Un ex preso político de la última dictadura cívico militar, un juez de impecable trayectoria en materia de derechos humanos y cuatro trabajadores estatales comprometidos con un país más igualitario y justo protagonizan por estos días en Río Cuarto una inédita comedia de enredos, que ha puesto en vilo a las organizaciones gremiales y los organismos de Derechos Humanos.

Todo comenzó con la media sanción de la polémica Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada en la Cámara de Diputados por los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría del radicalismo y la “oposición amigable” de otros bloques. Pese a que el proyecto de ley supone la pérdida de soberanía nacional, el remate del patrimonio público y una extrema precarización laboral, entre otras medidas a favor del capital extranjero, el bloque transversal del cordobesismo también levantó la mano para su aprobación, con las honrosas excepciones Natalia De la Sota, Pablo Carro y Gabriela Estévez.

La aprobación legislativa del proyecto libertario potenció el malhumor social en un país que viene sufriendo un ajuste despiadado desde la asunción de Milei. Suspendidos los vuelos comerciales a Río Cuarto por disposición del gobierno nacional, el mismo legislador que días después aparecería junto al candidato a intendente del oficialismo promocionando el regreso de los vuelos a la ciudad tuvo que volver en colectivo. Con la mala fortuna de que en ese mismo micro viajaba Carlos Rang, que volvía de confirmar que había sido despedido del área de agricultura familiar de la Nación, donde colaboró varios años. Rang, que conoce a Gutiérrez, no ocultó su calentura cuando lo cruzó en el pasillo del colectivo. Dicen que la discusión no pasó a mayores porque el chofer intervino y pidió serenidad para que todos pudieran tener un viaje en paz.

Cuando llegaron a la terminal de ómnibus de Río Cuarto, Rang y Gutiérrez se volvieron a cruzar mientras esperaban que bajaran su equipaje. Rang le habría ofrecido una banana que llevaba en el bolso; el ingenioso tributo simbolizaba el pase del legislador peronista al antiperonismo libertario. Pero Gutiérrez no lo tomó con humor y, ofuscado, lo desafió a pelear. Hasta que se dio cuenta que alguien lo estaba filmando y se fue masticando bronca. La imagen se viralizó y provocó un masivo repudio en las redes sociales. Entre otros, de sus ex compañeros de prisión, que no dudaron en calificarlo de traidor.

El perseguidor

Todo hubiera quedado allí si Gutiérrez no se hubiera presentado al otro día en el juzgado federal de Río Cuarto para denunciar amenazas. Al episodio de la terminal habría sumado como “prueba” un supuesto mensaje de WhatsApp a su celular. Pese al llamativo hermetismo en torno al expediente, Gutiérrez habría sindicado como autores de las amenazas a Rang y a Cristina Bongiovanni, docente jubilada y esposa del ex compañero de bancada del propio Gutiérrez en el Concejo Deliberante, el profesor de educación física –también jubilado- Sergio Centurión.

Tras receptar la denuncia, el juez Carlos Ochoa giró el expediente al nobel fiscal Rodolfo Cabanillas, que llegó desde Córdoba en febrero tras la escandalosa salida  del fiscal Guillermo Lega –denunciado por acoso sexual por las trabajadoras de la Fiscalía- y la reciente jubilación de su reemplazante Alicia Cena. Cuando el joven Cabanillas leyó la denuncia de Gutiérrez pidió que se realizaran algunas medidas procesales para cerciorarse de que lo que aparecía como un simple altercado público no encuadrara en el delito de amenazas previsto en el Código Penal.  Describió dos hechos –el episodio de la terminal y el mensaje al celular de Gutiérrez- y le pidió al juez que tomara declaración testimonial a algunos pasajeros, al chofer y al maletero. Pero al requerimiento fiscal -que fijaba los hechos en forma genérica en base a la denuncia de Gutiérrez-, Ochoa sumó sendas órdenes de allanamiento a los domicilios particulares de Rang y Centurión. Así fue como un grupo de policías vestidos de civil –tres oficiales y una funcionaria judicial- requisaron durante varias horas sus viviendas, revisaron sus autos y les confiscaron sus  teléfonos celulares: dos a Rang, uno a su compañera Andrea –que no está imputada -, uno a Bongiovanni y otro a Centurión, a quién también imputaron, pese a que su nombre no habría sido mencionado por Gutiérrez.

Amenazas

El delito de amenazas figura en el artículo 149 bis del Código Penal y prevé una pena de seis meses a dos años de prisión “al que  hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas” y de uno a tres años “si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas (sic)”. La pena se agrava hasta cuatro años para el que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”; impone prisión efectiva –de tres a seis años- “si se emplearon armas o si las amenazas fueren anónimas” y aumenta la pena de cinco a diez años –si leyó bien, ¡diez años de prisión!- “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” y/o si “tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual de trabajo”.

¿En qué figura encuadraría la acusación de Gutiérrez?  Al ser miembro de uno de los poderes del Estado, de prosperar su denuncia los imputados –tres docentes de la UNRC, dos de ellos ya jubilados- podrían ser condenados a diez años de prisión.  

Si bien el Juzgado Federal de Río Cuarto se caracteriza por llevar las causas al día, es llamativa la celeridad con la que actuó en este caso: Gutiérrez denunció las amenazas el jueves dos de mayo –la votación de la Ley Bases fue el 30 de abril y el primero de mayo, día del trabajador, fue feriado-; Ochoa le corrió vista a Cabanillas, que demoró una semana para formular el requerimiento fiscal; el viernes 17, Ochoa libró las órdenes de allanamiento, que se ejecutaron ese mismo día.

