Hace treinta años, el crimen del soldado Omar Carrasco sacudía la conciencia colectiva sobre las violaciones de derechos humanos que en democracia aún padecían los jóvenes ciudadanos obligados a cumplir con el servicio militar obligatorio (SMO). La indignación popular determinó que el presidente Carlos Menem ordenara poner fin a una institución vigente desde que en 1901 el teniente coronel Pablo Riccheri, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca, impulsara la ley N° 4301, que estableció la conscripción para todos los argentinos, nativos o naturalizados, por entonces con veintiún años de edad y desde 1977 con dieciocho.

Oriundo de Cutral Co, Neuquén, Carrasco era un chico introvertido de 19 años cuando el 3 de marzo de 1994 se incorporó al Grupo de Artillería 161 del Ejército en Zapala. Tres días después, fue víctima de una golpiza a manos de sus pares, los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, y por orden del subteniente Ignacio Canevaro. Fue el corolario de un “baile”, combo de carrera march, cuerpo a tierra, saltos de rana y el etcétera que se le ocurriera al ocasional coreógrafo. Omar murió por traumatismos y hemorragias en el tórax, en algún momento entre el 6 y el 12 de marzo. Su cadáver fue “sembrado” en el cerro Gaucho y encontrado en un rastrillaje el 6 de abril. Durante ese mes, fue declarado “desertor”.

En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó días atrás que “Carrasco fue torturado, su cuerpo escondido y el crimen tuvo distintas capas de encubrimiento, entre ellas la de inteligencia militar”. Y sostuvo: “Las torturas, el asesinato de Omar y su desaparición forzada fueron derivaciones extremas de prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación como método para ‘formar’ y disciplinar a los jóvenes varones a través del servicio militar obligatorio. El escándalo por su muerte llevó al fin de esa institución militar porque dejó en evidencia que era incompatible con la vida democrática”.

El 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó por homicidio simple a Canevaro a quince años de prisión y a Suárez y Salazar a diez. Al sargento Carlos Sánchez le impuso una pena de tres años por encubrimiento. Pero Sánchez fue un eslabón de una cadena extensa y ascendente, cuyos nombres y responsabilidades iban a ventilarse en un segundo juicio.

El periodista Carlos Rodríguez cubrió el caso para el diario Página 12, desde el hallazgo del cuerpo “hasta el fracaso final del juicio por encubrimiento”. “Se dijo que Carrasco murió el 6 de marzo, pero en los libros del hospital del cuartel figura que fue vacunado el 8. Si estuvo vivo al menos 48 horas, el subteniente y los soldados debieron haber sido condenados por lesiones graves, pero las autoridades del cuartel serían culpables de abandono de persona. Si le hubiesen dado la atención necesaria, podrían haberle salvado la vida”, relata Rodríguez a El Sur.

El juez federal de Neuquén, Guillermo Labate, llegó a procesar a nueve militares por encubrimiento. “Está probado que más de treinta oficiales de inteligencia del Ejército estuvieron en Zapala y todo indicaba que habían destruido pruebas de la internación de Carrasco en el hospital. El principal sospechoso era el jefe de Inteligencia del Ejército, Jorge Miná. Otro imputado era el general Carlos Díaz, jefe de la Brigada de Neuquén. La primera autopsia se hizo en el mismo cuartel, en presencia de los altos mandos. El perito estimó que Carrasco solo sobrevivió entre 60 y 90 minutos, aunque lo vacunaron dos días después de la fecha oficial de su muerte”, agrega el periodista. Los obstáculos demoraron el juicio y en junio de 2005 los procesados fueron sobreseídos por prescripción.

Días después de que encontraran muerto al soldado, el presidente Carlos Menem declaraba que la función del conscripto implicaba “riesgos que uno tiene que asumir y correr. Todos los que hicimos el servicio militar sabemos muy bien. Ahora, se da que esto es así. Estos hechos dolorosos hay que investigarlos y en Neuquén se está investigando”. Y denunciaba “una campaña feroz para desprestigiar a la institución de las Fuerzas Armadas”. Presionado por las marchas de silencio que desde Zapala irradiaron el reclamo al país, el 29 de agosto firmó el decreto 1537/94 que convirtió el servicio obligatorio en voluntario.

