En un país completamente a la deriva, con un presidente que insulta a legisladores y periodistas por igual -pero que curiosamente no se mete con la “casta” judicial-, el Grupo de Tareas que hoy ocupa los mullidos sillones de la Corte Suprema de Justicia clausuró un debate jurídico suscitado hace más de tres lustros sobre la cobertura periodística del crimen más resonante de los últimos tiempos en el país: el homicidio todavía impune de Nora Dalmasso.

En un fallo temerario, extemporáneo y contrario a derecho, tres de los cuatro supremos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- rubricaron una resolución de dos párrafos que reza textualmente: "Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito efectuado. Notifíquese y, oportunamente, archívese".

El artículo invocado por la Corte ha sido tachado de inconstitucional y existen varios proyectos en el Congreso para modificarlo, por cuanto faculta al máximo tribunal del país a rechazar los recursos extraordinarios y/o en queja sin fundamento alguno, lo que en los hechos supone una absoluta discrecionalidad sobre los asuntos a tratar sin necesidad de explicar ni fundamentar sus decisiones.

El citado artículo 280 dice textualmente: "Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción (sic), y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia (...) La Corte podrá desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de copias o, si fuere necesaria, la remisión del expediente".

¿Qué sucedió en este caso? Cuando recibió el expediente, en 2018, la propia Corte Suprema corrió vista a la Procuración General. Tres años después, el procurador general Víctor Abramovich se pronunció a través de un dictamen medular en el que cuestionó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba por haber rechazado el recurso extraordinario presentado por el director de El Sur, que había recurrido la sentencia que lo condenó a indemnizar a los hijes de Marcelo Macarrón, por entonces imputado por el fiscal Daniel Miralles como autor material del crimen de su esposa.

"El recurso extraordinario federal fue mal denegado en la medida en que pone en tela de juicio la interpretación de las cláusulas constitucionales que garantizan la libertad de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, la protección de la vida familiar y el interés superior de las niñas y niños", escribió Abramovich. Y advirtió que la controversia judicial entre Macarrón y Vaca Narvaja planteaba la interpretación de la propia Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. "El recurso de queja resulta procedente", dictaminó el procurador. Pero la Corte no acusó recibo del dictamen y tres años después decidió archivar la causa aplicando el monárquico artículo 280. No tiene lógica. Salvo que haya gato -o pato- encerrado.

El factor Maqueda

Para rechazar in límine el recurso en queja presentado hace seis años, la Corte requería al menos de tres votos. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda son los únicos sobrevivientes de la vieja Corte que supo ser ejemplo de independencia, rigor y probidad luego de que el presidente Néstor Kirchner terminara con la oprobiosa  "mayoría automática" del menemismo. Huyeron como ratas por tirante el presidente de la Corte Julio Nazareno y sus pares Guillermo López y Adolfo Vázquez, en tanto fueron destituidos Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O´Connor.

Si bien Maqueda había sido nombrado durante el interinato presidencial del senador Eduardo Duhalde -a instancias de su mentor político José Manuel De la Sota-, su bajo perfil le permitió adaptarse y disfrutar del prestigio de los nuevos cortesanos que llegaron para oxigenar el cuerpo: el propio Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Helena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

El alejamiento de Zaffaroni apenas cumplió 75 años -la edad jubilatoria estipulada por ley-, el temprano deceso de Argibay y las renuncias de Carlos Fayt y Highton de Nolasco volvieron a mutar la fisonomía de la cúpula del Poder Judicial, que inició un vertiginoso descenso hacia el descrédito institucional con la llegada de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, cuyo insólito nombramiento por decreto de necesidad y urgencia (DNU) –que aceptaron dócilmente- fue impulsado por Mauricio Macri a días de asumir la Presidencia.

Maqueda cumplirá 75 años en diciembre próximo y, según sus propias declaraciones, se acogerá de inmediato a la jubilación. Después de 22 años en la Corte, es natural que se relaje y disfrute de sus últimas semanas en la cúspide del Poder Judicial concurriendo a ágapes y homenajes como el que le hizo el Colegio de Abogados de Córdoba, que tiene como vicepresidenta a Verónica Garade, una de las favorecidas por el TSJ en un fallo escandaloso que motivó una denuncia penal contra tres de sus miembros.

