"Estamos tranquilos. Nuestra actuación en esa causa fue conforme a derecho y después fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia", dijeron desde la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba cuando esta revista pidió una entrevista con alguno de los supremos denunciados por prevaricato y abuso de autoridad ante la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia.

En realidad, la Corte -al igual que hizo con Vaca Narvaja en el caso Dalmasso- no les dio la razón a los supremos cordobeses, sino que clausuró la discusión aplicando el polémico artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación. Una herramienta monárquica que, como puede apreciarse, los cortesanos usan cotidianamente para sacarse de encima las causas molestas.

El silencio de los tres vocales del TSJ denunciados es parte de la estrategia de no hacer olas ante la gravísima acusación de un productor santafesino al que le impidieron reclamar una deuda millonaria por considerar que había incurrido en mora procesal (perención de instancia), en un fallo que cambió drásticamente la doctrina y la jurisprudencia histórica del propio TSJ.

La tapa de la edición de octubre de esta revista causó un tembladeral en los Tribunales de Córdoba. Como pocas veces hubo llamados de todas las esferas del poder –no sólo judicial- solicitando ejemplares.

El impacto fue tal que, sugestivamente, el caso también llegó a la cúspide del Poder Judicial de la Nación. Tras seis años de espera y con la expectativa de un dictamen favorable del procurador general Víctor Abramovich, la Corte Suprema sorprendió la última semana de octubre con un fallo que rechaza el recurso en queja entablado por esta revista contra la sentencia del TSJ que condenó a su director a indemnizar a los hijos de Marcelo Macarrón por su cobertura periodística del caso Dalmasso, reconocida y respetada por propios y extraños por su rigor informativo.

Las brujas no existen... pero que las hay...

La aplicación del polémico artículo 280 en ambos casos tuvo algunas diferencias. En el caso de la cuestionada actuación de Sesín, Cáceres y Angulo, fue casi inmediato. Un dato significativo fue que Lorenzetti se diferenció de sus colegas: "Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma (el art. 280) no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida".

¿Por qué están tan tranquilos entonces los supremos cordobeses denunciados?

En el caso de Vaca Narvaja –en el que Lorenzetti directamente no votó-, la Corte demoró casi seis años en aplicar el art. 280 y cuando lo hizo ignoró el dictamen del  procurador general Víctor Abramovich, que pidió revertir la condena  impuesta por el TSJ al director de esta revista.

La asombrosa coincidencia temporal entre la publicación de la denuncia contra el TSJ y el fallo de la Corte en el caso Dalmasso tienen como denominador común a Maqueda, el supremo cordobés que antes de pasar a vida pasiva sumó su voto al de Rosatti y Rosenkranz -los dos supremos que entraron por la ventana durante la gestión de Mauricio Macri- para dejar firme la condena al director de esta revista. O al revés: con su voto, Rosenkranz y Rosatti le permitieron a Maqueda cerrar un reclamo judicial  que dejaba muy mal parados a sus colegas del TSJ.

Las brujas  no existen... pero que las hay...

Más que prudencia

El fiscal Franco Mondino recibió la denuncia contra el TSJ en la Fiscalía Anticorrupción, que no suele alimentar las estadísticas oficiales con funcionarios condenados por hechos de corrupción, sino más bien lo contrario.

Al primer llamado de El Sur Mondino, sorprendido, le cortó el teléfono al periodista que lo contactó. Ante la insistencia de esta revista días después, se limitó a confirmar la recepción de la denuncia y puso paños fríos a las expectativas del periodismo:

- Estamos haciendo una investigación preliminar, jurisdiccional, porque al estar involucrados los vocales del Tribunal Superior de Justicia, la causa la llevará adelante el juez de control-, explicó. No arriesgó tiempos ni dio mayores precisiones, pero rechazó con llamativa celeridad la pretensión de los denunciantes de constituirse como querellantes en la causa.

Nueva prueba

A través de sus abogados Esteban Albarenque y Carlos Trebucq, el productor santafesino Tomás González aportó nueva prueba a la causa que instruye el fiscal Mondino. Concretamente, adjuntó el contenido de un fallo del TSJ firmado por los tres denunciados -Sesín, Cáceres y Angulo- que, después de haber clausurado el reclamo de González, volvieron graciosamente y sin ningún pudor a la vieja jurisprudencia del cuerpo.

Los denunciantes precisan que "el nuevo auto interlocutorio N° 256 de fecha 6/12/2023 lleva la firma de los Dres. Sesín, Cáceres de Bollati y Angulo, y fue dictado unos meses después a las resoluciones del caso Sr. González".

"Es claro que (el fallo) vuelve a la postura originaria (del TSJ). Este nuevo decisorio confirma que no hubo un cambio de criterio en los asuntos del Sr. González y TVF SA, sino que las resoluciones en A.Is. N° 219/2020 y 237/2022 contradicen toda la jurisprudencia (anterior y posterior) de esta sala civil del TSJ y resultarían un traje a medida para el caso, hasta con ribetes de escándalo", advierten los letrados en su nueva presentación ante la Fiscalía Anticorrupción.

También recuerdan que el cambio de postura del TSJ implicó un perjuicio económico para González de más u$s 1.100.000 con sus intereses, más los gastos en el proceso realizados (tasa, caja, colegio, diligencias, etc…) y eventuales honorarios de los abogados Ivanisevich María Soledad y Liebau Gustavo, quienes ya han presentado Incidente de regulación de los mismos, por una suma aproximada a los $ 270.000.000 de pesos argentinos".

Gustavo Libeau es el mismo abogado que llevó adelante la causa de los Macarrón contra esta revista y el que fiscalizó el cobro de la indemnización que se pagó a los hermanitos Macarrón, que pese a ser advertidos de que esta revista apelaría la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, al otro día retiraron el dinero depositado, con el aval de la jueza.

Las brujas no existen... pero que las hay...

aSESIName

Ni Domigno Sesín, ni Cáceres de Bollati ni Angulo quisieron atender a esta revista para dar sus argumentos sobre la grave denuncia que pesa sobre ellos.

Tampoco dieron explicaciones cuando, en plena pandemia del Covid 19, decidieron vacunarse antes que el resto de los mortales. El vacunatorio VIP del TSJ, por supuesto, no tuvo la misma repercusión que le costó la carrera al entonces ministro de Salud Ginés González, uno de los grandes sanitaristas que dio el sistema de salud pública en Argentina.

Tampoco dieron explicaciones cuando esta revista publicó que Cáceres de Bollati entregó uno de los polémicos autos confiscados por la Justicia a su hermana, que trabaja en una clínica privada. El sistema de prebendas terminó tras el escándalo protagonizado por otro de los beneficiarios, el ex todopoderoso Oscar González, que en estos días deberá comparecer en Tribunales para afrontar el juicio oral y público como responsables del homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la muerte de una maestra  y las gravísimas lesiones producidas a las dos adolescentes –su hija y una amiga- que iban en el auto.

Gracias al factor Maqueda, a los buenos oficios del asesor estrella del TSJ Germán Garavarno y  a los contactos entre el inminente jubilado Maqueda y quien alguna vez pretendió acompañarlo -Sesín fue propuesto en su segundo mandato por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ocupar un sitial en la Corte-, el TSJ cerró dos casos que lo comprometían y alimentó las sospechas de parcialidad y connivencia con los poderosos.