La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso (51) volvió de una cena con amigas, fumó un cigarrillo en el baño de la planta alta de su casa, se demaquilló y se recostó en la cama de su hija. Estaba extenuada. Hizo zapping con el control remoto, pero nada le interesó. Su hijo estaba en Córdoba capital, donde estudiaba Derecho en la Universidad Católica y su hija en Estados Unidos, de intercambio cultural. Pero ella no estaba sola. Alguien la estaba esperando para asesinarla. Alguien que había entrado temprano a la vivienda sin forzar ninguna cerradura y había llamado al bar Alvear -sobre la mesa del living, Nora había dejado la nota de su amiga Polly indicando el lugar del encuentro- para cancelar la cena. Alguien quería, necesitaba, que ella regresaba más temprano a su casa. El asesino estaba apurado.

Los peritos que intervinieron en el caso coinciden en su análisis de la escena del crimen: Nora y su asesino mantuvieron una relación sexual “fuerte pero consentida” hasta que su amante la asfixió con sus manos y el cinto de la bata de toalla, que quedó desplegada a los pies de la cama. Nora se fue apagando hasta que dejó de respirar. Por la posición en que estaba, inmovilizada debajo de su amante, no tuvo forma de defenderse. En la retina de sus ojos verdes quedó impregnada la imagen perenne de su asesino. Fue lo último que vio antes de morir. Eran más de las tres de la mañana del sábado 25 de noviembre de 2006.

Desde que la asfixiaron, su cuerpo permaneció desnudo sobre la cama de su hija alrededor de 40 horas. A la tarde del domingo 26, su vecino Jorge Radaelli – a pedido de la madre de Nora, angustiada porque no le atendía el teléfono-, se cruzó a ver si estaba todo bien. Le llamó la atención la ausencia de la perra de la familia. Y que la puerta de la cocina estuviera cerrada sin llave. Apenas entró, subió las escaleras. Sintió un hedor premonitorio que le provocó un escalofrío. Se asomó a la habitación de la hija del matrimonio y vio el cuerpo desnudo de Nora. Tenía un lazo apresándole el cuello. “Se suicidó”, pensó mientras bajaba atolondrado las escaleras para volver a su casa.

El cadáver de Nora estaba completamente desnudo, pero sus zonas íntimas habían sido tapadas con la sábana de la cama. ¿Un tardío gesto de pudor de su asesino? Ese domingo 26, al mediodía, alguien había estado en la escena del crimen y leyó de uno de los celulares de la víctima -el otro nunca apareció- el último mensaje de texto enviado por su amante. Ironías del destino, Guillermo Albarracín estaba a escasos metros de Macarrón al momento de escribirle en secreto a su esposa.  El marido y el amante de Nora formaban parte de la delegación de 16 riocuartenses que viajaron ese fin de semana a Punta del Este para participar de un torneo internacional de golf. También se sumaron -aunque no participaron del torneo- dos conocidos dirigentes políticos de la ciudad: Daniel Horacio Lacase y Alfonso Mosquera. El primero llegó a ser el número dos de Julio César “Chiche” Aráoz en la poderosa Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico durante la presidencia de Carlos Menem; el segundo accedió a una banca en la Legislatura provincial como candidato de la fuerza política de Luis Juez, aunque apenas asumió se pasó al bloque de la oficialista Unión por Córdoba.

A Villa Golf, un barrio semicerrado de la ciudad, solo se podía acceder por la entrada principal, que tiene guardabarreras y cámaras de seguridad. Pero esa noche las cámaras no funcionaron.

- A mí hija la mandaron matar. La mató un sicario, pero no lo van a encontrar nunca porque no es de la ciudad-, dijo la madre de la víctima, Delia “Nené” Grassi de Dalmasso, en una entrevista concedida al diario Puntal a escasas semanas del crimen.

El impacto de sus declaraciones fue tremendo. Tras una rápida reunión familiar, el viudo y su vocero decidieron que “Nené” no hablara más con la prensa.

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Lo primero que hizo Daniel Lacase cuando su pareja Silvia Magallanes le “avisó” del macabro hallazgo en Villa Golf fue llamar desde Uruguay al escribano Aquiles “Tito” Mugnaini, de reconocida ascendencia en los medios de comunicación más importantes de Río Cuarto -Canal 13, Radio Río Cuarto y diario Puntal-, para asegurarse de que la cobertura del crimen fuera mesurada. Pero el propio entorno del viudo había instalado, antes de partir a Punta del Este, un rumor que se esparció como reguero de pólvora apenas trascendió el homicidio: Nora Dalmasso engañaba a su marido con Rafael Magnasco, un joven abogado que trabajaba a las órdenes del peronista Alberto Bertea en la Secretaría de Seguridad de la Provincia.