Sin embargo, llamativamente, a escasos dos meses de irse a su casa, Maqueda se hizo tiempo para sumar su cotizada rúbrica  para que la ajustada nueva mayoría de la Corte confirmara en un fallo vergonzoso -y vergonzante- que en el caso Dalmasso, el proceso judicial más escandaloso y mediático de la historia reciente de Córdoba y el país, el único condenado sea un periodista.

Viva la corporación

Es cuanto menos sugestivo que antes de retirarse Maqueda confirmara la condena contra un periodista de su provincia que supo seguir desde distintos medios de comunicación su empalagosa relación con José Manuel De la Sota, a quien le debe no sólo la jubilación de privilegio que cobrará desde 2025, sino su inesperado –y para muchos inexplicable- protagonismo político en la Argentina del siglo veinte.

Gracias a De la Sota Maqueda fue convencional constituyente municipal, provincial y nacional; diputado provincial, nacional y senador por Córdoba. Y hasta tuvo la osadía de asumir como ministro de Educación de la Provincia, cargo que abandonó sin pena ni gloria apenas su mentor se percató de su nula habilidad para ejercer cargos ejecutivos.

En la Corte siempre mantuvo un bajo perfil, hasta que trascendió el desastre que  provocó su gestión al frente de la obra social del Poder  Judicial, cuyos efectos devastadores están siendo investigados en los tribunales de Comodoro Py. El millonario perjuicio económico provocado por los desmanejos de su sobrina política y su médico personal también fue uno de los puntos salientes del pedido de juicio político que le inició la Comisión ad hoc en el Congreso Nacional.  

Dicen que Maqueda traicionó a  Lorenzetti a cambio de protección. Lo cierto es que su participación fue clave para entronizar a Horacio Rosatti en la presidencia del cuerpo, en una votación de la que participaron solo tres de los cinco integrantes que por entonces tenía la Corte. La misma mayoría automática que -ya sin Highton de Nolasco- permitió clausurar el caso Dalmasso condenando al periodista que más investigó los desaguisados judiciales que allanaron el camino hacia la impunidad.

El dictamen de Abramovich

Víctor Abramovich es un destacado abogado porteño especializado en Derechos Humanos. Es, además procurador general suplente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Interviene en los casos en los que no lo hace el eterno procurador interino Eduardo Casal.

Hace tres años, cuando la Corte Suprema le corrió traslado a la Procuración para que evaluara el recurso de queja interpuesto contra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba -caratulado "Macarrón, Marcelo Eduardo y otros c/Vaca Narvaja, Hernán s/ordinario",-, Abramovich emitió un dictamen que dejó muy mal parados a los vocales de la Sala Civil del TSJ Domingo Sesín, Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc de Arabel.

Además de condenar al director de revista El Sur a indemnizar a los hijos de Marcelo Macarrón, los supremos cordobeses denegaron el recurso extraordinario a la Corte, lo que obligó a  Vaca Narvaja -que había logrado que la Justicia al menos excluyera al viudo/imputado del resarcimiento económico por supuesto daño moral- a recurrir en queja. Tras manifestar su sorpresa por la negativa del TSJ ante una cuestión de interpretación de la Constitución Nacional y los pactos internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la intimidad, Abramovich dictaminó que "el recurso de queja resulta procedente". En otras palabras, que la larga controversia jurídica entre Macarrón y Vaca Narvaja ameritaba -amerita- el análisis y pronunciamiento del máximo tribunal del país.

Caminito

Antes de llegar a la Corte, Vaca Narvaja había logrado revertir al menos parcialmente el brutal fallo de primera instancia dictado por la jueza Rita Frayre de Barbero, que en 2013 lo condenó a indemnizar a la familia Macarrón -el viudo y sus dos hijes- con 150.000 pesos (alrededor de 23 mil dólares) y hacerse cargo además de todos los gastos del proceso, incluido el pago de honorarios a los abogados de Macarrón.

Dos años después, la Cámara Civil integrada por Rosana De Souza, Eduardo Cenzano y María Adriana Godoy confirmó la condena, pero bajó el monto a la mitad: $ 75.000 (alrededor de 7,500 dólares).