Enero mostró al desnudo la incapacidad política y el autoritarismo del gobierno de Javier Milei. El presidente surgido del balotaje -que había perdido la elección general por siete puntos ante el oficialista Sergio Massa- pretendió una alocada refundación del país mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que violenta el orden constitucional vigente. "Es nulo, insanablemente nulo, de nulidad absoluta", le dijo a esta revista el abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que expuso los fundamentos jurídicos de su afirmación a mediados de enero ante los diputados nacionales de Unión por la Patria.

Frente a una oposición todavía desconcertada ante la llegada al poder del primer presidente libertario con libreto del PRO -desde el superministro Luis "Toto" Caputo hasta la fallida dupla presidencial que integraban la inefable Patricia Bullrich y el histriónico Luis Petri,  hoy a cargo de Seguridad y Defensa respectivamente-, Milei envió al Congreso la mal llamada "Ley ómnibus", un megaproyecto de más de 600 artículos que pretendía completar la faena del polémico DNU. Desde entonces, el Congreso Nacional se convirtió en el espejo deformado de una dirigencia política que demuestra día a día no estar a la altura de las circunstancias y cuya (i) responsabilidad y (de) formación profesional amenaza sumir al país en una de sus peores crisis desde la restauración democrática. Una crisis auto infligida por un gobierno que decretó una devaluación salvaje, liberó los precios y apostó a la estanflación -estancamiento más inflación- para contener la espiral inflacionaria.

En apenas dos meses de gestión, la postal del gobierno libertario es cuando menos inquietante: celebraron una victoria pírrica en el Congreso Nacional  (al cierre de esta edición la Cámara de Diputados aprobó en general la ley ómnibus, previa poda de la mitad de sus 600 artículos iniciales), chocaron el DNU en varios juzgados que rechazaron parcialmente su articulado, duplicaron la inflación heredada y pulverizaron el poder adquisitivo de las y los trabajadores. El incremento de la desocupación y la brecha social se verán con patética nitidez las próximas semanas, cuando al ajuste feroz aplicado de entrada sumen nuevos tarifazos en servicios públicos esenciales como la luz y el gas.

Es tuya Juan

De bajísimo perfil -en sintonía con el desaparecido Juan Schiaretti-, tres funcionarios del cordobesismo trabajan en la nueva administración libertaria para apuntalar un ajuste brutal que, lejos de afectar a la tan denostada "casta", recae previsiblemente en el bolsillo de jubilados y trabajadores: Osvaldo Giordano (ANSES), Franco Mogetta (Transporte) y Daniel Tillard (Banco Nación) son tres piezas claves del engranaje libertario que tiene al país en vilo desde el diez de diciembre del año pasado.

Apenas desembarcó en CABA, Giordano aplicó a rajatabla el libreto libertario: según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el cordobesista tuvo que bajar las persianas de siete delegaciones de ANSES en distintos puntos del país porque despidió a sus trabajadores y no había quién atendiera al público. La primera poda de Giordano se llevó puestos 460 puestos de trabajo en el organismo. Pero promete que serán más.

Giordano no ha dado entrevistas. En cambio, avaló con su silencio la reforma previsional incluida en el vapuleado DNU y la no menos manoseada "ley ómnibus", que alienta, entre otras medidas, la eliminación la fórmula de actualización de las jubilaciones y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Nada ha dicho Giordano sobre la idea libertaria de restaurar el fallido sistema de capitalización que supo instrumentar cuando era parte del equipo de Domingo Felipe Cavallo y allanar el terreno para el regreso sin gloria de las inefables Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).

Conspicuo exponente de la casta, Giordano fue hasta diciembre funcionario de la Provincia -fue el último ministro de Finanzas de Schiaretti- y ahora, como presidente de ANSES, habría acordado con el gobernador Martín Llaryora que parte de lo recaudado con la liquidación del FGS se destinara al pago de la histórica deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba (que también supo presidir). El arreglo, de llamativa mezquindad institucional, habría naufragado ante la resistencia de parte de la oposición "amigable" a aprobarle a libro cerrado la reforma previsional a Milei. Pero el principio de acuerdo evidencia cierta sintonía fina entre el alfil de Schiaretti en el gobierno nacional y su sucesor en la Provincia.

A la espera de que Giordano cumpla con la provincia que lo catapultó a la función pública y pague la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Córdoba -ya sea rematando el FGS o con fondos propios de ANSES-, Llaryora logró que  la Unicameral de Córdoba le autorizara subir hasta el cuatro por ciento el aporte que los estatales para paliar el déficit de la Caja y la obra social APROSS.

Sin subsidios

No le fue tan bien a Llaryora en cambio con el otro alfil schiarettista, que no  sólo no agiliza los pagos pendientes a la Provincia, sino que parece decidido a aplicar el ajuste libertario sin excepciones. Lo vivió en carne propia el sucesor de Llaryora en la capital provincial, que salió masticando bronca de su primera reunión oficial con Mogetta. El promocionado reclamo de los intendentes de Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Mar del Plata y otras ciudades importantes del país para que la Nación haga una distribución más equitativa de los subsidios al transporte chocó con  la intransigencia del secretario de Transporte. Y tanto Daniel Passerini como Juan Manuel Llamosas tuvieron que declarar la "emergencia" y avalar un nuevo incremento del pasaje de colectivo urbano en sus respectivas jurisdicciones. Un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios, que por cierto no será el último: los empresarios del sector piden un boleto a  $700, casi el doble del incremento autorizado en enero.