Politizado por su propio entorno, el “crimen del country” estalló en los medios de comunicación nacionales al sumar una serie de ingredientes que lo tornaron irresistible a la voracidad mediática: infidelidad, sexo, política, poder y riqueza. El propio Lacase, devenido “vocero” del viudo, convirtió su estudio jurídico -por entonces ubicado en la calle Alvear, a media cuadra de Tribunales- en la usina de rumores de donde brotaron decenas de amantes de la víctima. La lista parecía no tener fin y los rumores circulaban a la velocidad de la luz. Río Cuarto se convirtió en un conventillo de tal magnitud que su intendente, Benigno Rins, tuvo que aclarara que él no había sido electo para gobernar Sodoma y Gomorra.

Rafael Magnasco renunció a su cargo en el Gobierno y se presentó en la Fiscalía. Exigió que le sacaran sangre para cotejar su ADN con los restos hallados en la escena del crimen y poder demostrar así su inocencia. Fue el primer imputado de la causa. ¿La acusación? Haber mantenido relaciones sexuales con la víctima. ¿Las pruebas? Dichos de dichos de terceros. Al final, se probó que los supuestos amantes ni siquiera se conocían y la Cámara del Crimen declaró nulo todo lo actuado por Di Santo en relación a Magnasco, que le inició una demanda millonaria por daño moral a la Provincia.

Con Magnasco fuera de escena, el verborrágico vocero apuntó sus cañones hacia su socio y amigo Miguel “el francés” Rohrer, un poderoso productor agropecuario que presidía la multinacional Del Monte Fresh en Argentina y era íntimo amigo del matrimonio Macarrón. Dos personas declararon en la causa que vieron su auto -un Audi- en las inmediaciones de la ciudad la noche del crimen. Y las antenas de telefonía móvil detectaron uno de sus teléfonos celulares en la zona de cobertura de Rio Cuarto. Pero el fiscal no le preguntó nada que pudiera incomodarlo cuando lo citó a declarar en enero de 2007, a menos de dos meses del crimen de Nora. Una serie de escuchas telefónicas realizadas para otra causa y luego incorporadas al expediente demostraron que agentes de la SIDE intervinieron ante la Policía Judicial para que “el francés” zafara de las pruebas que lo incriminaban.

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Agotada la hipótesis del crimen pasional, Macarrón y su vocero apuntaron hacia el joven Gastón Zárate, pintor de brocha gorda que ayudó en las refacciones de la coqueta vivienda de los Macarrón los días previos al crimen de Nora. El despliegue de poder para reencausar la investigación fue espectacular. El fiscal general de la Provincia, Gustavo Vidal Lascano, armó un equipo de tres fiscales para investigar el crimen: a Di Santo se sumaron Fernando Moine y el cordobés Marcelo Hidalgo. Además, viajó desde la capital provincial una comitiva policial encabezada por el comisario Rafael Sosa.

La misma noche en que el fiscal ordenó la supuesta reconstrucción del crimen en la coqueta vivienda de Villa Golf, Di Santo libró orden de detención contra Zárate. ¿Las pruebas? Los dichos del testigo Carlos Curiotti, un joven con problemas de maduración cuyo coeficiente intelectual equivalía al de un chico de 14 años, que “confesó” -tras horas de encierro incomunicado en la Policía- que su amigo Gastón le había confesado que mató a Nora Dalmasso.

El “perejilazo”, una movilización social espontánea sin precedentes en la ciudad, logró que el juez de control Daniel Muñoz liberara a Zárate a las pocas horas. Sin una sola prueba que lo comprometiera, el “perejil” seguiría imputado varios años, acusado de haber violado y asesinado a Nora Dalmasso.

De la frustrada la estrategia para cerrar la causa inculpando a un “perejil” surgieron otras causas judiciales: una denuncia de “apremios ilegales” formulada por los padres de Curiotti y la acusación por “admisión de dádivas” contra la comisión policial que incriminó a Zárate. Ante la primera denuncia, el fiscal Guzmán dictó la falta de mérito, pero el juez de control le ordenó que profundizara la investigación a los policías. Nunca se supo que pasó con aquel expediente, pero al tiempo Guzmán fue ascendido. En la denuncia por dádivas se acreditó que Lacase había pagado la estadía y la comida del comisario Sosa y sus secuaces, pero al fiscal Julio Rivero lo asaltó una “duda insuperable” y sobreseyó al vocero por el beneficio de la duda. 