No hubo Pacto de Mayo en Córdoba, pero Gutiérrez logró que antes del desfile patrio en Río Cuarto la Justicia Federal imputara, allanara la morada y secuestrara los teléfonos celulares de las personas a las que acusó en su temeraria denuncia.

“Consideramos que se trata de un claro hecho de amedrentamiento en un momento en que un importante sector de la sociedad se encuentra movilizado en defensa de los derechos que son atacados en el proyecto de Ley Bases. Nos solidarizamos con los compañeros y reclamamos el urgente esclarecimiento de los hechos”, advirtió el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC cuando se conoció el allanamiento a Rang y su compañera Andrea Ferreyra. Para entonces no había trascendido el operativo policial en la casa de Centurión y Bongiovanni, que lo comentaron el martes en una desopilante entrevista con el periodista Guillermo Geremía en radio Gospel: no sabían de qué se los acusaba ni estuvieron en la terminal de ómnibus cuando llegó Gutiérrez, con quien además podrían haber sido consuegros.

Esa misma semana, Gutiérrez visitó en el campus a la rectora de la UNRC, Marisa Rovera. La foto institucional del encuentro generó indignación en las redes sociales. El gremio docente (AGD) exigió que el pronunciamiento del Observatorio de Derechos Humanos fuera asumido también por el Consejo Superior, que lo hizo propio en una ajustada votación (once votos a favor contra ocho abstenciones). Se sumaron al repudio la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.

¿Amenazas o agresiones?

Mañana lunes a primera hora se abrirán los celulares secuestrados en el juzgado federal de Río Cuarto. Más allá de los formalismos de rigor, no habrá impedimentos técnicos para acceder a su contenido: el mismo día de los allanamientos, sus propietarios brindaron de buena fe los patrones y códigos de acceso a los teléfonos secuestrados.

Ochoa considera que hay motivos suficientes para sospechar que las comunicaciones de los imputados pueden servir para ampliar la investigación a más personas involucradas en las supuestas amenazas. Y, sobre todo, establecer si hubo premeditación y/o coordinación entre ellos. Para ello ordenó que mañana se revisen, bajo la supervisión de personal técnico de la Policía Federal, los mensajes de WhatsApp y los posteos de Facebook, Instagram y otras redes sociales.

¿Qué encontrará Ochoa en los celulares secuestrados? Un generalizado repudio a la votación de la Ley Bases por parte de la abrumadora mayoría de diputados del cordobesismo -15 de 18- y un particular encono hacia Gutiérrez por su doble condición de peronista y ex preso político. Encontrará, seguramente, un texto demoledor titulado “Sobre el infame traidor a la memoria de nuestros héroes”, cuya autoría intelectual se extravió en las sucesivas réplicas del inabarcable ecosistema digital. Un texto escrito desde las entrañas que, entre otras cosas, recuerda que el denunciante “viene de un hogar humilde, de una ciudad chata y fue asumiendo posiciones transformadoras, entró a la Juventud Peronista y siguió hasta Montoneros y fue preso y lo juzgó un Tribunal de Guerra de los milicos y luego fue absuelto y con todo pasó sus cinco años de prisión y con esa bandera salió”.

El autor o autora recuerda que la última vez que vio a Gutiérrez fue en la movilización del 23 de abril “portando un estandarte en el que se leía: No nos han vencido”. 

“¿Puede ser que tenga la cara tan dura de mimetizarse entre nosotros, de hacer como si nada pasara, que enarbole él la memoria, la lucha de una generación, que sea él quien diga que o nos han vencido? -se pregunta-. Claro, no nos vencieron, nos sometimos a la buena voluntad, nos vendimos al mejor postor y andamos ahí votando todo lo que pueda ir en contra de la gente, es ese el Carlos Mario, decirle traidor es definirlo de cuerpo entero, pero es además un farsante, un acomodaticio, una mala persona, capaz de poner en su boca el recuerdo de nuestros muertos asesinados en la UP1 de Córdoba”. Y admite "el dolor que me causa pensar que fuiste uno más de los tantos que estuvimos presos en la dictadura, que vivimos idénticos suplicios y hoy tenemos aún la memoria fresca de nuestros héroes y nos encontramos en la calle y nos abrazamos fuerte, recordamos lo mejor”.  

“¿Cómo hago para verte a la cara y no escupirte?, ¿cómo hacemos para callar tu nombre de traidor?. Al menos en esta batalla de los ex presos y compañeros haremos lo que esté a nuestro alcance para que tu vida sea un infierno, porque es lo único que te merecés, infame  traidor a la memoria de nuestros mártires”, concluye el escrito que se viralizó por esos días en las redes sociales y grupos de WhatsApp.

¿Podrá delimitar mañana la Justicia Federal la diferencia ostensible que existe entre la genuina bronca de la gente, la agresión, el insulto y el delito de amenazas? ¿O seguirá adelante con una causa que se encamina hacia un inédito papelón institucional? ¿Hasta dónde llegará la comedia de enredos desatada por la ira de un diputado repudiado por sus propios compañeros que avaló con su voto a un presidente que pone en riesgo cada día la supervivencia misma del sistema democrático con su ajuste despiadado, sus discursos de odio y su temeraria política exterior?