, Vidal Lascano ha sido y sigue siendo un hombre conocedor como pocos de los hilos judiciales y políticos. Pragmático, cumplidor, sin declaraciones estridentes pero con muy buena relación con la prensa, parece ser el indicado para agarrar una de las mayores brasas ardientes con las que el 10 de diciembre se encontró Martín Llaryora al asumir una Gobernación que no le viene dando demasiadas alegrías.

FUEGO Y DESOLACIÓN

No había tiempo para titubeos ni protocolos. Ni si quiera para rosca política o judicial. El SPC era fuego y desolación.

Fuego porque seguían cayendo figuras, ahora las más pesadas. Además de “el uno”, la Justicia arrasaba también con “el dos”, Víctor Vivas, subjefe de asunción reciente. Y también hubo esposas para “el tres”, Diego Martín Ayala, hasta entonces director General de Seguridad, otra de las poltronas claves.

La orden de detención haría blanco además en una figura sorprendente: Silvia Guadalupe Barbero, ex directora de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, famosa por su meteórica carrera en la fuerza, con ascensos en tiempo récord prácticamente sin haber cumplido tareas operativas en ningún establecimiento, ayudada tal vez por haber sido la última pareja de Juan María Bouvier.

Todos acusados por asociación ilícita y a disposición del fiscal Enrique Gavier.

Desolación, porque esas caídas se sumaban a las de Sergio “el Chavo” Guzmán, ex número dos de Bouwer; además de Andrés Aciar, Néstor Gómez y Ezequiel Arroyo, “omegas” de Villa María; Darío Tello, exjefe de Seguridad general; Julio Heredia, ex director de la UCA, pasado a pasiva por “favores” a los camaradas detenidos. Y si a esto se le agrega el sorpresivo pase a retiro de Ceferino “Camello” García en octubre, se llega a la conclusión de que la institución se convirtió en un Boeing, abarrotado de gente, y sin nadie en la cabina de control.

Cómo estará de abandonado el timón que a más de 20 días del último descabezado, al momento del cierre de esta edición, los nombres de los involuntarios pobladores del Pabellón E en el MD2 de Bouwer todavía figuran como máximas autoridades en la página oficial del Servicio Penitenciario.

La acefalía en mandos altos se combina también con varios casilleros vacíos entre los mandos medios y operativos, donde también cunde el pánico luego de detenciones como la del subdirector principal de Tratamiento del Complejo de Cruz del Eje, Héctor Robledo, trabajador social con 22 años de antigüedad en la institución. Ese mismo 29 de diciembre, el propio Gavier ordenó un allanamiento de los ásperos en la Dirección Principal del Complejo de Bouwer (CC1), también en el área de Educación, en Servicios Criminológicos y el Centro de Observación y Diagnóstico, ante la sospecha de que ahí se “cocinaban” algunos de los beneficios que luego se comercializaban para favorecer a los detenidos.

El escenario de desolación se completa con una realidad que marca hacinamiento en todas las cárceles de la provincia, una población de más de 12 mil internos que no para de incrementarse mientras lo que no crece es la cifra de empleados operativos, además de un preocupante desfasaje en la proporción de procesados/condenados, algo que ya ha valido informes meses atrás en este misma revista.

CONTROL A “EMPRENDEDORES”

“Yo no voy al Servicio Penitenciario a hacer una cacería... de ninguna manera”. Quien responde a la consulta de Revista El Sur es nada menos que el propio Gustavo Vidal Lascano. “Vamos a tratar, sí, de separar la maleza que existe, porque sería necio negarlo”, admite.

Casi al cierre de esta edición, el interventor atendió a este medio en una entrevista de media hora sin condiciones, sin dejar de responder a las consultas y sin esquivar ni disimular la gravedad de la situación con la que se ha encontrado. “El fiscal que investiga (por Gavier) determinará si (los delitos que persigue) han sido por relajamiento, por omisión, por acción, o por otro componente. Eso es materia de investigación fiscal. Nosotros lo que vamos a hacer es reforzar los controles internos”, define.

Esa respuesta tiene que ver con la concepción que imagina el ex fiscal federal, quien se ve a sí mismo no más de seis meses al frente de esta brasa ardiente. Por eso piensa en un equipo muy ágil de control interno. Es la manera en la que buscará responder a la “relajación” que se dio en la última década y media, que permitió el “emprendedorismo” -por llamarlo de alguna manera- en una buena cantidad de servidores públicos que visten el uniforme gris, al punto de convertir a la institución casi en una “federación de kiosquitos” en la que, más lejos o más cerca de la legalidad, muchos se dedicaron a “morder”. Lisa y llanamente.

“Creo que no se puede hacer un control exhaustivo permanentemente todos los días y a toda hora, porque es un imposible”,  señala el interventor. “Pero estoy seguro de que sí se puede eficientizar y lograr establecer un mecanismo normal”, aclara. La idea es bajar línea y transmitir el mensaje de que, al menos en la intención, se acabó el “siga-siga” de los últimos tiempos. Por eso es lógico que encuadre en ese marco lo sucedido el último martes de diciembre, cuando en el portón mayor de Bouwer fue sorprendido un camión frigorífico de la empresa Livorno que además de medias reses llevaba en su interior casi dos kilos de marihuana, 14 gramos de cocaína y varios litros de whisky envasados en bolsas térmicas, a lo que se sumaban siete equipos de telefonía celular de última generación que, puestos adentro de un pabellón, cotizan en cerca de un millón de pesos cada uno.