Hubo una tercera causa judicial, derivada de la publicación de las fotografías del cadáver de Nora Dalmasso en el canal porteño América Televisión. El fiscal Rivero determinó que la filtración no había sido responsabilidad del personal de Tribunales, por lo que pasaba a ser un delito de instancia privada y como tal debía ser impulsado por la parte interesada. Citó a Macarrón para que hiciera la denuncia, pero éste prefirió dejar las cosas como estaban. Aunque no se pudo establecer quién filtró las fotografías a la prensa, su difusión fue acompañada por la versión de la violación, que inculpaba a Zárate y era impulsada por los abogados del viudo. Macarrón demandó por “daño moral” al Canal América y exigió una millonaria indemnización por la difusión de las fotos del cadáver de su esposa en horario central.

El “perejilazo” y la endeble acusación contra Zárate conmovieron las estructuras del poder político mediterráneo, que ya había tenido que prescindir de la totalidad de sus funcionarios del área de Seguridad. El entonces gobernador José Manuel De la Sota fue contundente al hablar tras la masiva movilización popular: “La gente no les cree a los fiscales, y yo tampoco”, sentenció.

Al otro día, uno de sus diputados presentó un pedido de juicio político contra Di Santo, Moine e Hidalgo, que nunca fue tratado por la Comisión de Jury en la Legislatura.

Julio Rivero fue ascendido a fiscal de Cámara.

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Eran tantos los cuestionamientos a Di Santo y la supuesta contaminación de la escena del crimen que el fiscal ordenó a todos los que habían ingresado a la vivienda que se hicieran una extracción de sangre para cotejar su ADN con las muestras tomadas por los peritos. El destino quiso que uno de esos potenciales “contaminadores” fuera el suegro de la víctima, Félix Macarrón, que ante la ausencia de su hijo -en Punta del Este- se quedó esa noche a custodiar la vivienda familiar. Cuando cotejó su ADN con las muestras analizadas por el centro especializado de Córdoba (Ceprocor) se produjo el milagro: los patrones genéticos eran idénticos.

La causa dio un vuelco sustancial. Di Santo convocó a todos los Macarrón que vivían en Río Cuarto -tíos, primos, sobrinos- a nuevas pruebas de sangre. Y tuvo tanta fortuna que ninguno compartía el “alelo nulo” que tenían los residentes en Villa Golf. En apenas unas semanas, el círculo de sospechosos se ceñía a tres: Félix, Marcelo y Facundo.

Di Santo imputó a Facundo Macarrón por “sospecha leve” de haber asesinado a su madre. Pero no fue preso, como había ocurrido con el “perejil”.

Lacase dejó de ser el vocero de Macarrón, que contrató a uno de los penalistas más caros de Córdoba: el ex fiscal general Marcelo Brito. En su primer contacto con la prensa su socio, el civilista Gustavo Liebau, amenazó con demandar a los periodistas que seguían las instancias del caso. Pero solo demandó por “daño moral” a tres periodistas de Río Cuarto: Alejandra Elstein (Otro Punto), Vanessa Lerner (Canal 13) y Hernán Vaca Narvaja (El Sur). Desistió de la demanda contra las dos primeras al constatar que no tenían bienes a su nombre y por lo tanto no podría embargarlas para condicionar su tarea periodística.

La defensa de Facundo Macarrón implicó un despliegue de recursos nunca visto en los Tribunales de Río Cuarto. En maratónicas y extenuantes audiencias, Brito intentó demostrar -sin éxito- que las pruebas recogidas en la escena del crimen estaban contaminadas. También cuestionó la idoneidad de los peritos riocuartenses, de dilatada trayectoria profesional en la ciudad. Para apuntalar sus cuestionamientos contrató a los profesionales más renombrados del país como los criminalistas Osvaldo Raffo y Raúl Torre y la genetista Ana María Di Lonardo.