Esta semana, tras el sonado fracaso de la mal llamada "Ley Omnibus", Mogetta dio de baja el Fondo Compensador de subsidios para el interior del país, una medida que afectará a todas las provincias, incluida Córdoba. Y repercutirá en forma directa en todas las ciudades: la Córdoba de Daniel Passarini y a Río Cuarto de Juan Manuel Llamosas, que al pésimo servicio de transporte ahora sumará otro problema de cara a las elecciones que dirimirán si el peronismo puede retener la intendencia en junio.  

De remate II

El tercer mosquetero de Juan en el gobierno libertario, Daniel Tillard, no disimula su ansiedad por privatizar una de las más preciadas joyas de la abuela: el Banco Nación.

Padre de Ignacio Tillard -denunciado por el ex ministro de Economía Sergio Massa por promover una corrida cambiaria desde su sociedad de Bolsa Max Capital-, Tillard gerenció durante casi una década el Banco de Córdoba, que es estatal y una invalorable rueda de auxilio para los productores cordobeses.

¿Por qué rematar el Banco Nación y no el Banco de Córdoba? La decisión sólo se explica en el indisimulable reparto de favores del presidente Milei a quienes lo ayudaron a financiar su campaña electoral.

Según la economista y diputada nacional Julia Estrada, que integró el directorio de la banca oficial durante el gobierno de Alberto Fernández, resaltó en un hilo de X (ex Twitter) que el Banco Nación goza de excelente salud financiera y no hay ningún motivo razonable para que el Estado lo entregue al capital privado: "Quieren apropiarse del 20% de los depósitos del sistema que maneja el Banco Nación: son 13 billones de pesos. Tiene sucursales en todo el país y afuera también. Brinda servicios financieros esenciales. De cada 10 pesos que presta, 8 son a pymes. Gana plata: $ 700 mil millones en 2003", advirtió la economista.

A la espera de ver si la mal llamada "ley ómnibus" le brinda las herramientas para rematar el banco modelo del Estado argentino, Tillard se llamó a silencio cuando el Banco Central determinó el fin del descubierto de la banca pública para permitir pagar en término el salarios de trabajadores de las universidades nacionales y otras dependencias descentralizadas del Estado, que se enteraron de la nueva disposición el mismo día que debían cobrar sus haberes. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que de no prosperar el reclamo administrativo, esa Casa de Estudios podría denunciar a Tillard ante la Justicia por el incumplimiento de un convenio vigente.

A diferencia de Giordano -que fue podando las jubilaciones provinciales hasta dejarlas muy lejos del 82por ciento que en los ´80 estableció el gobernador radical Eduardo César Angeloz-, Tillard mantuvo una buena relación con el gremio bancario -cuyos trabajadores son de los mejores remunerados del país- y no realizó ningún ajuste mientras estuvo al frente de la banca provincial. Tampoco en la banca de la Provincia de Buenos Aires, donde fue gerente durante la gobernación del hoy flamante funcionario libertario Daniel Scioli. Lo que se dice un funcionario siempre listo. O, en términos mileísticos, otro digno exponente de la casta.

El alfil Gutiérrez

Hace tiempo que el delfín de Juan Schiaretti en el Congreso Nacional, Carlos Gutiérrez, parece más un lobista de la Sociedad Rural de Río Cuarto y la empresa Bio 4 que representante del pueblo de Córdoba. Desalojado recientemente del Centro Cívico de Río Cuarto por el llamosista Julián Oberti, su comportamiento en el tratamiento de la Ley Ómnibus no fue distinto al esperado: se rasgó las vestiduras por el destrato del presidente -les dijo corruptos y coimeros una y otra vez por medios oficiales y redes sociales- y hasta denunció públicamente que lo hicieron firmar un despacho de comisión en blanco, pero a la hora de la votación acompañó disciplinadamente al oficialismo junto al presidente de su bloque y la casi totalidad de los representantes del cordobesismo (desde Hacemos por Córdoba hasta el PRO y la UCR, pasando por La Libertad Avanza).

La única excepción fue la diputada nacional Natalia De la Sota.  Lúcida y valiente, la  hija del ex gobernador José Manuel De la Sota parece decidida a desmarcarse y transitar un camino diferente al del Partido Cordobés, que aparece decidido a acompañar a un gobierno libertario que  en escasos dos meses de gestión ya demostró una incapacidad política directamente proporcional a su vocación autoritaria. El tiempo le dio la razón: la voltereta de último momento del gobernador Martín Llaryora hizo que el resto del bloque votara en contra de la delegación de facultades al presidente Milei antes de que la "Ley Omnibus" fuera retirada del recinto por el propio oficialismo.