Por una macabra jugada del destino –o de la Justicia del cordobesismo-, hoy debían concluir dos procesos judiciales trascendentes en la capital provincial. Mientras en los tribunales federales se debía dictar sentencia a los cuatro magistrados –Otero Alvarez, Haro, Cornejo y Puga- acusados de connivenia con el terrorismo de Estado, a escasas cuadras, en el primer piso del histórico edificio de los tribunales provinciales, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba (TSJ) debía leer la sentencia referida a mi segunda apelación contra la insólita condena que me impuso la Justicia de Río Cuarto: indemnizar por daño moral al imputado Marcelo Macarrón y sus dos hijos.

En el primer caso no hubo sorpresas. El impecable trabajo de los jóvenes fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta y el valiente testimonio de los sobrevivientes del terrorismo de Estado evidenció el grado de connivencia de los funcionarios judiciales que estuvieron sentados en el banquillo. Lejos de arriesgar su integridad y/o sus cargos ante el avance de la barbarie sobre presos que estaban bajo su responsabilidad, prefirieron hacer la vista gorda, abandonarlos a su suerte y seguir con sus miserables carreras judiciales hasta acceder –ya en democracia- a su inmerecida jubilación de privilegio.

Eran previsibles las absoluciones de dos de los cuatro procesados. La familia judicial no se iba a condenar a sí misma. Y entonces rescató del cadalso a sus más dignos representantes: el ex secretario Otero Alvarez y el ex defensor oficial Haro. En cambio, sacrificó a los menos renombrados –Puga y Cornejo- y los expuso a condenas  poco menos que simbólicas -tres años de prisión- que nunca se harán efectivas.

A lo largo del juicio –invisibilizado hasta donde pudieron los medios hegemónicos y la propia estructura de la Justicia Federal-, los testimonios de los sobrevivientes pusieron en evidencia la cobardía de los magistrados, que debían velar por su integridad física en los años de plomo pero prefirieron consentir la barbarie.

Mi padre, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), sabía que lo iban a matar. Se lo habían dicho. Le pidió a su amigo Enrique Asberg que lo velara en vida. Y le dejó un mensaje póstumo para nosotros, sus hijos, porque sabía que sus horas estaban contadas. Tan convencido estaba de su inexorable destino que le revocó el poder a su abogado, Rafael Vaggione, para que no volviera a la cárcel a defenderlo y preservara su propia vida. Conscientes de esta situación, otros presos le imploraron a Otero Alvarez –por entonces secretario del juez Zamboni Ledesma- que citara a mi padre con cualquier excusa para evitar que lo asesinaran. Pero el funcionario ayer absuelto adujo que mi padre no tenía causa judicial –estaba a disposición del PEN- y nada podía hacer para evitar lo que a esa altura ya era la crónica de una muerte anunciada.

En 2010, cuando se condenó a los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez  por su responsabilidad en el fusilamiento de 31 presos incomunicados en la cárcel de barrio San Martín, el tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier absolvió a los responsables directos de la ejecución de mi padre, pese a que el suyo fue el único “traslado” que quedó documentado y del que hubo un sobreviviente, que testificó durante el juicio. Siete años después, el magistrado que debió velar por su integridad física pero lo dejó librado a su suerte es absuelto por otro tribunal.

Aunque previsibles, las absoluciones duelen. Porque uno tiene la sensación de que, más allá de las pruebas, entre los imputados también hay hijos y entenados. En definitiva, mi padre no tuvo justicia. Ni en 2010, ni en 2017. Pero la seguimos peleando.

En mi caso, esperaba que el fallo del TSJ revirtiera la aberración jurídica perpetrada por los rastreros magistrados de Río Cuarto, que entre otras burradas negaron el carácter de figura pública de Macarrón -¿recuerdan que tenía un calificado vocero?-, el impacto político/institucional del caso Dalmasso –que volteó medio gabinete de El Hombre y generó una movilización social sin precedentes en la ciudad- y la vigencia de la doctrina de la real malicia, que impera en el país por jurisprudencia unánime de la Corte Suprema.

Sugestivamente, el TSJ notificó de urgencia “por imposibilidad del Tribunal” (sic) la suspensión de la audiencia donde debía leerse la sentencia de mi segunda apelación en el juicio de Macarrón.  En el apuro, ni siquiera tuvieron la delicadeza de fijar una nueva fecha para el que seguramente será otro oscuro día de justicia.

Hasta entonces.