Fantasmas del pasado

“Es una cuestión que vamos a evaluar con el oficialismo y la oposición”, dijo en marzo pasado el ministro de Defensa Luis Petri en una de las –por ahora ambiguas– declaraciones oficiales del Gobierno de Javier Milei en torno al eventual retorno del SMO. Consultada sobre el tema, la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró que Argentina tiene “el menor presupuesto de Defensa en la región”, lo cual “hace bastante imposible lograr ese tipo de medidas”. Pero no la descartó: “Desconozco si esto se está tratando, en este momento, con el ministro”.

El pampeano Alejandro Escuredo, profesor de enseñanza primaria, músico y cantante, fue soldado clase 71 en el mismo regimiento de Zapala, dos años antes del crimen de Carrasco. “Nunca hubiera querido hacerlo, por el temor a lo desconocido –recuerda–, pero después me sentí un privilegiado, porque las fuerzas militares siempre tuvieron su razón de ser en todos los países. Yo tenía curiosidad de cómo sería y fue un campeonato de resiliencia. Ahí te ibas haciendo uno más y lo tomabas como si fuera tu casa. Había afecto con los camaradas, los superiores y el lugar. El día que nos veníamos de baja lloré, me quebré…”.

Sin embargo, la memoria del soldado asesinado en ese mismo cuartel evoca otras impresiones: “A veces se pasaban de vuelta, porque los límites eran imprecisos. Las autoridades con soldados a cargo tendrían que ser comprometidas y estar bien de la cabeza. Pero había gente primero violenta y después militar, una combinación explosiva. Por eso lo de Carrasco no me sorprendió. Había soldados que la pasaban mal. Un teniente nos decía: ‘Agradezcan que están en un ejército en tiempos democráticos’, pero fíjate cómo terminó Carrasco. Es jodido, porque ahí todo funciona como una… no sé si la palabra mafia es muy grande, pero está todo complotado. El Ejército es parte de la sociedad y adentro se ve lo que hay afuera: la competencia y el sálvese quien pueda”.

Para Rodríguez, el caso de Carrasco “no fue el primero ni el último ocurrido en un cuartel del Ejército o de otras fuerzas armadas”. “La violencia contra los soldados jóvenes continúa hoy con los soldados que se incorporaron en forma voluntaria –asegura el periodista–. El llamado baile era un eufemismo, porque se trataba en realidad de la violencia que ejercían sobre los conscriptos los oficiales a cargo de la instrucción. Ahora se vuelve a hablar de la posibilidad de que se reinstale el SMO al que se le puso fin luego del crimen de Carrasco. Sería una nueva insensatez del autoritario gobierno que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel”.

Bajo bandera en dictadura

El testimonio de Ricardo Righi ilustra lo que fue hacer la colimba durante una dictadura. Con presagios de conflicto con Chile por el Canal de Beagle, lo incorporaron en marzo de 1978 al Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia, Chubut. Durante la instrucción participó de un ejercicio en que debían tomar prisionero a un soldado del bando “enemigo” e interrogarlo para sacarle una consigna. El camarada capturado se resistía y el suboficial a cargo lo golpeó y torturó apretándole los testículos con un cable, hasta obligarlo a hablar. Meses después, mandaron a Righi de guardia al calabozo para “custodiar al subversivo”, un joven secuestrado con el que alcanzó a hablar, antes que desapareciera. Pero nunca supo su nombre y ya en democracia trató de reconocerlo entre los retratos de los desaparecidos. “Lo busqué y busqué, hablé con organismos de derechos humanos, pero nunca lo pude encontrar”, lamenta 46 años después.

