Fue como si la planta piloto explotara otra vez, pero de indignación. Tras la emoción y el llanto apenas contenido de escuchar el testimonio de los familiares de las víctimas de la tragedia de la planta piloto, ocurrida hace diez años, las palabras de cierre del rector Roberto Rovere sonaron en el campus casi como una provocación.

Ante el asombro de buena parte de la concurrencia -en su mayoría docentes y familiares de las víctimas-, el rector se quejó de las insistentes llamadas que recibió del periodismo esta semana. “Como si fuera un cumpleaños”, se quejó. Pero no solo para los periodistas las cifras redondas tienen una atracción especial: también para las víctimas, sus familiares y quienes cotidianamente concurren al campus y todavía esperan  una respuesta institucional sobre lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables.

Es cierto que el dolor hermana. Pero en la planta piloto no cayó un meteorito, ni fue arrasada por un huracán. Hubo una explosión y un incendio causados por una mezcla de fatalidad y negligencia. O de negligencia y fatalidad. Y murieron seis personas: cinco docentes y un estudiante de 22 años.

Todos eran investigadores. Todos integraban la comunidad universitaria. Pero no todos tenían las mismas responsabilidades. Pretender igualarlos bajo el irresponsable paraguas de la “reconciliación” –término bastardeado si los hay en la historia reciente de este país- es cuanto menos una irresponsabilidad.

En el improvisado estrado ubicado frente a la planta piloto, Rovere quebró su habitual tono monocorde y se mostró emocionado. No era una parada fácil: el actual rector era secretario general de la universidad cuando se produjo la explosión de la planta piloto. Recordó que ese día ayudó a subir a la ambulancia al estudiante Juan Politano, que estaba totalmente quemado, y que nunca pudo borrar aquella imagen de su mente. Admitió que tuvo que adoptar un bajo perfil y sufrir en silencio cuando lo sindicaban entre los “asesinos” (sic) de sus colegas.

Se quejó porque tuvo que declarar en la Justicia. Ellos –los magistrados- no saben que en la universidad las decisiones se toman en órganos colegiados, en los Consejos Directivos, en el Consejo Superior. No todo es responsabilidad del rector, ni de sus secretarios. Es una comunidad y allí todo se diluye, se licúa. Todos somos inocentes. O culpables.

Habló con bronca, con resentimiento, en un tono claramente auto exculpatorio. Esto ya pasó. Hay que mirar para adelante. El año tiene 365 días para superar esta tragedia, para buscar consensos, para evitar que la grieta se ensanche cada 5 de diciembre.

El rector se victimizó frente a las víctimas reales de la tragedia. De una tragedia evitable. Tan evitable que la misma Cámara Federal que condenó a los funcionarios de la UNRC que consideró responsables del estrago culposo agravado por la muerte de personas ordenó profundizar la investigación sobre el entonces rector Oscar Spada y las empresas Aceitera General Deheza y Desmet.

Esa investigación debía llevarla adelante el fiscal Guillermo Lega, pero el funcionario fue recientemente expulsado de la Fiscalía Federal de Río Cuarto por las múltiples denuncias en su contra por acoso sexual y laboral.

A diferencia de la Universidad, la Justicia sí deslindó responsabilidades por lo ocurrido, condenó a los responsables y ordenó profundizar la investigación porque considera que no todos los responsables fueron alcanzados todavía por el moroso brazo de la ley.

En una escena que por momentos parecía kafkiana, el rector se preguntó delante de los familiares de las víctimas -momentos antes de descubrir una placa con sus nombres-, de qué sirve saber qué ocurrió aquél cinco de diciembre.

Nada ni nadie le devolverá la vida a los muertos.

Mirando a la distancia a los padres de Juan Politano, Rovere lamentó que perdieran a su hijo, pero les dijo que él está presente en el campus: “Juan es la universidad” (sic), exclamó.

Y entonces pidió perdón. Un perdón tardío e insuficiente. Pero que le dio pie para hacer su indignante pedido de reconciliación.

De las palabras del rector se deduce que la Universidad no dará una versión oficial de los hechos acaecidos diez años atrás. El sumario –se ha cansado de repetirlo- quedó suspendido cuando la investigación pasó a la Justicia, que condenó por estrago culposo agravado por la muerte de personas a Carlos Bortis (tres años y seis meses de prisión), José Luis Pincini y Miriam Palmira Ferrari (dos años y seis meses), Sergio Antonelli (dos años) y Edith Matilde Ducros (seis meses); en tanto que absolvió a Liliana Gladis Ruetsch.

Cinco docentes (Gladys Baralla, Damián Cardarelli, Liliana Giacomelli, Carlos Ravera y Miguel Mattea)  y el estudiante Juan Politano fallecieron por sufrir quemaduras gravísimas tras la explosión y posterior incendio de la planta piloto, motivada por un derrame de hexano.

Lejos de curarlas, el pedido de reconciliación de Rovere pareció reabrir las heridas que todavía laceran a la comunidad universitaria.

Heridas que, contrariamente a lo que pretende el rector, solo podrán cerrarse con memoria, verdad y justicia.