El 20 y 21 de diciembre fueron días pesados en Córdoba. A las seis de la tarde una inmensa columna de manifestantes caminó desde la esquina de Colón y Cañada para repudiar el “Protocolo” que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había anunciado una semana antes, marcha fuertemente custodiada por la policía que finalizó con un acto frente al Patio Olmos. Momentos después, el presidente Javier Milei anunciaba su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que atropella 300 leyes, normas y regulaciones, entre las que se destaca la derogación de la Ley de Alquileres.

Comenzaron los cacelorazos en distintos puntos del país, viralizados en las redes social. En Córdoba una multitud de vecinos se concentró al otro día frente al mismo shopping que había congregado a la izquierda para repudiar el discurso presidencial. La protesta, de carácter pacífico, terminó en represión, con gases y palos policiales. Una temeraria sobreactuación policial que desde el Ministerio de Seguridad adjudicaron a una orden del fiscal provincial Ernesto De Aragón.

Esa misma jornada, la Legislatura Unicameral aprobaba con el voto justo del bloque oficialista más tres oportunos aliados: Bruno, Alesandri y Spaccesi. En ese marco de agitación la aprobación de la ley de Seguridad Ciudadana por la Legislatura no hizo ruido, a pesar que su impacto en el esquema de seguridad provincial será enorme. A la cabeza de la iniciativa está el ministro extrapartidario Juan Pablo Quinteros, con el objetivo de renovar la confianza pública después de años de experiencias fallidas de los gobiernos de Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota. Las encuestas sobre la demanda de seguridad pública así lo atestiguan.

Vigiladores

El nuevo rol que la ley le asigna a las agencias de seguridad privadas puso foco sobre la presunta delegación de funciones inherentes al Estado, que tiene por definición el monopolio de la fuerza legal y controlada. Porque las integra al Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana y les asigna la posibilidad de utilizar “armas menos letales en el ejercicio de sus tareas, previa autorización”, que son aquellas que dan descargas eléctricas y que ya está utilizando la policía y que destina a la cobertura de establecimientos públicos, posiciones que actualmente se cubren con personal policial bajo el formato de adicionales.

La nueva ley pone a las agencias bajo la órbita del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, para su formación y dictado de políticas, transformándolas casi en un suplemento del Estado en término de seguridad, a pesar que se trata de un negocio comercial que brinda un servicio. Esto significa un cambio de paradigma respecto a cómo actuaron estas entidades con antelación, jerarquizándolas, pero al mismo tiempo implementando un sistema que terceriza la seguridad.

El objetivo es dotar de más personal al sistema de seguridad, de la misma forma que suma las denominadas “Guardias Locales de Prevención y Convivencia”, la nueva herramienta de los municipios, que la Provincia se comprometió a dotar de elementos y vehículos para responder a la demanda de seguridad que piden a gritos las comunidades.

Traducido, desde el Gobierno de Córdoba aseguran que “con una impronta modernizante en materia tecnológica y de formación profesional, la ley tiene como objetivo generar el marco para un combate más efectivo y eficiente del delito y del narcotráfico”.

Críticas y dudas

Una de las primeras voces en cruzar la iniciativa oficial fue la legisladora radical Brenda Austin. “No, no son más policías, ni mejor entrenamiento. No, tampoco son protocolos de control para evitar las crisis en las fuerzas o la connivencia con el delito, como el sistema penitenciario. Lo que hacen es transferir su responsabilidad a otros actores: privados y municipios”, dijo la histórica dirigente de Franja Morada.  

“El Estado delega, transfiere, pone en manos privadas parte de su función esencial de prevenir y combatir el delito. Aun en espacios públicos te ‘cuidan’ los privados”, publicó en su cuenta de Twitter. Las mismas empresas privadas o los municipios por si, o bien contratando a asociaciones civiles o fundaciones (art. 13), tercerizan completamente la capacitación de estas nuevas fuerzas "paraestatales" que van a portar armas menos letales. ¿Acá también habrá algo escondido?”, remató Austin. Como los taxis truchos en relación a los formales, ahora las agencias de seguridad son Uber y está la empresa detrás integrada al sistema.

Para el Ministerio de Seguridad “en lo que respecta a nuestra Policía provincial, tenemos como objetivo que la fuerza esté en las calles cuidando a los cordobeses. Para ello nuestros policías contarán con el apoyo y respaldo del Gobierno Provincial, a través de infraestructura, recursos y con una política de profesionalización creciente”. Se niegan a analizar los planteos opositores, que adjudican a “especulaciones” y no a “hechos concretos”.

Incógnita

Miguel Robles piensa que la efectividad de la ley es todavía una incógnita. Ex subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es un especialista que estuvo cerca del ministro Juan Pablo Quinteros cuando diseñaron la propuesta de seguridad de Córdoba Capital cuando el hoy ministro fue candidato a intendente.

“Como principio, el Estado debe sostener el monopolio de la fuerza controlada. Pero es un esquema nuevo que veremos cómo funciona”, sostiene.

En la cartera de Seguridad son optimistas: “Hemos generado el marco para una mejor coordinación entre la seguridad pública y privada”, aseguran. La nota de prensa remitida a esta revista apunta a que la reforma busca elevar “estándares de trabajo para la seguridad privada”.

La ley ordena que las empresas privadas deben capacitar a los vigiladores según los criterios que se fijen desde el Instituto de Planificación.