QUIÉN QUIERE SER JEFE

Más allá de la no-cacería pero sí el control, Vidal Lascano tiene en frente la estratégica tarea de la reconstrucción de algo severamente dañado. Y por eso no duda en definir como una de sus primeras tareas en la agenda de intervención la de constituir mandos de reemplazo. “Estamos tratando de cubrir los mandos superiores y después los intermedios. Pero todo es transitorio. Absolutamente todo”, define.

“Yo me encuentro con un Servicio en emergencia. Con pases a retiro, descabezado, con detenidos, etcétera. No solamente descabezado, sino muy cuestionado. Sobre eso tengo que armarlo”, plantea, describiendo la estación inicial de su hoja de ruta, y aclarando de manera insistente que su paso será transitorio. “Mi intervención tiene un plazo fijo de seis meses, si bien es prorrogable. Pero esperamos que en seis meses se pueda normalizar con gente que no sea cuestionada ni por negligencia, ni por corrupción. En base a eso estamos tratando de rearmarlo”.

El problema es que las influencias bajan y suben, atraviesan la central de calle Entre Ríos, viajan desde Bouwer y Cruz del Eje, y en ellas sobreabundan entremezcladas intenciones de todo tipo.

Es que los casilleros a completar son muy apetecibles, tanto para quienes ven la oportunidad de dar un salto en una carrera muy espinosa, como para aquellos que en los últimos años se vieron desplazados por la conducción hoy presa. Sobran aspirantes, pero falta profundidad en los legajos y sobre todo herramientas para decidir con tranquilidad y fundamentos.

Por eso, entre otras cosas, el interventor ya dispuso que los jerárquicos que están siendo investigados por la Justicia, con medidas como por ejemplo el secuestro de sus celulares, no puedan ejercer responsabilidades de mando. La medida exhibe prudencia, pero también agrega presión operativa en momentos de carencia de liderazgos y cuando la plana mayor recién se está empezando a constituir.

“La estoy construyendo”, responde Vidal Lascano, que promete novedades para la primera quincena de enero pero advierte que se debe ser muy meticuloso al momento de analizar los legajos que le llueven a raudales sobre su escritorio. En ese marco, admite que están buscando reemplazos incluso entre el personal retirado. “Estamos viendo entre este personal, y en algunos casos, averiguar cuál fue la razón de que los hayan pasado a retiro. Y saber si fue su voluntad o si se fueron presionados”, desliza, dando a entender que en la era Bouvier hubo gente valiosa que fue eyectada injustamente por no haberse “alineado” (vamos a decirlo suavemente) con las iniciativas y las órdenes que bajaban del despacho mayor.

El mismo celo asegura Vidal Lascano estar poniendo en la revisión de los ascensos, sobre todo los meteóricos y “flojitos de papeles”. “Tengo que ver si estoy ascendiendo a alguien que realmente es merecedor, por su conducta y por su antigüedad, y garantizarme que no le estoy dando un ascenso a alguien porque simplemente lo metieron en la lista”, advierte.

UNOS TANTOS, OTROS TAN POCOS

En la actualidad, el SPC tiene una dotación de personal apenas por encima de la que tenía en 2007. Algo más de cuatro mil empleados. La enorme diferencia es que en aquel momento la población encarcelada era de 5.128 internos, cifra que hoy supera con holgura los 12 mil, y sigue creciendo. Las consecuencias son evidentes y terminan derivando en un “servicio” que hace agua por todos lados. De allí la pregunta obvia:

-¿Hay algún plan para equilibrar la situación del personal desgastado, desmotivado, sobre exigido y sin posibilidades de trabajar de una manera profesional?

-Eso es parte del objetivo que yo tengo, pero que no depende de nosotros. Depende del presupuesto de la Provincia. Pero, bueno, ahora han egresado 200 penitenciarios que estamos incorporando, estamos viendo cómo los repartimos..., y efectivamente, hay que estirar como chicle al personal.

-Para darle una solución a ese problema crónico hay dos vías que no se excluyen: incorporar más personal o reducir la cantidad de presos. Córdoba es la provincia que tiene la mayor cantidad de presos sin condena. ¿Dada su cercanía con el Poder Judicial, cree que se puede plantear algún tipo de articulación para que los jueces dejen de mandar tanta gente a las cárceles innecesariamente?

- Mire, yo tengo un criterio amplio en relación a esto. Tengo conciencia también de que a veces no es lo que la gente quiere. La gente en general quiere pena de muerte para un robo de celular. Pero el Estado tiene que tener una respuesta racional, no emocional. La cárcel tiene que ser para recuperación. Por eso el objetivo es normalizar y sanear los establecimientos penitenciarios, para que cumpla su objetivo de permitir una verdadera recuperación.

Vidal Lascano propone algún articular con los juzgados de ejecución de la Capital y el interior para “gestionar que para determinado tipo de delitos, que no importan una peligrosidad en el individuo, se disponga un encierro más parecido a la última fase que prevé la ley, basado en la autodisciplina”. Está hablando de los regímenes de cárcel abierta o semi abierta.

“Tenemos que tener un criterio de razonabilidad, porque hoy lo único que hacemos es depositarlos en las cárceles y generar cero recuperación”, define mientras admite estar analizando medidas direccionadas para “descomprimir los establecimientos, siempre y cuando surgieran estas características de una persona que no implique peligro para sí o para terceros”.

No habrá “veranito” ni vacaciones para Vidal Lascano por la brasa ardiente que aceptó agarrar. El interventor repite una y otra vez que “está de paso” y que las gestiones “no son fundacionales”. No obstante el escenario con el que se encuentra parece pedir cirugía mayor, si es que no quiere sumar su nombre a los que por acción o por omisión han venido empujando barranca abajo a una institución clave en el esquema de justicia.

“Sanear y normalizar”, repite, como si fuera algo modesto.

Quizás seis meses sean muy poco para tan ambicioso objetivo.