Con un fuerte sesgo ideológico y la intención de “apagar” la cultura, el Gobierno de Javier Milei pretende asestar un duro golpe a la producción cultural argentina. Mediante un proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso Nacional poco después de asumir, en el que dedica un capítulo entero a la Cultura, plantea la desaparición de organismos fundamentales como el Instituto Nacional de Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA). También propone la desfinanciación de otros organismos claves como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). El DNU también asesta un golpe mortal a la producción librera nacional.

La medida reconoce como antecedente la intención del Gobierno de Mauricio Macri de quitar las asignaciones específicas de varios organismos que, luego de una resistencia de los sectores involucrados, lograron la sanción de la Ley 27.432 en octubre de 2022, que prorrogó durante 50 años tales asignaciones, buscando consolidarlas como políticas de Estado hasta 2072. Hoy todo eso parece un chiste al lado del plan de exterminio de la cultura lanzado por el proyecto de Ley de Javier Milei.

En efecto, de aprobarse la Ley ómnibus se produciría una involución cultural de la Argentina al desarticular el entramado de producción, eliminar la diversidad, el federalismo y la participación de la sociedad, poniendo peligrosamente la cultura bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Sin contar que muchas manifestaciones culturales serían inviables sin el incentivo y el apoyo de esos organismos. 

El presidente Milei ha repetido en varias oportunidades que considera al apoyo estatal a la actividad cultural “un gasto de la política” que produce un arte “propagandístico” y que había que evitar a toda costa que “la política se pueda meter en la cultura”. Sin embargo, al eliminar y desfinanciar los organismos que garantizaban la producción federal y no comercial, la pone en estado de coma o la somete a la discrecionalidad del propio Gobierno nacional. La medida significa una brutal intromisión de la política en la producción cultural, contradiciendo lo que se sostiene desde el discurso. De aprobarse, la cultura quedará a merced del Poder Ejecutivo.

Lo ideológico de la motosierra en la cultura se advierte al comprobar que el gasto en el Presupuesto 2023 es mínimo y representa un ahorro insignificante en la cruzada libertaria por la eliminación del déficit fiscal. Además, muchos de los organismos que se pretende eliminar de un plumazo son autárquicos y se autofinancian.

Los sectores afectados, que incluyen a los productores de música, cine, teatro, libros y artes en general, se han manifestado abiertamente en contra y se plantean diferentes acciones de lucha y resistencia para impedir la aprobación de la Ley, que será tratada la última semana de enero de este año.

El impacto

Eliminar el INT implica borrar el organismo de fomento de la actividad teatral en todo el país, que permite la programación de innumerables obras y el sostenimiento de elencos y salas. Además la actividad teatral se vería afectada aún más con la propuesta de derogación de la Ley N° 14.800 que establece que donde se demuele una sala teatral debe construirse otra similar y la Ley N° 21.145, que otorga beneficios tales como hospedajes, pasajes y fletes para actores, artistas y técnicos.

El FNA, por su parte, cumple hasta ahora un rol fundamental en la financiación y la promoción de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro de todo el país. Creado en 1958 tiene una trayectoria reconocida en el mundo y ha posibilitado el trabajo de artistas como Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla, Antonio Berni, Alejandra Pizarnik y Marta Minujin, entre muchos otros. A principios de diciembre había sido designado al frente del organismo el cineasta Javier Torre, quien se mostró desconcertado con la idea de cerrar el organismo. Además hay preocupación e incertidumbre sobre el destino de la colección pública que atesora, que sería vendida o trasladada a otro lugar, con el consecuente gasto que ello implicaría.

La actividad del libro es otra de las amenazadas directamente por la norma. La ley de precio único generará un desequilibrio en la cadena de valor que pondrá en riesgo la actividad de pequeños y medianos libreros en todo el país, que no podrán competir con grandes superficies de venta, como por ejemplo los supermercados y los shoppings. Las modificaciones alcanzan también a la CONABIP, además de sufrir la eliminación de beneficios impositivos.

La música también sufrirá un fuerte impacto ya que el proyecto busca desfinanciar al INAMU eliminando el aporte proveniente de las multas, tasas y gravámenes que pagan la radio y la televisión (2 por ciento del total). Además le quita toda función de fomento que no sea formativa, dejándolo afuera de la promoción de la música en vivo o grabada. Como si fuera poco, se elimina la obligación de contratar artistas locales en shows internacionales.

El cine no se queda afuera del apagón. El proyecto modifica la ley de financiamiento y promoción de la producción y exhibición de películas argentinas, que implica la quita al INCAA de los ingresos provenientes de las tasas y gravámenes de la televisión. De aprobarse sólo quedaría para el INCAA el 10 por ciento de cada entrada vendida. Pero no es todo: la Ley propuesta quita la participación de los múltiples sectores participantes de la actividad y otorga discrecionalidad para el directorio, nombrado por el Poder Ejecutivo. Modifica también las condiciones de las películas a financiar, que ya no deberán ser habladas en castellano, podrán tener publicidad y no deberán representar un aporte a la cultura y a los valores sociales, retrocediendo varios pasos en la soberanía e identidad lograda. Por último deroga las cuotas de pantalla para el cine nacional y también la media de permanencia para las películas argentinas, lo que significa la virtual desaparición del cine argentino.

 Los pasos

El megaproyecto del presidente Milei consta de 664 artículos en 351 páginas y fue presentado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la última semana del 2023. Lleva por nombre “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, haciendo una referencia explícita a Juan Bautista Alberdi. Plantea una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo, el menoscabo del Congreso de la Nación y un reseteo de la Argentina en casi todos los aspectos, retrotrayéndola en muchos casos al siglo XIX. La Ley ómnibus fue precedida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que también se pasa por encima del Congreso. El extenso decreto fue acompañado de un “protocolo de seguridad” elaborado por la flamante y reincidente ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se adelanta en la política represiva a las resistencias que, se descuenta, las medidas provocaran en caso de entrar en vigencia. 

Como si de un uppercut de Tyson se tratara, la presentación de estas normas dejó a la sociedad grogi, al borde del nocaut. El sector de la cultura, como tantos otros, también se apresta a resistir.