Doble comando

Para Robles esta entidad ubicada por encima de la Policía provincial puede generar una dinámica de competencia con la fuerza. “Depende de la política, de quién sea designado a cargo del Instituto”, señala. Podría ser un riesgo concreto. Remarca que en el caso en que las agencias privadas cometan delitos de violencia institucional, moneda corriente en la policía, habrá que ver “si los jueces lo toman como delitos del ámbito privado o estatal”. De la misma forma es un interrogante quién debería responder ante las demandas civiles posteriores. “¿Son las empresas, el Estado o ambos?”, se pregunta Robles.

El especialista advierte que la habilitación del uso de armamento, como las armas menos letales, depende de una regulación a cargo de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Se trata de un instituto federal, de forma que, como la ley provincial no puede legislar sobre el ámbito nacional, eso puede ser motivo para plantear un recurso de inconstitucionalidad de la ley. “La portación de armamento debe tener control estatal”, asegura.

Robles recuerda que “cuando comenzaron las agencias de seguridad, en la década del ’70 del siglo pasado eran prácticamente una mafia, marcaban las casas con un punto rojo entre quienes habían pagado y quienes no. Y estaban manejadas en muchos casos por delincuentes que integraban las bandas represivas de la dictadura en Córdoba”.

“Las agencias privadas siempre fueron el plan B de la Policía, en su mayoría manejadas por ex oficiales retirados. Entre otras cosas porque los niveles salariales de los retirados no alcanzan en muchos casos los niveles mínimos de dignidad”, concluye Robles.

Ley de Inteligencia Nacional

En la macha de las organizaciones sociales y sindicatos del 20 de diciembre algunos manifestantes individualizaron a una mujer policía mientras sacaba fotos de las personas en el lugar sin que estuviera identificada como integrante de la fuerza, sino solo con un chaleco con la inscripción “prensa”. Filmada por manifestante, se le pidió que dijera para qué medio de información trabajaba y la mujer respondió “prensa independiente”. Luego se supo que se trata de la sargento Claudia Melian, que forma parte del área de comunicación de la policía. Fotos con uniforme de fajina no dejaron lugar a dudas. La identificación generó un revuelo que derivó en dos denuncias radicadas en sendas fiscalías de la capital por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En la primera, acusó a Melian de  “conductas delictivas (…) establecidas en los arts. 248 y 249 del Código Penal (Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público), e incumplimiento de la ley 23.554 de Defensa Nacional (1988), la ley 24.059 de Seguridad Interior (1991) y la ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001)”; en la segunda, hizo extensiva su denuncia al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y al nuevo jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez.

Para el organismo de derechos humanos “las conductas denunciadas contravienen las facultades policiales regladas e importan una injustificada invasión al ámbito de privacidad de todas y todos quienes concurren a aquellos encuentros públicos. Al mismo tiempo generan desconfianza social y temor en esas mismas personas, inhibiendo su derecho a la participación y debilitando las organizaciones a las que pertenecen, además de infringir derechos individuales y colectivos”.

El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, presente en la marcha, realizó otra denuncia similar. El abogado del sindicato, Claudio Orosz, explicó que la inteligencia criminal “no puede ser realizada de manera autónoma por la Policía, sino bajo la supervisión y órdenes de un fiscal o un juez. Ninguna de estas premisas se cumple, porque ningún fiscal ni juez  dieron esa orden para que una policía, disfrazada de periodista y diciendo que pertenece a un medio independiente, saque fotos y filme a los dirigentes que encabezaban la movilización”.

“Esto viola claramente el artículo 4, incisos 1,2 y 3 de la ley 25.520, de Inteligencia Nacional, y establece una pena en el artículo 42 que va de tres a 10 años”, agregó. “Como el accionar de esta policía fue avalado, explicándolo en el marco de una estructura jerárquica y piramidal, en cuya cabeza está el ministro de Seguridad, también lo denunciamos a él y pedimos la urgente investigación porque estas tareas de inteligencia son ilegales y deben ser castigadas”, apuntó el letrado.

Desde el área de Seguridad provincial negaron entidad a estas denuncias y descartaron que Melian estuviera realizando tareas de inteligencia. Pero informaron que en lo sucesivo los efectivos ocupados en sacar fotos o videos usarán un carnet bien visible que los identifique como miembros de la fuerza.

Cacelorazo reprimido

Los manifestantes que protestaron la noche del 20 de diciembre fueron reprimidos por la policía sin que mediara ningún incidente previo. Los videos que circularon en redes sociales muestran a efectivos policiales aplicando gases y repartiendo golpes. La represión dejó un saldo de cinco detenidos, uno de ellos el periodista de la web Enfant Terrible, Rodrigo Savoretti.

Desde el Ministerio de Seguridad derivaron en el fiscal Ernesto de Aragón la orden de desalojar la esquina del Patio Olmos. Este, a su vez, obedeció a un amparo dictado por el juez de control Juan Manuel Fernández López, que ordenó liberar las calles del centro para liberar el tránsito.

En una nota publicada el año pasado, Revista El Sur dio cuenta de esta controvertida medida judicial, que supera la entidad de un juez de control, ya que pretende legislar sobre un derecho constitucional. Fernández López llegó a comparar un corte de calle con “un crimen de lesa humanidad”, ya que uno de los afectados (promotor del amparo) presuntamente debió mudarse para evitar los cortes de calles y ello constituye un ‘traslado forzoso”.

En el Ministerio aducen que, por más que esté cuestionada su constitucionalidad, el amparo sigue vigente ya que las impugnaciones presentadas no tuvieron todavía resolución judicial. Así lo fundamentó Quinteros en una reunión que mantuvo con la secretaria General del sindicato de periodistas, Mariana Mandakovic.