Desde su experiencia y la compartida en veinte años como conductor de La voz de los colimbas (por AM740 y https://radiorebelde.ar), Ricardo afirma: “Más que un elemento moralizador y educador, como lo definieron en su momento, en el SMO te formaban para asentir y callar, para que a futuro acataras, durante las dictaduras y en democracia. Por otro lado, estaba ese sesgo perverso en el trato a los conscriptos. Nosotros calculamos que en la historia del SMO en la Argentina hubo al menos cinco mil soldados muertos por abusos, negligencia y demás, sin contar los de Malvinas y los secuestrados-desaparecidos”.

El artículo de Martina Kaniuka Fui colimba: testigos involuntarios del horror, en el medio especializado en periodismo judicial https://perycia.com, destaca el rol de los ex conscriptos como testigos en causas por terrorismo de Estado: “Se calcula que 400.000 jóvenes, cerca de 40.000 por año en todo el país, entre 1974 y 1983, hicieron el SMO; de los cuales 10.000 declararon, en forma voluntaria o porque fueron citados por la Justicia, en causas por delitos de lesa humanidad”. Además, señala que “218 colimbas, que realizaron el SMO entre 1974 y 1983, fueron asesinados o permanecen desaparecidos”. Hasta que en 2015 fueron reconocidos –a partir de una investigación presentada por La voz de los colimbas a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré–, en sus legajos “constaban como ‘desertores’”.

Nacido en Villa Dolores, Córdoba, a Sergio Coria le tocó la colimba en el Escuadrón de Exploración de Caballería 9 de Puerto Deseado, Santa Cruz. Era 1982 y el primero de abril fue trasladado a Río Mayo, Chubut, con la incertidumbre de que podían movilizarlo a las Islas Malvinas o para invadir Chile y tomar Puerto Aisen, si el dictador Augusto Pinochet se decidía a entrar en guerra del lado inglés. De su experiencia rescata “el encuentro con otras clases sociales, que te hacía ver que no sos el más pobre ni el menos favorecido, el formar con los compañeros un cuerpo y aprender a valerse por uno mismo”. Los aspectos negativos: “El maltrato y la denigración al soldado. Y que te tuvieran para los mandados personales era algo humillante”. También fue testigo de la corrupción: una quema de ropa nueva, cubiertas y aceite para “generar la necesidad de comprarle a algún amigo de un general”; un militar preso por quedarse con dinero descontado del magro salario de los soldados.

El periodista Miguel Apontes es hermano menor de José Antonio Apontes, dirigente del gremio de Perkins y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, desaparecido en Córdoba el 18 de mayo del 76. Oriundo de Cruz del Eje, Miguel hizo el servicio en 1977, en el Batallón de Ingenieros 601 de Villa Martelli, Buenos Aires. Su padre lo disuadió de pedir prórroga para “hacer todo en regla y cuando salga en libertad el Pepe nos vamos a España”. “Él confiaba en las instituciones y no sabía que me estaba mandando al matadero, porque la pasé mal”, dice hoy. Los oficiales de Villa Martelli conocían el destino de su hermano y cada tanto lo dejaban entrever. Quizás por eso lo incluían en los operativos: “A veces participábamos en allanamientos que eran ‘legales’, digamos que eran la cara legal de la represión. Entonces comíamos en la fábrica de Ford, en Pacheco. Adentro había una base militar, de hecho hay un juicio por eso, y una estación de servicio donde los milicos llenaban el tanque y también cargaban bidones para uso personal”.

Apontes evoca el premonitorio libro de Guillermo Saccomanno, Bajo Bandera (1969), para contar que lo enviaron al pueblo de Rafael García en su provincia natal, a llevar un cheque y un diploma por “ofrendar la vida en actos de servicio” a la familia de un soldado muerto por un balazo disparado por un suboficial. “Lo tuvieron que velar a cajón cerrado y cuando llegué ya lo habían enterrado –relata Apontes–. Nunca se supo qué pasó. Por eso, lo que ocurrió con Carrasco era corriente. En todos los años y todos los cuarteles había casos que se ocultaban”.