En su momento, Di Santo había exhumado el cuerpo de Nora y enviado nuevas muestras a un laboratorio del FBI norteamericano. Nunca pudo probar ni el matricidio ni la violación, pero mantuvo imputados a Facundo Macarrón y Gastón Zárate, simultáneamente, durante años.  Cuando por fin llegaron los análisis del FBI, tuvo que desincriminar a ambos. Los resultados del laboratorio norteamericano eran concluyentes: el donante del ADN hallado en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima no era otro que Marcelo Macarrón.

Habían pasado seis años del crimen. Contrariando su propia actuación en relación a Facundo Macarrón, Di Santo no se animó a imputar al viudo.

La causa quedó a la deriva y sin imputados.

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A mediados del año 2015, el Di Santo tuvo que desprenderse del caso Dalmasso. Una denuncia por “inacción” realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC evidenció que, en los últimos dos años, su única actividad procesal había sido ordenar un juego de fotocopias del expediente a pedido de la querella.

Ese mismo año, la jueza civil Rita Fraire de Barbero condenó al autor de esta nota a indemnizar con medio millón de pesos en concepto de daño moral a Macarrón y sus dos hijos. La sentencia fue apelada. Dos años después, la Cámara Civil presidida por María Adriana Godoy -que fundamentó el voto pese a que recién se incorporaba al cuerpo- ratificó la condena, aunque morigeró el monto indemnizatorio. La nueva sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que todavía no se pronunció.

La causa Dalmasso siguió a la deriva hasta que designaron al reemplazante del ascendido Rivero. Daniel Miralles asumió en febrero de 2016 y le bastó una lectura del expediente para imputar a Marcelo Macarrón en base a la prueba genética que lo incriminaba. Lo acusó de ser el autor material del “homicidio calificado agravado por el vínculo” de su esposa, pero lo dejó en libertad bajo fianza. En los casi dos años que estuvo al frente de la investigación, viajó a Uruguay y se concentró en probar la existencia de una “ventana horaria” lo suficientemente amplia -entre 6 y 8 horas- que le hubiese permitido al viudo volar desde Punta del Este a Río Cuarto, asesinar a su esposa y volver a Uruguay a completar su coartada, reapareciendo con el grupo de 16 golfistas que confirmarían su estadía en el país oriental.

En septiembre de 2017, una furiosa embestida de Brito dejó a Miralles fuera del caso Dalmasso. En una decisión escandalosa, la Cámara de Acusación presidida por Emilio Andruet -que tenía a su hijo trabajando en el estudio jurídico de Lacase- votó por unanimidad el desplazamiento del fiscal por haber adelantado opinión a los periodistas. ¿Qué había dicho Miralles? Que estaba cerca de elevar la causa a juicio con Macarrón como único imputado.

El caso Dalmasso se quedó otra vez sin fiscal.

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El año pasado, luego de sortear un juicio político por su penosa actuación en el caso Sabena, el fiscal Walter Guzmán fue ascendido y trasladado a otra jurisdicción. Su Fiscalía quedó vacante y el fiscal general de la Provincia, Alejandro Moyano, designó como coordinador transitorio al fiscal de Narcomenudeo, Luis Pizarro. Desbordado de trabajo, pronto Pizarro volvió a sus funciones en Río Cuarto y Río Tercero, pero quedó a cargo del expediente Dalmasso.

A pesar de que está en Río Cuarto solo dos días a la semana, armó un equipo coordinado por Virginia Massuet para estudiar a fondo los 26 cuerpos del expediente, atar cabos, tomar nuevas testimoniales y buscar pruebas que permitan destrabar la investigación del crimen de Nora. Consciente de que es un ave de paso -el expediente deberá volver al fiscal natural cuando se cubra la vacante -, Pizarro se comprometió a profundizar la investigación de su antecesor.

A poco más de un año de hacerse cargo de la causa, Pizarro eligió el día del cumpleaños 59 del único imputado para notificarlo de un cambio de carátula que lo excluye de la escena del crimen: “Homicidio calificado por precio o promesa de retribución, agravado por el vínculo”. O para decirlo en criollo, autor intelectual o instigador del crimen de su esposa.

Con esta nueva imputación, Miralles renuncia a la única prueba científica, incontrastable e irrefutable que tiene el expediente. Y si bien deja abierta la posibilidad de ampliar la acusación a otros actores como el ex vocero Daniel Lacase o el “francés” Rohrer, aún no citó a ninguno a indagatoria y parece improbable que lo haga antes de fin de año.

Su sorpresiva resolución parece más un sobreseimiento políticamente correcto que un giro en la investigación que apunte a sentar en el banquillo de los acusados a los sospechosos de siempre.