Uno de los bienes colectivos esenciales, para garantizar derechos humanos básicos es la libertad de expresión, sin discriminaciones, ya que es un derecho fundamental del espíritu de las personas y opera como garantía para ellas y la sociedad. En función de lo cual la comunicación y la información constituyen un “bien social” a defender colectivamente ante el Estado y por el Estado.

Los medios de difusión y los periodistas y las periodistas, que canalizan dicho derecho humano básico, son un instrumento vital en el desarrollo de las comunidades y tienen una representación implícita de la sociedad en el ejercicio del derecho a expresarse y a saber.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, del 13/11/1985, sostuvo que en la actualidad “los medios masivos de comunicación son los que hacen realidad el ejercicio de la libertad de expresión”.

Tan es así que la Constitución Nacional, en su reforma del año 1994, determinó que el Congreso Nacional se encargará de dictar leyes “que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado (…) que protejan la identidad y pluralidad cultural” y “los espacios culturales y audiovisuales” (art. 75, inc. 19 C.N.).

Lo referido es de particular importancia, razón por la cual en el año 2003 se dictó la Ley nacional 25.750 que determinó que “la política del Estado nacional preservará especialmente”, entre otros bienes culturales, a “los medios de comunicación” (art. 1, inc. d).

El objetivo de la ley de protección de los bienes culturales también implicaba la necesidad de preservar diversas expresiones de la realidad del país, con sentido nacional y federal.

El gobierno ataca a bienes culturales

El presidente Javier Milei, en la llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que presentó en un primer momento –más conocida como la “Ley Ómnibus”- proponía como empresas a privatizar a la Agencia Télam de noticias. Luego buscó eliminarla  ilegalmente en función del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que es nulo absoluto e insanable.

También en dicho proyecto se proponía privatizar a la Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) y, violando la autonomía universitaria, incluyó como bien del Estado Nacional a privatizar a la Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A. y a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A. (SRT).

Después, en el nuevo proyecto de “Bases” presentado -el anterior se retiró porque el oficialismo no obtuvo mayoría- sólo se dejó para privatizar por la Nación a RTA (radios nacionales y la TV Pública). Esto es grave, ya que los medios que abarca son importantísimos para la integración nacional y el acceso a la información en todo el país, con sentido federal. A su vez, no se puede dejar que medios estatales queden sometidos sólo a las reglas del mercado, hay intereses superiores a tutelar en ellos.

El Papa San Juan Pablo II, al respecto, sostuvo que “con el nuevo capitalismo el Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales” (Carta Encíclica “Centesimus Annus”).

Además, el Gobierno de Milei, sin justificación, cerró las redes sociales de todos los medios públicos, incluidos los canales de televisión educativos. De esa manera destruyó los espacios públicos en las redes sociales en Internet.

Defender los SRT de la UNC

En lo que hace a la Radio de la Universidad Nacional del Litoral han dicho las autoridades de dicha universidad que se harán cargo del funcionamiento de la misma y no se privatizará.

Para dolor de los cordobeses no pudimos festejar la no inclusión en la nueva ley Bases de los SRT, ya que las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidieron achicar y prácticamente hacer desaparecer la presencia del multimedio, con lo que ello significa para la cultura de Córdoba. Dicho medio cuenta con la señal de televisión abierta Canal 10, que también está incluido en la Televisión Digital Abierta (TDA) junto al Canal “U”; Radio Universidad (AM 580); Nuestra Radio (FM 102.3), más su página web de noticias Cba24N y sus redes sociales en Internet.

Cuando se ha aplicado en el país la Ley 25.750 de defensa de los bienes culturales sólo se ha buscado garantizar la preservación del capital y las ganancias de las grandes empresas comunicacionales, como cuando esa norma le permitió al Grupo Clarín poder licuar sus pasivos en dólares con motivo de la crisis del año 2001. Ahora se desarman y dejan morir a los otros medios e incluso el Estado quiere deshacerse de prácticamente de todos los que posee como si fueran innecesarios, afectando la democratización de la palabra, el respeto a las audiencias y no asumiendo la necesidad que haya medios públicos que ayuden a la construcción cívica.

El periodismo le da el sentido cultural al medio

Respecto de los llamados bienes culturales, hay que cuidar a los periodistas y las periodistas que le dan el verdadero contenido cultural a la información y al ejercicio de la libertad de expresión. Las computadoras, las consolas de edición, las antenas, las cámaras, los edificios y demás objetos del inventario empresarial de los SRT no sirven para conformar un bien cultural, son sólo soportes. La perspectiva neoliberal hace valer la rentabilidad económica por sobre otros conceptos y valores a contemplar. Como resultado se han despedido u obligado a retiros voluntarios y a jubilaciones anticipadas a muchos trabajadores que logran hacer posible las emisiones y a gran cantidad de periodistas valiosos/as que constituyen su esencia y dan la personalidad al multimedio SRT, que hay que preservar.

Córdoba va perdiendo una voz fundamental que hace a su ser social, su historia y personalidad. Lamentablemente esto se produce de la mano de la propia Universidad que le dio vida y lo cobijó. Ahora han dicho sus autoridades universitarias que del reajuste para gastos del 270 % que otorgará el gobierno nacional tampoco se va a coparticipar para los gastos de los SRT.

Las autoridades provinciales deben tomar partido en la situación y hacer su aporte al tema, atento que la Constitución de la Provincia de Córdoba determina, que “la información y la comunicación constituyen un bien social” (art. 51). Tienen la obligación de no ser indiferentes y defender a los SRT como el bien social que pertenece a la vida y la personalidad propia del pueblo cordobés, indisolublemente unido a lo que significa nuestra UNC, con 411 años de presencia, la más antigua del país y una de las primeras de América.